UAS: Abogados “harán su agosto” con los amparos: Ana Luz Ruelas. “No procederán”: J. Armando Luna Huicho
Álvaro Aragón Ayala
Bajo la tesis de que “varios abogados harán su agosto con esta quimera”, la doctora en derecho Ana Luz Ruelas Mojardín, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, le pegó este sábado en la “línea de flotación” al grupo minoritario, reducido, de jubilados, que intentan, por la vía de las querellas laborales y los amparos, no aportar, quedar fuera, de los descuentos, para intentar evitar el rescate financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa, coincidiendo con el experto en derecho universitario, José Armando Luna Huicho, quien consideró inviable, sin sustento jurídico, cualquier litigio que se enderece contra Casa Rosalina.
Sistematizado, analizado y sintetizado el artículo de Ana Luz Ruelas, publicado en EL DEBATE, con el título Jubilación Dinámica contra Realidad, y contrastado con la declaración dada por José Armando Luna a VOCES NACIONALES y publicada con la cabeza “Si hay demandas contra la UAS no procederán; las jubilaciones son extralegales”, hay ya una la conclusión orienta a que las querellas de los jubilados serán rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El metaanálisis periodístico -vital para aportar mayor precisión y contexto al tema- sobre el artículo de Ana Luz Ruelas, a la luz de su contenido no deja espacio para la elucubración: los universitarios jubilados (y los activos) tiene que aceptar su realidad y, además, aceptar que las cuotas, descuentos o deducciones “resultan vital para la quiebra de la institución”, inmersa en la crisis estructural que le provoca el pago, sin fuente de financiamiento de la federación ni del gobierno estatal, de una nómina de más de mil 800 jubilados, de acuerdo al más reciente estudio actuarial realizado por la Subsecretaria de Educación Superior.
“Resulta preocupante la ola de amparos que sobrevendrán al inicio de los descuentos de los pagos al personal jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la llamada Reingeniería Financiera”, escribe al inicio Ana Luz Ruelas, y luego en el octavo párrafo del artículo, precisa que “la pasada reforma judicial blindó al Grupo en el Poder para batear todos los amparos que se interpongan por esta y otras causales. Varios abogados harán negocio con esta quimera…”.
Explica que “hay cientos de jubilados con más tiempo gozando su pago que los años que laboraron. Debemos de tomar en cuenta que hay una doble jubilación pagada por el IMSS, lo cual nos convierte a los trabajadores en una élite con una situación envidiable” y en su caso, dice, “me siendo obligada a aportar parte de mi ingreso (a la Reingeniería Integral) por dos razones: por un sentido de responsabilidad con mi centro de trabajo, y porque es mejor recibir el 80 por ciento de la jubilación a que desaparezca si la Institución se ve orillada a declararse insolvente.
El 23 de septiembre pasado, José Armando Luna Huicho, licenciado en derecho, con más de 10 años a estudiar los sistemas de jubilaciones y pensiones de las Universidades Públicas Estatales del país, reveló que “la jubilación que otorga la UAS es extremadamente extralegal”, por lo tanto, “es necesario someterla a un marco de regulación jurídica”, y consideró que la prestación de retiro, a la par o simultáneamente a la pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, “únicamente se podrá conservar con la constitución de un Fideicomiso en el que converjan las deducciones o cuotas de los trabajadores en activo y jubilados” ya que “las demandas individuales o colectivas no proceden y de interponerse obligarían al gobierno federal a cancelar de tajo, en forma definitiva la jubilación universitaria”.
“Las demandas laborales y los amparos para obligar al gobierno federal a que permita seguir usando el presupuesto educativo para cubrir las prestaciones de retiro, no son viables jurídicamente. No tendrían futuro. Sería tanto como querellarse, enfrentar una disposición legal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expresada a la comunidad universitaria por el Subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, y sostenida en estudios actuariales, auditorías y diagnósticos elaborados por la ANUIES, el CIEES y el AMOCVIES. Las demandas no son el camino”, dijo.
“Esa es la realidad. La UAS es la única institución de enseñanza de todo México, de todas las que gozan de autonomía, que no tiene Fideicomiso y que ya tiene décadas tomando el dinero del subsidio universitario para autopagarse la llamada la jubilación dinámica. Nos dolió que con la declaración del Subsecretario Ricardo Villanueva se descubriera esa ‘tradición’ de pago, que no es sistema. Y más nos dolió que nos haya dicho que si no reformamos nuestro ‘sistema’ la SEP no va a apoyar a la UAS. Yo me preguntó: ¿Cuál sistema? No tenemos. Hay que crearlo. Construirlo”, expresó.
“El Fideicomiso es la opción para evitar que el gobierno prohíba o cancele el pago de la jubilación dinámica. La Federación jamás permitirá que se priorice el pago a los jubilados; la prioridad son los trabajadores en activo para que no se paralice la Universidad. Amenazar con demandas laborales y amparos, no funcionará. El dinero que se está tomando del presupuesto para pagar jubilaciones no viene etiquetado por la SEP ni por la Secretaría de Hacienda para usarse en este rubro. Si se demanda a la UAS, la SEP y Hacienda intervendrían, en la querella, como primeros interesados en que el presupuesto que se envía a la Universidad se aplique correctamente, y no en las jubilaciones”, sostuvo.
