Rubén Rocha y los asesores que “devoran” el poder estatal
Álvaro Aragón Ayala
Casi al cierre de su cuarto mes de funciones, un análisis serio refleja que Rubén Rocha Moya requiere más allá de los votos y las peroratas, legitimizar su gobierno con un golpe contundente contra la corrupción de las administraciones anteriores, afianzar sus alianzas internas y externas y reorientar su discurso para no trascender como un dictador e impedir una “desestabilización mediática” que pudiera devenir en el linchamiento público de su gobierno.
Exactamente, Rocha Moya debe dejar muy en claro en privado y en público que es él y nadie más que él quien manda en el Tercer Piso y que es él quien dicta las políticas administrativas y de gobierno, pero sin erosionar la imagen de sus colaboradores para no ofrecer lecturas intolerancia ni de pleitos o inestabilidad interna en su gabinete que pudieran alimentar los proyectos de sus incalculables enemigos políticos.
Quizá por falta de información precisa, el gobernador no ha aquilatado el peso o las consecuencias de depositar o concentrar de manera excesiva el ejercicio del poder en el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, quien si bien trasluce como su principal asesor, está vinculado a los intereses tejidos durante toda una vida, más, mucho más de 12 años, en el Supremo Tribunal de Justicia, del que fue titular por una “jugada comprensible” del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, uno de los interesados en instituirse en el poder atrás del trono en Sinaloa.
El dúo Enrique Inzunza-Aguilar Padilla estaría maniobrando para tomar por asalto todas las estructuras claves del gobierno de Rubén Rocha rumbo al 2024, sacudiéndose, con “asesorías perversas” y rumores de mala leche, a quienes consideran sus rivales políticos o una amenaza para que ellos ejerzan el poder a plenitud. La parte fundamental en la toma de decisiones y del discurso de todo mandatario estatal, tiene su origen en sus asesores principales.
Inzunza y Aguilar controlan el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia e importantes áreas del gobierno de Rocha Moya, lo cual constituye un riesgo para la gobernabilidad dado que los “huevos fueron colocados en una sola canasta”. Quienes pensaban que Enrique Inzunza había reorientado su actitud, se equivocaron: sigue ejerciendo el mazo en sus relaciones con los secretarios, subsecretarios y directores de área.
Para legitimizarse y mandar la señal de que el gobierno de la Cuarta Transformación es distinto a los gobiernos del PRI y del PAN, Rubén Rocha Moya está obligado a “golpear la mesa” o dar un golpe de timón, no apareándose con la clase política del PRI o del PAN, sino abriéndoles proceso a ex gobernadores corruptos: la impunidad que goza Quirino Ordaz Coppel es mala señal para un gobierno que se comprometió a luchar contra la corrupción y la impunidad.
Por razones que los más conspicuos morenistas no logran aun explicarse, Rocha Moya cedió espacios a gente plenamente identificada con Quirino Ordaz Coppel, cuyas corruptelas están a la vista. Los operadores del mandatario se encargaron de otorgar la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Congreso Local al diputado Sergio Mario Arredondo Salas, yerno de Jesús Aguilar Padilla, y alfil del Quirino Ordaz Coppel.
El gobierno de Rubén Rocha Moya requiere afianzar sus pactos internos o externas. La oratoria de los últimos días ofrece la idea de que intenta desvincularse del PAS, partido que le dio coherencia a la campaña de Morena-Rocha rumbo al gobierno de Sinaloa. La alianza PAS-Morena fue un éxito electoral y lo llevó al gobierno estatal. Frisar un discurso de defección tensa las relaciones y pudieran provocar un choque político de consecuencias inimaginables.
De cara a sus múltiples enemigos derrotados en la contienda electoral pasada y que están al acecho para aprovechar los errores y las debilidades del gobierno estatal para seguir denostándolo con el cuento del “narco gobierno”, el discurso de Rocha Moya exige la mesura y el llamado al trabajo y la unidad, no a la inhibición ni a la conducción de la robotización de los integrantes de su gabinete. Es imprudente mandar la señal de la intolerancia o del regaño o público. Un gabinete aspiracionista es básico para inyectarle dinamismo a las tareas de gobierno.
Los opositores sopesan no tanto las fortalezas, sino las debilidades del gobierno de Rocha Moya para ver por donde entrarle y una de sus “fragilidades” la localizan en su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, el jurista aprendiz de político que “orienta”, dicen, el discurso y la conducta del mandatario estatal, guía que lo pudiera llevar a cometer errores catastróficos. Otras de sus flaquezas lo sería su cercanía con el ex gobernador Jesús Aguilar Padilla y la falta de acción contra Quirino Ordaz Coppel, símbolo de la corrupción priista en Sinaloa.
Los problemas que enfrenta Rubén Rocha van in crescendo. Hay conflictos internos en la SEPyC, con la Sección 27 y la Sección 53 del SNTE, en el Conalep, en la Fiscalía General, en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, en el sistema penitenciario estatal; el desempleo cabalga de nuevo, los sectores agrícolas, ganaderos y pesqueros exigen pronta atención no discursos, la inseguridad y la criminalidad va al alza, el narcotráfico domina amplios territorios de Sinaloa y se mantienen fricciones con los alcaldes de Culiacán y Mazatlán, etcétera.
El análisis concluye que Rocha Moya, pese a lo que digan sus asesores de cabecera, no tiene razones para alterar sus relaciones políticas e institucionales con quienes le demuestran lealtad mucho menos abrir frentes de ataques o generar conflictos en donde no los hay y de que necesita emprender acciones para combatir la corrupción y fortalecer sus alianzas para asegurar la estabilidad de su gobierno y prepararse para la asonada política electoral que se vendrá contra su administración entre el 2023 y el 2024.
