Desapariciones en México: la negación como política de Estado

México no solo enfrenta una crisis de desapariciones: en los últimos días ha quedado claro que también enfrenta otra, igual de grave: la negación institucional de esa tragedia.

María Emilia Molina de la Puente

México no solo enfrenta una crisis de desapariciones. En los últimos días ha quedado claro que también enfrenta otra, igual de grave: la negación institucional de esa tragedia.

El reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas no es menor. No es una observación rutinaria. Es una señal de alarma extraordinaria: el Comité ha solicitado que la situación de México sea llevada a consideración de la Asamblea General.

Ese paso es excepcional. Y absolutamente grave.

Implica que, a juicio de un órgano especializado, la crisis mexicana ha rebasado los mecanismos ordinarios de supervisión internacional.

Frente a ello, cabría esperar una respuesta de Estado.

Pero lo que vimos fue otra cosa: rechazo, descalificación y una defensa basada en “avances”.

Y ahí empieza –o, mejor dicho, se agudiza– el problema.

Porque México no llega a este momento por casualidad.

Llega tras años de tensiones entre verdad y narrativa.

Uno de los episodios más reveladores ocurrió con la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.

Karla no solo era una funcionaria: era una de las pocas autoridades con credibilidad técnica en un tema devastador. Bajo su gestión se construyeron metodologías, bases de datos y esfuerzos serios para enfrentar la crisis. Sin duda representaba algo escaso en este tema: rigor técnico, evidencia y construcción institucional. Pero eso resultó incompatible con la lógica política del régimen.

Cuando las cifras oficiales comenzaron a reflejar la magnitud real de la tragedia –más de 112 mil personas desaparecidas–, se impulsó desde el poder un nuevo “censo” que, lejos de fortalecer el registro, buscaba reconfigurarlo.

No era un ajuste técnico ni una discusión metodológica.

Era una disputa por la narrativa. La propia Karla Quintana lo advirtió: el nuevo ejercicio tenía como objetivo reducir la cifra oficial de personas desaparecidas.

Frente a ello, la Comisionada Quintana renunció.

Las metodologías comenzaron a desplazarse de instancias especializadas a dependencias sin experiencia en búsqueda. Se introdujeron criterios que permiten dar de baja registros con simples “indicios” de localización o por errores administrativos. El resultado no es –ni busca serlo– técnico, es político.

La salida de Karla Quintana no fue algo menor, fue una ruptura entre la evidencia y el poder. Diversas investigaciones documentaron que la instrucción presidencial de “actualizar” el registro contribuyó directamente a su renuncia, en un contexto donde el objetivo era reducir las propias cifras oficiales y “desaparecer a los desaparecidos”.

Y lo que ocurrió después es totalmente revelador: mientras en México su trabajo resultaba incómodo, la comunidad internacional la reconoció como una de las voces más autorizadas en la materia, en 2024 la ONU la nombró titular de la Institución Independiente sobre las Personas Desaparecidas en Siria.

Se trata de uno de los mecanismos más relevantes del sistema internacional para esclarecer desapariciones en contextos de conflicto armado.

Ese contraste es brutal, dice mucho más que cualquier discurso.

Sin embargo,  lejos de corregir el rumbo, la política pública en México parece haber profundizadoesa lógica.

Se insiste en la revisión y ajuste de cifras. Se cuestionan los registros, Se generan procesos que organizaciones y especialistas han señalado como opacos o revictimizantes. 

Se cuestiona la dimensión del problema.

Y, más grave aún, se empieza a disputar el propio significado jurídico de la desaparición forzada.

El comunicado del Estado mexicano frente al Comité de la ONU insiste en una lectura restrictiva: que muchas desapariciones no pueden considerarse forzadas porque no son cometidas directamente por agentes del Estado. La respuesta vuelve a ser la misma: negar.

Pero el propio Comité fue contundente al responder:

• Ha recibido información fundamentada que apunta a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.

Esa palabra –aquiescencia– no es menor.

Significa tolerancia, consentimiento implícito, permisividad estatal.

Es decir: el Estado no necesita ejecutar directamente la desaparición para ser responsable. Basta con que la permita, la tolere o no actúe para impedirla en contextos donde tiene el deber de hacerlo.

Y aún más: el propio Comité recordó que, conforme al derecho internacional –incluido el Estatuto de Roma–, las desapariciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad incluso cuando son cometidas por organizaciones no estatales, si forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Esto desmonta, jurídicamente, la narrativa oficial.

