CIDH emplaza al Estado mexicano a responder petición contra reforma judicial; analizará ‘urgencia y gravedad’ del caso
Juan Omar Fierro
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a un grupo de 65 personas juzgadoras que el Estado mexicano ha sido formalmente emplazado para responder en un plazo máximo de cuatro meses a la petición presentada por jueces, juezas, magistrados y magistradas en contra de la reforma judicial.
En un oficio fechado el pasado 19 de marzo, la CIDH señala que también analiza resolver la admisibilidad y el fondo del asunto en un mismo laudo o documento, lo que implica que ese organismo analice la posibilidad de dar al caso un tratamiento grave y urgente, debido al atraso procesal que presenta y a las graves afectaciones denunciadas por los juzgadores mexicanos con la aplicación de la reforma y la elección judicial celebrada en junio del 2025.
De acuerdo con la resolución 1/16 de la CIDH sobre medidas cautelares, resolver en un mismo fallo judicial la admisibilidad y el fondo de una impugnación es procedente cuando las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son graves y la respuesta a las peticiones tienen el carácter de urgente.
Una razón adicional para que el caso se resuelva de fondo en un fallo conjunto es permitir que este no sea imposible de aplicar en el país denunciado y para que las autoridades señaladas revisen sus determinaciones previas sobre la petición antes de que sean definitivas e irreversibles.
La posibilidad de que el fondo del asunto se resuelva de forma conjunta con la admisibilidad se tomará un vez que el Estado mexicano responda a la petición presentada por los 65 juzgadores y juzgadoras federales, es decir, hasta que la CIDH tenga en su poder los argumentos de ambas partes sobre las presuntas violaciones a derechos humanos que se cometieron con la aprobación e implementación de la reforma judicial.
“Se le informa que, transcurrido el plazo de los cuatro meses, esta Secretaría Ejecutiva verificará los criterios de la Resolución 1/16 sobre Medidas para reducir el atraso procesal (..), y de ser el caso, la CIDH podrá notificar el diferimiento del examen de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo (del asunto)”, señala la notificación de la CIDH.
Plazo de cuatro meses adicionales para resolución de fondo
En el oficio enviado a los representantes legales de los juzgadores y juzgadoras inconformes, se advierte que transcurridos el plazo de los 40 días, podrían ser notificados de la posibilidad de un fallo conjunto, abriendo un nuevo plazo de cuatro meses adicionales para que la CIDH dicte una resolución de fondo.
“Cumplo con informarle que mediante nota de la fecha se han remitido las partes pertinentes de su petición al Gobierno de México y se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogable si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que éste (México) presente sus observaciones, conforme al artículo 30/3 del Reglamento Interno de la CIDH”, señala el documento consultado por Aristegui Noticias.
En el último párrafo del oficio enviado por la CIDH a los jueces y juezas, magistrados y magistradas, también se advierte que el organismo pone a disposición de la parte peticionaria y del Estado mexicano, todos los mecanismos para que ambas partes puedan llegar a “una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Declaración Americana u otros instrumentos aplicables”.
No obstante, el abogado de las personas juzgadoras mexicanas, Zamir Fajardo, advirtió que la negociación estaría sujeta a que el gobierno de Claudia Sheinbaum reconozca que la reforma judicial incurrió en violaciones graves a los derechos humanos y que además vulnera el principio de independencia judicial, con el fin de corregir la reforma, una posibilidad que la representación legal de los afectados no vislumbra en lo inmediato.
Bloqueo deliberado a la revisión de la reforma judicial
Cabe señalar que en la petición presentada por los y las juzgadoras mexicanas se denuncian las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron con la aprobación de la reforma judicial, incluyendo el despido masivo de jueces y magistrados, el desmantelamiento de la carrera judicial, la violación de sus derechos laborales y la vulneración al principio de independencia judicial.
De acuerdo con los denunciantes, la alternativa para resolver admisibilidad y fondo del caso en una misma resolución, se deriva de que en la petición también se denuncian “violaciones al acceso a la justicia y a la protección judicial de las víctimas”.
La petición sostiene que, desde la aprobación de la reforma judicial, “el oficialismo ha intentado impedir que los tribunales nacionales se pronuncien sobre su compatibilidad con los derechos humanos”, estrategia que incluyó medidas como la reforma constitucional de inimpugnabilidad, el desacato deliberado a cientos suspensiones judiciales, la persecución penal y administrativa de personas juzgadoras, la concentración de todos los juicios de amparo en tres juzgados federales y las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cerraron cualquier posibilidad de una impugnación y revisión constitucional dentro del propio poder judicial mexicano.
El Estado mexicano ha bloqueado deliberadamente los mecanismos internos de control, lo que abre claramente la puerta a la intervención de la jurisdicción internacional.
