El ecocidio que promueve Mario Zamora
Alvaro Aragón Ayala
La Mina Santo Tomás, proyectada en la sierra de Choix, es una amenaza ambiental de gran escala que podría comprometer la salud de comunidades enteras y alterar el equilibrio de la cuenca del Río Fuerte, con efectos potenciales que alcanzarían territorios aguas abajo como El Fuerte y zonas agrícolas cercanas a Los Mochis.
Los datos técnicos ya expuestos son contundentes: minería a cielo abierto, trituración masiva de cientos de millones de toneladas de roca y exposición de sulfuros que, al contacto con el agua y el oxígeno, pueden generar drenaje ácido de mina, liberando metales pesados hacia ríos, arroyos y acuíferos.
No se trata de una exageración ambientalista ya que cuando el ácido sulfúrico comienza a formarse en grandes volúmenes de desechos mineros, el agua puede transformarse en un vehículo de contaminación que arrastra arsénico, plomo, cobre y otros metales tóxicos. Eso significa riesgo para la agricultura, la ganadería, los ecosistemas y para la salud humana.
Concretamente: un posible ecocidio con consecuencias sanitarias y letales reales para las familias que viven en la cuenca del río. Ligado a la amenaza, hay un hecho político que no puede ocultarse: el principal gestor político para que la Mina Santo Tomás avance -para que obtenga permisos, inversión y respaldo institucional – es el diputado federal priista Mario Zamora Gastélum.
Sí: un legislador que ocupa una curul en el Congreso de la Unión. Un diputado cuya función debería ser defender el interés público, advertir riesgos ambientales y exigir garantías para la población.
Pero en este caso ocurre lo contrario. En vez de denunciar desde la tribuna federal los peligros que una explotación de esta magnitud puede representar para la cuenca del Río Fuerte, el legislador es el promotor y gestor político del proyecto minero. En lugar de actuar como representante del pueblo, lo hace como intermediario de inversionistas.
Resulta revelador entonces que mientras se discuten inversiones y las “oportunidades” del negocio minero, en el Congreso de la Unión no se haya escuchado una advertencia clara sobre el impacto ambiental negativo del proyecto.
No hay posicionamientos firmes, no hay exigencias públicas de estudios independientes, no hay debates abiertos sobre la seguridad hídrica de la región. Hay complicidad. Una complicidad que despide el tufo de los intereses económicos moviéndose detrás del telón.
La Mina Santo Tomás promete para sus dueños miles de millones en minerales: cobre, oro y plata. Sin embargo, el verdadero costo podría medirse en agua contaminada, en suelos degradados y en enfermedades graves y mortales asociadas a metales pesados.
¿Quién o quiénes se harán responsable de la devastación que generará en lo alto de la sierra hacia el Valle de El Fuerte la virtual operación de la mina? ¿Sobre quién o quiénes recaerán las culpas si el río Fuerte termina contaminado?
La historia no recordará solamente a la empresa minera saqueadora de la riqueza nacional. También traerá a la memoria a quienes, desde el poder político, abrieron la puerta al desastre. Y entre esos nombres aparecerá inevitablemente uno: Mario Zamora.
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