Sin embargo, esa narrativa no solo persiste: se reproduce.

Incluso desde espacios que deberían ser contrapeso.

Recientemente, desde la nueva integración de la Corte, una ministra retomó una definición de desaparición forzada alineada con esta visión restrictiva, que excluye formas de participación estatal reconocidas ampliamente en el derecho internacional.

No es un detalle técnico.

Es un síntoma.

Cuando el estándar se reduce, también se reduce la responsabilidad.

Y cuando se reduce la responsabilidad, se amplía la impunidad.

Se dice que el informe de la ONU omite avances.

Pero en materia de desapariciones, los avances no se miden en discursos ni en rediseños administrativos.

Se miden en personas encontradas.

En familias que obtienen verdad.

En responsables sancionados.

En políticas públicas efectivas que eliminen la ejecución de nuevas desapariciones.

Y ahí, México sigue fallando.

Más de 100 mil personas desaparecidas.

Y esa cifra –oficial– tampoco alcanza a reflejar la realidad.

Hay miles de casos que nunca se denuncian.

Por miedo.

Por desconfianza.

Por ausencia total de condiciones para hacerlo.

La desaparición en México no solo borra cuerpos.

Borra registros.

Borra evidencias.

Borra responsabilidades.

Y ahora, también intenta borrar definiciones.

Si algo demuestra el caso de Karla Quintana es que el problema no es solo la violencia.

Es la forma en que el Estado decide narrarla.

Cuando la evidencia se sustituye por narrativa, la verdad se vuelve negociable.

Y cuando la verdad se vuelve negociable, las víctimas quedan desprotegidas.

Había quien pensaba que este rumbo podía corregirse.

Que la Presidenta abriría una etapa distinta.

Pero los hechos recientes –el manejo de cifras, la disputa sobre definiciones, la respuesta al Comité de la ONU– apuntan en sentido contrario.

Persisten las dudas sobre la consistencia de las cifras Se insiste en lecturas que minimizan la crisis. Y la respuesta al Comité de la ONU no abre diálogo: lo cancela.

No hay ruptura.

Hay continuidad.

Y en algunos aspectos, profundización.

Cuestionar en el discurso público la propia definición de desaparición forzada, diluyendo su alcance y, con ello, la responsabilidad estatal, no es un debate gramatical o técnico, es un retroceso.

Negar es una forma de desaparecer.

Desaparecer el problema del debate público. Desaparecer a las víctimas del centro de la política pública. Desaparecer la responsabilidad estatal bajo el discurso del “avance”.

Cuando el Estado niega la magnitud de una crisis, renuncia a resolverla.

Mientras tanto, en el país real, la búsqueda sigue en manos de las víctimas.

Madres con picos y palas.

Colectivos que hacen trabajo forense.

Familias que investigan lo que el Estado no investiga.

En México, la búsqueda de personas desaparecidas se ha privatizado en el dolor.

La solicitud del Comité de la ONU debería entenderse como lo que es: una llamada de atención internacional de máximo nivel.

Pero también como una oportunidad.

Una oportunidad para reconocer la crisis sin matices. Para reconstruir políticas públicas con base en evidencia. Para devolver centralidad a las víctimas.

Sin embargo, la respuesta oficial ha sido otra.

Más que escuchar, confronta.

Más que reconocer, niega.

Más que corregir, insiste.

Las desapariciones forzadas no son solo un problema de seguridad.

Son la negación absoluta del Estado de derecho.

Y cuando el Estado no solo falla en prevenirlas o investigarlas, sino que además niega su magnitud –o redefine sus alcances para reducir su responsabilidad–, lo que está en juego es mucho más que una política pública.

Es la credibilidad misma del Estado.

Hoy México está siendo observado por la comunidad internacional no por sus discursos, sino por sus omisiones.

Y la pregunta es inevitable: ¿qué ocurre cuando un país no solo no encuentra a sus desaparecidos, sino que empieza a desaparecer también la verdad jurídica sobre ellos?

Porque en México, hoy, desaparecer no solo es un crimen. Es una forma de gobierno.

Una política que no solo permite que las personas desaparezcan, sino que también borra sus rastros, sus cifras y hasta su significado jurídico.

Y cuando un Estado llega a ese punto, ya no solo falla.

Se vuelve cómplice.