Fiscalías mexicanas: instituciones de papel, decisiones de poder político
Alberto Guerrero Baena
El panorama operativo: una debilidad sistémica
La Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales enfrentan hoy una paradoja inquietante: mientras la criminalidad organizada permea territorios nacionales enteros, estas instituciones diseñadas para investigarla, litigarla y contenerla operan con tasas de impunidad cercanas al 99%.
No se trata simplemente de insuficiencia presupuestal o carencia de recursos tecnológicos, aunque ambos factores existan.
El problema fundamental es estructural: las fiscalías mexicanas han sido colonizadas por dinámicas políticas que las transforman en apéndices del poder ejecutivo en turno, comprometiendo su autonomía técnica y su capacidad de investigación independiente.
En el terreno, esto se traduce en prioridades de investigación que responden a las agendas del momento político antes que a la criminología o la evidencia empírica.
Un caso paradigmático: mientras homicidios dolosos suman decenas de miles anuales, los recursos se concentran en investigaciones de bajo impacto penal o se dedican a perseguir rivales políticos del ejecutivo.
Los titulares de las Fiscalías General de la República y Fiscalías estatales se mueven como piezas de un ajedrez político, donde su permanencia depende no de su desempeño institucional sino de su lealtad a los intereses presidenciales. Cuando cambian administraciones, cambian también los titulares; cuando pierden utilidad política, son reasignados a otras carteras sin que nadie cuestione el abandono de investigaciones críticas.
La captura política: raíces y consecuencias
¿Cómo llegaron a este estado las fiscalías? La respuesta requiere mirar hacia la arquitectura constitucional y administrativa. La reforma de justicia penal de 2008 buscaba modernizar el sistema, pero dejó una vulnerabilidad crítica: la designación de fiscales sigue subordinada a equilibrios políticos. Aunque las constituciones establecen formalmente procedimientos de nombramiento que incluyen comisiones de selección, la realidad es que los gobernadores y el presidente en turno, siguen teniendo capacidad de veto efectivo.
Los candidatos “técnicamente idóneos” suelen serlo también políticamente aceptables para los poderes ejecutivos.
Esta captura tiene consecuencias concretas. Investigaciones de corrupción contra funcionarios de gobiernos aliados se paralizan indefinidamente. Fiscalías especializadas en crimen organizado carecen de coordinación horizontal y vertical: no dialogan entre sí, replican esfuerzos o, peor aún, compiten por jurisdicciones. Fiscales que podrían desarrollar expertise en delitos de alto impacto son trasladados a áreas administrativas o políticamente menos sensibles. Operativos contra carteles se cancelan cuando comprometen a colaboradores políticos del ejecutivo. Todo ello mientras los criminales observan y ajustan sus operaciones conforme a los ciclos electorales.
Blindaje institucional: caminos hacia la autonomía
Resolver esta crisis exige que los gobiernos mexicanos resistan la tentación histórica de usar las fiscalías como instrumentos de control político. Específicamente, se requiere introducir cambios institucionales concretos.
Primero, las constituciones estatales y federal deben establecer mandatos fijos de ocho años para fiscales generales, sin reelección pero tampoco sin remoción discrecional. El mandato debe ser suficientemente largo para construir carrera profesional, pero lo bastante estructurado para evitar cooptación. La remoción solo puede ocurrir por comisiones independientes con representación de la academia, abogacía profesional y sociedad civil, nunca por decisión política unilateral.
Segundo, debe crearse un sistema de selección verdaderamente meritocrático. Antes que comisiones nominalistas, se requieren concursos públicos abiertos donde candidatos externos compitan con funcionarios de carrera. Los criterios de evaluación deben publicarse, los procesos ser auditados por observadores independientes, y los resultados documentados exhaustivamente. Esto reduce el espacio para manipulación política y eleva la calidad promedio de candidatos.
Tercero, las fiscalías necesitan independencia presupuestal. Actualmente, los presupuestos se aprueban a través de legislaturas donde el ejecutivo tiene influencia preponderante. Un fondo autónomo, alimentado por ingresos tributarios específicos e inmunizado contra decisiones discrecionales anuales, permitiría a las fiscalías planificar operaciones de largo plazo sin someterse a chantajes presupuestales cada ciclo legislativo.
Profesionalización y permanencia: construcción de carrera institucional
El segundo conjunto de reformas debe atacar la rotación destructiva de personal. Hoy, los cambios de administración generan éxodos masivos en las fiscalías. Investigadores formados durante años migran a despachos privados, agencias de seguridad internacional o simplemente abandonan la administración pública. Esto destruye memoria institucional y condena a nuevos equipos a comenzar desde cero.
La solución requiere carreras de largo plazo atractivas. Sueldos competitivos con el mercado laboral privado, sistemas de jubilación dignos, estímulos por antigüedad y especialización, y estabilidad laboral para investigadores de base (desligados de cambios político-administrativos) son esenciales. Fiscal general y estatales pueden cambiar; los investigadores especializados en drogas, homicidios y corrupción deben permanecer, transferir conocimiento y entrenar sucesores.
Paralelamente, debe blindarse la capacitación continua. Fiscalías mexicanas con centros de formación permanente, convenios con universidades, intercambios internacionales y certificaciones profesionales en áreas especializadas crearían equipos técnicamente superiores y menos vulnerables a manipulación política. Un investigador con expertise verificable y reconocimiento profesional es más difícil de capturar que uno dependiente de favores administrativos.
¿Son viables estas instituciones?
La pregunta incómoda persiste: ¿pueden reformarse desde adentro instituciones tan profundamente contaminadas?
La respuesta es sí, pero con condiciones.
Requiere gobiernos genuinamente comprometidos con combatir criminalidad por encima de intereses electorales. Requiere legislaturas que frenen impulsos ejecutivos. Requiere sociedad civil vigilante. No es probable que suceda por generosidad política, pero sí es posible si presidentes y gobernadores comprenden que fiscalías disfuncionales no persiguen enemigos políticos con eficacia ni controlan criminalidad.
Una fiscalía capturada es una fiscalía inútil.
La viabilidad depende, en última instancia, de que la clase política mexicana acepte que la seguridad pública no se resuelve con corto plazo político sino con instituciones que trascienden ciclos electorales. Las propuestas aquí descritas no son revolucionarias; muchas democracias las implementan. Su novedad en México reside solo en que requieren renunciar voluntariamente a poder. Esa decisión aún está pendiente.
