Inacción y versiones contradictorias acusan pescadores tras desastre ambiental en el Golfo de México
Más de 630 km de litoral en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas permanecen contaminados por hidrocarburo, afectando la economía de comunidades costeras, que enfrentan suspensión de la pesca, falta de indemnizaciones y dudas sobre el origen del derrame.
Flavia Morales
A más de 20 días de la llegada de restos de hidrocarburo al Golfo de México y su arribo a las playas de Veracruz, la pesca en lagunas permanece suspendida, no hay indemnizaciones y tampoco certeza sobre el origen del desastre ambiental, que —de acuerdo con comunidades y organizaciones— abarca más de 630 kilómetros de litoral entre Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.
Además de cuestionar la versión que han dado autoridades como la Secretaría del Medio Ambiente, la Marina y el propio Pemex sobre el origen de la mancha de hidrocarburo, organizaciones y comunidades se organizaron para las acciones de limpieza y para proceder con denuncias formales ante diversas instancias.
Comunidades costeras y pescadores continúan en la incertidumbre. No saben si el crudo seguirá llegando durante el periodo vacacional de Semana Santa y aún se desconocen los impactos reales en la fauna silvestre y en ecosistemas clave, lo que incrementa la preocupación en la región.
Entre los principales riesgos destacan posibles afectaciones a los arrecifes de coral del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, así como a los manglares de la Laguna del Ostión, los manatíes —especies bioindicadoras de la salud ambiental— y las tortugas marinas, cuyas zonas de anidación se ubican en varias de las playas contaminadas.
A partir del mapeo, la red que integra a las comunidades afectadas ha exigido a las autoridades declarar zonas de emergencia ambiental y ejecutar acciones inmediatas de contención, limpieza y restauración de los ecosistemas afectados.
Las organizaciones también pidieron implementar planes de acción a corto y mediano plazo para mitigar los daños y recuperar los ecosistemas.
La exigencia también es garantizar una indemnización real para las comunidades afectadas, que hasta ahora enfrentan pérdidas económicas y afectaciones en sus actividades productivas.
Las manchas de chapopote comenzaron a aparecer a inicios de marzo en playas de Pajapan, municipio indígena del sur del estado, y posteriormente se extendieron por la región hasta alcanzar el norte, cubriendo prácticamente todo el litoral veracruzano.
Según datos ciudadanos de la Red del Corredor Arrecifal, se han identificado al menos 52 puntos con presencia de hidrocarburo a lo largo de la costa y continúan llegando rastros de chapopote arrastrados por las corrientes marinas.
Origen del derrame, en duda
El origen y los responsables del derrame siguen sin aclararse, en medio de versiones oficiales contradictorias y que son puestas en duda por expertos y organizaciones civiles.
La Secretaría de Marina (Semar) informó que existen tres posibles fuentes del derrame: un buque que habría realizado un vertimiento en inmediaciones de Coatzacoalcos, emanaciones naturales de chapopote a cinco millas de ese puerto y filtraciones en la zona de Cantarell, en la Sonda de Campeche.
Sin embargo, la dependencia reconoció que no se ha podido identificar con precisión la embarcación responsable, lo que mantiene la incertidumbre.
Días antes, el 12 de marzo, la gobernadora Rocío Nahle aseguró que el derrame no se originó en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino en un barco de una empresa privada que operaba frente a costas de Tabasco.
Explicó que se realizaron recorridos marítimos y análisis satelitales para determinar el origen: “Durante cinco o seis días barcos especializados recorrieron más de 500 kilómetros y se tomaron muestras satelitales para detectar de dónde venía la mancha”.
No obstante, esta versión fue posteriormente matizada por la Marina, lo que ha generado dudas sobre la información oficial.
En contraste, organizaciones civiles como la Alianza Mexicana contra el Fracking, que han analizado imágenes satelitales, sostienen que el derrame podría haberse originado desde principios de febrero, y no por causas naturales.
De acuerdo con estos análisis, la mancha habría iniciado entre el 11 y el 17 de febrero, cerca de una embarcación próxima a la plataforma Abkatún, frente a las costas de Campeche, alcanzando hasta 50 kilómetros cuadrados, equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.
Además, señalaron que desde el 13 de febrero ya se observaban maniobras de contención con al menos cinco embarcaciones, lo que indicaría conocimiento previo del incidente.
El derrame continuó activo varios días y posteriormente se dispersó por corrientes marinas y condiciones meteorológicas, lo que facilitó su llegada a costas de Tabasco y Veracruz.
Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza y de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio Huasteca-Totonacapan, cuestionó la versión oficial que atribuye el derrame a chapopoteras naturales: “No puede ser que una mancha de aproximadamente 50 kilómetros cuadrados haya sido generada por chapopoteras”.
La especialista señaló que estos fenómenos existen desde hace siglos y no habían generado eventos de tal magnitud. “Las chapopoteras tienen siglos existiendo y nunca habíamos visto algo de este tamaño. Eso debe cuestionarse”, sostiene.
Jiménez alerta que la información oficial ha sido inconsistente y ha generado más dudas que certezas: “Lejos de aclarar, las versiones oficiales han dejado más preguntas. Hay poca transparencia sobre el origen del derrame y eso impide definir responsabilidades”.
También cuestiona que la Marina no mencionó el derrame frente a las costas de Campeche, lo que debe aclarar.
La activista considera que este derrame no es un hecho aislado, sino parte de una problemática recurrente en el sector energético. “No es un hecho aislado. Venimos de fugas, explosiones y derrames constantes. Es un problema estructural que no se está atendiendo”.
Situación crítica
Alberto Martínez, representante de pescadores libres del municipio de Pajapan, confirmó que la pesca en la Laguna del Ostión —de la que dependen cientos de familias— se encuentra suspendida, ante la falta de certeza sobre la calidad del agua tras la contaminación.
“Nos dijeron que no pueden dar la orden hasta que salubridad confirme que ya se puede pescar y comercializar”, explica en entrevista.
El pescador advierte que la contaminación también ha impactado zonas de manglar, lo que agrava la situación ambiental y económica en la región.
En este ecosistema se encuentran especies de mangle rojo, negro y blanco, además de fauna como el cangrejo peludo y el cangrejo azul —protegido por la NOM-059—, así como aves migratorias y nutrias en los ríos afluentes.
La Laguna del Ostión es clave para la economía local. Antes del derrame, un pescador podía obtener entre 300 y 400 pesos diarios, ingresos que hoy han desaparecido: “La gente vive al día. Ahora tienen que buscar otras actividades, como el campo, porque de la pesca ya no se puede vivir”, señala Martínez.
Dice que el impacto no se limita a quienes se dedican directamente a la pesca: “No sólo son los pescadores, es toda una cadena: el que vende, el que compra, el que transporta. Todos estamos afectados”.
Aunque el gobierno federal anunció apoyos para el sector pesquero, no todos los afectados han sido considerados.
El representante indica que en el municipio existen alrededor de 2 mil pescadores libres, quienes no están registrados en cooperativas y, por tanto, quedaron fuera de los programas oficiales.
En la cabecera municipal, explica, sólo unas cuantas familias pertenecen a cooperativas, mientras que la mayoría opera de manera independiente: “Sólo a los pescadores de cooperativas les adelantaron el Bienpesca con un apoyo adicional de 4 mil pesos, pero los pescadores libres, laguneros, vendedoras de mariscos y quienes viven del turismo no han recibido nada y quedaron fuera de todo”.
Limpieza parcial
La limpieza del chapopote en las playas de Veracruz y Tabasco se ha realizado de manera parcial y con irregularidades, según denunciaron pobladores y pescadores de la zona.
Para las labores, Petróleos Mexicanos (Pemex) contrató a las empresas Maya y Grumexa, las cuales a su vez emplearon a pescadores y habitantes locales; sin embargo, algunos trabajadores no han recibido pago y denuncian condiciones inseguras.
Además, señalan que los residuos recolectados han sido dejados a un costado de las playas, sin claridad sobre su destino final ni su procesamiento.
Aunque la Secretaría de Marina reportó la recuperación de 430 toneladas de hidrocarburo en ambos estados, pobladores cuestionan la efectividad de las acciones.
“Levantaron el material, pero lo dejaron ahí mismo. No tiene sentido, el residuo sigue en la zona y hasta hoy no hay reporte de que lo hayan retirado completamente”, señala un pescador de la zona.
Casimiro Fermín Morales, pescador y quien participó en las labores de limpieza, acusa que trabajaron sin garantías básicas: “Nosotros fuimos contratados por la empresa y los días trabajados hasta el momento no se nos han pagado. Trabajamos sin botas, sin guantes, sin overol, sin nada de protección”.
Habitantes y prestadores de servicios señalaron que la limpieza se ha concentrado en playas turísticas, mientras que otras áreas permanecen sin atención.
