El Carnaval 2022, autorizado por el “semáforo amarillo”
Álvaro Aragón Ayala
El gobierno de Sinaloa tomó la decisión de autorizar la celebración del Carnaval Mazatlán 2022 tomando como base el semáforo epidemiológico “color amarillo” emitido por el gobierno federal y rechazando la “opinión técnica” de la secretaría de Salud estatal que desde un principio fijó su postura de la no realización o la prórroga de la megapachanga callejera.
Con la asesoría política del secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, Rubén Rocha Moya esperó la emisión del “semáforo amarillo” para consentir el Carnaval priorizando las “ganancias” económicas del puerto, no la salud de la población. La secretaría de Salud estatal no es la responsable de la elaboración ni de la difusión del semáforo epidemiológico.
El estudio técnico-científico de la secretaría de Salud fue y es en el sentido del alto riesgo que representa la celebración de los eventos masivos y orienta sobre la necesidad de cancelar o aplazar el Carnaval 2022 para evitar un aumento en los contagios. El diagnóstico no se tomó en cuenta o pasó a segundo plano con el parto del “semáforo amarillo” del gobierno federal.
En plena organización del Carnaval y pese a los altos índices de contagios y muertes por coronavirus, el alcalde Guillermo -El Químico- Benítez precisó que no le haría caso al “estudio técnico” del secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y consideró que el destino del Carnaval dependía de la emisión del “semáforo amarillo” y de la autorización directa del gobernador Rubén Rocha Moya.
El viernes, al salir a la luz el “semáforo amarillo”, el gobierno del estado intentó culpar de la autorización del Carnaval al titular de Salud difundiendo por twitter un “comunicado” en el que se especificó que “tras considerar la opinión de los técnicos y las condiciones actuales de la pandemia, el Srio. de @saludsinaloagob, @melesiocuen, determinó que hay condiciones para llevar a cabo el Carnaval de Mazatlán edición 2022”.
De inmediato, Héctor Melesio Cuén Ojeda precisó que “yo no he autorizado el Carnaval. Mi responsabilidad consistió en dar un diagnóstico científico sobre los riesgos de los eventos masivos. Coincido con el gobernador Rubén Rocha con la factibilidad de celebrar el Carnaval con semáforo amarillo con un gigantesco dispositivo sanitario”.
Días atrás a la emisión del “semáforo amarillo”, el alcalde Guillermo -El Químico- Benítez gestionó en la Ciudad de México el apoyo federal para la realización de la megapachanga callejera. De inmediato, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez se trasladó a Mazatlán para otorgar el respaldo al presidente municipal y “autorizar” el Carnaval.
Pese a que para permitir la celebración del Carnaval se tuvo que esperar más de un mes, tiempo suficiente para que saliera “nuevo” semáforo epidemiológico, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, intentó trasladar la “corresponsabilidad” de las consecuencias -infectados y muertos- que generará la concentraciones masiva del Carnaval a Héctor Melesio Cuén Ojeda precisamente por el “estudio técnico” que no fue tomado en cuenta para tomar la decisión final sobre las fiestas carnestolendas.
Enrique Inzunza Cázarez pretendió convertir la conferencia “La Semanera” en un Tribunal de la Inquisición para enjuiciar a Cuén Ojeda, lo cual despertó la curiosidad de los periodistas que le preguntaron por qué estaba ausente el titular de la secretaria de Salud si él también es el responsable de dar a conocer la información relativa a la autorización del Carnaval y sobre el dispositivo sanitario que se montará en Mazatlán durante la megapachanga.
Al estilo de Poncio Pilato, quien en medio de la promoción de un tumulto tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo “inocente soy de la sangre de este justo”, el secretario general de Gobierno incurrió en falsedades al sostener que la autorización del Carnaval tuvo como soporte el “estudio técnico” de la secretaria de Salud, cuando en realidad lo que determinó dar el permiso fue el estatus del “semáforo amarillo” conseguido por “El Químico” Benítez y Miguel Torruco en la Ciudad de México.
Inzunza Cázares pretendió injertar a Cuén Ojeda en la autorización del Carnaval manoseando el asunto del análisis sanitario estatal que considera que las realizaciones de eventos masivos son de alto riesgo y pueden disparar cadenas de contagio. Si el gobierno de Rubén Rocha hubiera tomado en cuenta el diagnóstico de la secretaría de Salud Estatal el Carnaval de Mazatlán se hubiera cancelado o prorrogado para finales del mes de abril o principios de mayo.
