La desaparición de la Financiera Rural: Mario Zamora y Juan Antonio Meade la colapsaron
Álvaro Aragón Ayala / Ciudad de México
Degradaron y colapsaron la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. La desaparición de la institución, decretada en mayo del 2023 por el gobierno federal, no fue producto exclusivo de una reingeniería administrativa. Detrás del cierre se acumularon señalamientos por conflictos de interés, uso político de los recursos públicos y prácticas discrecionales que terminaron por erosionar su credibilidad.
Uno de los casos más escandalosos fue documentado por el diario Reforma el 10 de mayo de 2021, cuando reveló que durante la gestión del hoy diputado federal por Sinaloa Mario Zamora Gastélum como director general, familiares directos suyos recibieron apoyos y créditos de la institución. Otro fue la instrumentalización política de la Financiera por indicaciones de José Antonio Meade Kuribreja, ex secretario de Hacienda y hoy presidente del Consejo de Administración de HSBC México.
Entre los beneficiarios figuró el suegro de Mario Zamora: Daniel Ibarra Heredia, productor agrícola del norte de Sinaloa, así como dos cuñadas del entonces funcionario. De acuerdo con el reportaje, los apoyos incluyeron incentivos y financiamientos por montos relevantes, otorgados mientras Zamora encabezaba la dependencia.
Ante la publicación, Zamora reconoció públicamente que sus familiares sí habían recibido apoyos, aunque sostuvo que los trámites se realizaron conforme a las reglas vigentes y negó haber incurrido en irregularidades. Sin embargo, el caso abrió un debate nacional sobre conflictos de interés dentro de una institución diseñada, en teoría, para respaldar prioritariamente a pequeños productores.
Más allá del caso familiar, también, diversas fuentes del sector agropecuario y analistas coinciden en que durante el sexenio anterior la Financiera fue utilizada como instrumento político, particularmente en el contexto de la precampaña y campaña presidencial de José Antonio Meade en 2017 y 2018.
En ese periodo, Meade se desempeñaba como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dependencia de la cual dependía directamente la Financiera. Desde esa posición, tenía bajo su responsabilidad la supervisión del organismo.
Productores y operadores políticos denunciaron entonces un incremento en la entrega discrecional de créditos y apoyos en regiones estratégicas, especialmente en zonas rurales con alto peso electoral. Los financiamientos, según estas versiones, eran canalizados a líderes agrícolas, organizaciones afines y grupos con capacidad de movilización territorial.
Este uso selectivo de recursos públicos habría servido para fortalecer estructuras políticas en favor del proyecto presidencial del PRI, en un contexto marcado por la competencia electoral y la pérdida de respaldo ciudadano al gobierno federal.
Aunque nunca se abrieron procesos judiciales de gran escala por estos hechos, el cúmulo de denuncias y reportes periodísticos contribuyó a construir la narrativa de una institución capturada por intereses políticos.
Cuando el actual gobierno federal llegó al poder en 2018, heredó una Financiera con cuestionamientos históricos por discrecionalidad, clientelismo y presunta corrupción.
Durante años, la institución fue señalada por otorgar créditos a grandes productores, empresas agroindustriales y organizaciones vinculadas a partidos, en detrimento de campesinos y pequeños agricultores.
En abril de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó públicamente la extinción del organismo, al señalar que estaba “dañado” y que sus recursos beneficiaban a influyentes y grupos políticos.
Finalmente, el 29 de mayo de ese año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que ordenó su desaparición.
Para analistas consultados, la combinación de casos como el de los familiares de Zamora, el uso electoral del crédito y la falta de controles internos terminó por hacer insostenible la permanencia del organismo.
El tema cobra nueva relevancia por la actividad reciente de Mario Zamora en Estados Unidos, donde ha sostenido encuentros con activistas y dirigentes de la Conservative Political Action Conference (CPAC), uno de los principales foros del conservadurismo estadounidense.
Paralelamente, Zamora ha sido vinculado con la organización México Republicano, que busca consolidarse como partido político en México, con una agenda alineada a sectores de derecha internacional.
Estas relaciones han despertado interrogantes sobre el uso de su experiencia en el sector público y sus redes políticas para impulsar proyectos ideológicos con financiamiento y respaldo extranjero.
A este contexto se suma el reciente nombramiento de José Antonio Meade como presidente del Consejo de Administración de HSBC México, uno de los bancos más importantes del país.
El regreso de Meade a una posición estratégica en el sistema financiero ha reactivado cuestionamientos sobre su papel durante el sexenio anterior, particularmente en la supervisión de organismos como la Financiera Nacional.
Especialistas consideran que, como titular de Hacienda, Meade tuvo responsabilidad política y administrativa sobre una institución que terminó colapsando por malas prácticas, conflictos de interés y uso partidista.
Entonces, la desaparición de la Financiera Nacional no puede entenderse como un capricho del otrora presidente Andrés Manuel López Obrador, pues responde a un patrón documentado: créditos a familiares de altos funcionarios, entrega discrecional de recursos en procesos electorales, falta de controles efectivos, captura política del organismo y uso clientelar del financiamiento rural.
