Informe CIDH: madres buscadoras en pie de lucha
Mario Patrón
Como cada 10 de mayo desde hace década y media, colectivos de madres buscadoras salieron a las calles de muchas ciudades para recordar a la sociedad y al Estado Mexicano que en muchos hogares este día no es de celebración, sino de reivindicación y lucha frente a una institucionalidad que ha sido ineficaz para dar con el paradero de más de 134 mil personas desaparecidas en el país, e incapaz también de garantizar verdad y justicia.
En este marco, el pasado 11 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el informe Desaparición de Personas en México, documento que actualiza el diagnóstico de esta grave dimensión de la realidad nacional, en el que se asevera de manera contundente que la desaparición de personas en México constituye una grave crisis humanitaria porque es generalizada, indiscriminada y ocurre en un marco de impunidad.
Esta afirmación ocurre también en el contexto de la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, activación que supone la calificación de la crisis de desaparición en el país como una de carácter generalizado y sistemático, y que la pone en un lugar de especial consideración por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El informe de la CIDH representa un respaldo a la lucha de las miles de madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas que día con día buscan a sus seres queridos con picos y palas, remplazando las obligaciones del Estado en contextos de alta vulnerabilidad, violencia e impunidad. De ahí que el informe dé un lugar especial a la reivindicación de la debida centralidad de las víctimas y sus familias.
A modo de síntesis, el informe subraya que la desaparición es un fenómeno indiscriminado, pues cualquier persona puede ser víctima, si bien se identifica una alta concentración de desapariciones en hombres jóvenes y niñas y adolescentes por motivos de reclutamiento forzado y trata de personas, respectivamente. Se enfatiza también con preocupación el notable subregistro de personas migrantes desaparecidas, el irrespeto a la identidad de género en casos asociados con la población LGBTQ+ y el ataque a las labores de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Por otra parte, en cuanto a la labor de atención de los casos de desaparición, se denuncia que la respuesta del Estado ha sido reactiva y tardía, y que existe una carencia de medidas concretas, verificables y evaluables que permitan reducir efectivamente el riesgo de desaparición para la población. En nuestro país, denunciar sigue generando miedo, pues las instituciones criminalizan y culpabilizan a las víctimas.
El predominio de la impunidad en el sistema de justicia del país termina por coronar la situación de ausencia del Estado en la atención integral de la crisis.
Por ello, el informe llama con urgencia a recuperar la centralidad de las víctimas sin omitir que la investigación y búsqueda son obligaciones propias del Estado.
Urge también a mejorar la eficiencia y agilidad de los procesos institucionales, incrementar la efectividad de los equipos de trabajo y aumentar sustantivamente la coordinación interinstitucional. Asimismo, resalta la importancia del fortalecimiento de mecanismos y herramientas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, o la reactivación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, entre otras acciones que ayuden a fortalecer las capacidades para la identificación de los más de 70 mil cuerpos en posesión del Estado, de acuerdo a conteos independientes recuperados por la CIDH.
El informe llega para constatar, una vez más, que la desaparición de personas en México tendría que ser un asunto de urgente y prioritaria atención para el Estado Mexicano, que debería resolver especialmente los serios problemas de eficacia que guarda la estructura normativa e institucional de nuestro país. Tal como lo testimonió Bibiana Efigenia Mendoza, del colectivo “Hasta encontrarte”, en la presentación del informe, los canales de diálogo del gobierno de México han permanecido cerrados mientras las madres buscadoras se exponen a la violencia y vulneraciones a la salud debido los riesgos y el sufrimiento implícito de buscar día con día a sus seres queridos en condiciones de abandono institucional y violencia generalizada.
Mientras el Estado niegue la gravedad de la crisis y se cierre al diálogo con las víctimas, las madres buscadoras seguirán subrayando con su cotidiana lucha el fracaso institucional en la protección de derechos humanos, a la vez que siendo ejemplo vivo de la resiliencia de la dignidad humana en entornos donde predomina la injusticia.