Celio Hernández, del centro ecoturístico de Los Arrecifes en el municipio de Mecayapan, advierte que la falta de intervención agrava el impacto ambiental y económico.
“Hay playas donde no se ha hecho ningún trabajo. Tenemos kilómetros de litoral sin limpieza y eso nos afecta mucho, sobre todo al turismo”. Dice que las afectaciones no se limitan al sector pesquero, sino que también impactan al turismo y a las actividades de conservación en la región.
Fauna afectada
A pesar de la presencia de hidrocarburo en costas de Veracruz, autoridades han descartado declarar una emergencia ambiental y han sostenido que el derrame está controlado, que las playas estarán limpias para Semana Santa y que no hay evidencia de fauna afectada.
La gobernadora Rocío Nahle descartó los reportes difundidos por comunidades y en redes sociales sobre la muerte de tortugas, aves y delfines.
Incluso afirmó que sólo se tenía registro de “una tortuga revolcada” por petróleo que posteriormente fue devuelta al mar. Esta postura fue respaldada por el procurador ambiental, Ángel Carrizales, quien aseguró no haber recibido notificaciones formales sobre fauna muerta.
La Red del Corredor Arrecifal —integrada por comunidades y decenas de organizaciones ambientales— advierte que la situación representa una emergencia ambiental, especialmente por su cercanía con el inicio de la temporada de anidación de tortugas marinas.
En la región de Los Tuxtlas, al sur de Veracruz, arriban cinco especies (laúd, verde, caguama, carey y lora), algunas de ellas clasificadas en peligro de extinción.
Pablo César Trinidad, representante de la red de campamentos tortugueros en Los Tuxtlas, señala en entrevista para Proceso que ya se han documentado afectaciones directas: “Tenemos registro de dos tortugas muertas en Arrecifes, tres en Puntilla y una más que fue rescatada tras estar cubierta de chapopote”.
Advierte que uno de los principales riesgos es que el hidrocarburo queda enterrado en la arena, lo que dificulta su retiro y afecta directamente a los nidos.
La red está conformada por nueve campamentos, de los cuales ocho se ubican dentro de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, cubriendo entre 80 y 90 kilómetros de litoral. En esta zona, el año pasado se registraron más de 3 mil nidadas de tortugas, lo que la convierte en un punto clave para la conservación.
A semanas del inicio de la anidación, previsto a partir de abril, los campamentos enfrentan incertidumbre sobre el impacto del derrame. “No sabemos cómo se va a comportar la temporada. Esperábamos un buen año, pero ahora todo está en duda”, dice Trinidad.
Afirma que las evidencias del petróleo en playas han sido documentadas y georreferenciadas para sustentar la magnitud del problema y pide ayuda para la limpieza en las playas: “Esto es real, no es un cuento. Tenemos evidencia y la seguimos recabando”.
Comunidades preparan denuncias
Ante el derrame de hidrocarburo, comunidades del municipio de Pajapan iniciaron un proceso de denuncias por las afectaciones, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño.
El abogado del organismo, Ramón García, explica que estas acciones forman parte de un proceso colectivo acordado por las propias comunidades: “Las denuncias no se presentan de manera individual, sino como comunidades. Primero hay un proceso de acuerdos en las localidades y a partir de ahí se decide actuar”.
Las denuncias fueron dirigidas a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), instancia federal encargada de atender este tipo de casos. “Hemos mandado las denuncias por correo certificado a la Ciudad de México, que es la única ventanilla en el país para estos casos”.
El abogado detalla que en esta primera etapa participan varias localidades del municipio de Pajapan como Benito Juárez, Pesca, Mangán, Nuevo Mangán, Palma Real, Baltazapan, Tecolapán y San Juan Volador, entre otras”. Y se sumarán más municipios en las próximas semanas.
Uno de los principales objetivos de estas acciones legales es determinar el origen del derrame y deslindar responsabilidades: “Necesitamos saber el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos para poder conocer quién es el responsable”, explica.
En medio de la emergencia por el derrame de hidrocarburo, son las propias comunidades quienes se han organizado para intentar paliar la situación, a través del colectivo de la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México.
Junto con pobladores afectados, la red lanzó un mapeo ciudadano para documentar las afectaciones en costas de Veracruz y Tabasco, con el fin de visibilizar la magnitud del daño ambiental.
La iniciativa recopila reportes sobre manchas de petróleo y fauna afectada en playas, lagunas y zonas marinas, y se apoya en un mapa digital interactivo que permite ubicar las áreas con mayor impacto y dar seguimiento a la expansión del hidrocarburo.
