Gastos excesivos en el Sistema Nacional Anticorrupción
Érika Ramírez
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) gastó casi 6 millones de pesos en 2019 para el pago de honorarios de los entonces integrates del Comité de Participación Ciudadana (CPC): José Octavio López Presa, Rosa María Cruz Lesbros, Alfonso Hernández Valdez, Jorge Alberto Alatorre Flores, Irene Levy Mustri y Maricler Acosta Urquidi, quienes percibieron 120 mil pesos mensuales.
Un informe de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación indica que, en 2018, la Comisión Ejecutiva de la SESNA no dispuso de lineamientos o políticas en los que se establecieran los criterios, dinámicas de trabajo, temporalidades, así como la supervisión de los insumos técnicos que se genere en el cumplimiento de sus atribuciones; es decir, funcionó sin estructura.
En entrevista, Fidel Ramírez Rosales –director general de Administración de la SESNA– reconoce que las recomendaciones de la Auditoría se deben a que todavía en 2018 había una normatividad “incipiente”. Asegura que las recomendaciones y observaciones del máximo órgano de fiscalización del país sí se están tomando en cuenta para que opere al ciento por ciento.
Ramírez Rosales expone que la SESNA arrancó en mayo de 2017 y, como toda institución naciente, “al momento de iniciar operaciones se avocó a las tareas de personal, su contratación, la creación de perfiles de puestos, los diversos trámites que hay que hacer ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública para crear la estructura orgánica, pasar por el órgano de gobierno su normatividad, que es de manera incipiente. Poco a poco nos hemos ido fortaleciendo: crear toda clase de sistemas que le rigen a las instituciones públicas, como son los sistemas de control interno o de administración de riesgos, el comité de ética, el comité de adquisiciones. Empezar justamente los procedimientos de contratación para la adquisición básica de todo insumo que requiere una institución pública o privada”.
No obstante, fue hasta la primera sesión ordinaria de este 2022 cuando los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobaron por unanimidad el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción (PI-PNA). Éste “establece acciones concretas y medibles en materia de combate a la corrupción que serán puestas en marcha por las instituciones públicas del país en el corto y mediano plazos”.
Antes de ello, en su informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, la ASF documentó que el SESNA “no definió mecanismos de control relacionados con la vigilancia del diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno Institucional”.
Asimismo, indicó que tampoco dispuso de un programa institucional “ni de una metodología específica para la administración de riesgos, ni de un programa de capacitación en estos temas”.
Óscar Enrique Díaz Santos –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en gasto público y presupuesto– cuestiona qué ha hecho bien este Sistema Nacional Anticorrupción, del que considera, hasta cierto punto, hay buenas intenciones porque se supone que debería existir la coordinación entre las instancias gubernamentales y los tres niveles de gobierno se pusieran de acuerdo.
“Yo no recuerdo que haya funcionado algo del SNA, eso como que fue para taparle un poco el ojo al macho, ante un gobierno altamente corrupto como el de [Enrique] Peña Nieto. Muchas veces se hacen precisamente los sistemas o las comisiones en las coordinaciones, para que no funcionen, estamos en las mismas”, acusa.
Salarios y presupuesto
La auditoría de cumplimiento 2019-1-47AYM-19-0260-2020 da cuenta de que ese año la SESNA “no contó con un Sistema de Control Interno Institucional y, en consecuencia, tampoco con un Programa de Trabajo de Control Interno para ese mismo año, por lo que el Sistema de Control Interno no fue revisado”.
Otra de las observaciones que hizo la ASF en la Cuenta Pública de 2019 es que “no se proporcionó la evidencia que acredite los avances para llevar a cabo la contratación de un servicio de análisis de vulnerabilidades, ni del desarrollo de un protocolo de calidad y seguridad de la Plataforma, así como de funcionalidades de verificación automática de los componentes, avisos automáticos de operación y la implementación de protocolos en la infraestructura de los proveedores para dar aviso a la SESNA en caso de tener fallas; tampoco se cuenta con las especificaciones técnicas de dichos protocolos o de las herramientas a implementar para realizar el monitoreo de la PDN, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma”.
Cuando llega la ASF en 2019, comenta el director general de Administración del SESNA, que es cuando les hacen la auditoría de desempeño, “estábamos en esos procesos de crear normatividad; entonces, dentro de las respuestas que hemos otorgado a la auditoría y que todavía se encuentran en análisis ya hemos creado los instrumentos que nos permiten tener un marco normativo para la Comisión Ejecutiva”.
Sin embargo, el tiempo en que se realizaron las auditorias se transfirieron recursos por 5 millones 983 mil 999 pesos a los por concepto de honorarios.
De a revisión de los documentos del SESNA se desprende que en el periodo revisado por la auditoría se encontraban los siguientes personajes con montos en pesos brutos: José Octavio López Presa, quien obtuvo 1 millón 440 mil pesos; Rosa María Cruz Lesbros, 1 millón 52 mil; Alfonso Hernández Valdez, 1 millón 440 mil; Jorge Alberto Alatorre Flores, 815 mil 999 pesos; Irene Levy Mustri, 1 millón 80 mil y Maricler Acosta Urquidi, 155 mil 999 pesos, por un total de 5 millones 983 mil 999 pesos. Los honorarios mensuales para cada uno de sus miembros ascendían a 120 mil pesos brutos.
En términos de ley, expone Ramírez Rosales, “tenemos la obligación de pagar esa contraprestación a los miembros del CPC, pero quiero comentarle que la contraprestación que se fijó no es cuestión de la Secretaría Técnica, eso lo determina el Comité Coordinador, en donde está integrada la Secretaría de la Función Pública, la ASF, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ellos fueron los que determinaron cuál es el salario que se le debe pagar a los miembros del CPC. Lo único que hacemos nosotros es celebrar los contratos y pedir las autorizaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pagarles. Pagamos alrededor de 7 millones entre los diversos miembros”.
El informe de la ASF precisa que el CPC se encuentra integrado por “cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción, quienes no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la SESNA. Conforme a la ley, el vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, se establece mediante contratos de prestación de servicios por honorarios en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la SESNA.
En ese tenor, el Órgano de Gobierno de la SESNA, en su tercera sesión extraordinaria celebrada el 5 de septiembre de 2017, aprobó el Acuerdo ACT-SESNA/05/09/2017.03 en el cual autorizó, por la contraprestación de los servicios que prestan los integrantes del CPC”, expone.
La SESNA de Peña
Creada durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, la SESNA ha merecido las observaciones del máximo órgano de fiscalización del país debido a que las deficiencias y limitaciones identificadas “influyeron en un incipiente funcionamiento de las operaciones de la SESNA y un avance lento en el desarrollo e implementación de políticas en materia anticorrupción como parte de su mandato; asimismo, no permitieron que existiera una seguridad razonable del cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales, y la rendición de cuentas de los resultados alcanzados, ni se garantizara que el Comité Coordinador contara con la asistencia técnica e insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones y para la toma de decisiones”.
El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que da vida al SNA, instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Adicionalmente, el 18 de julio de 2016 se aprobó la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene objetivo establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, estas tareas fundamentales fueron atribuidas al SNA.
Desde 2015 está establecido, con el equipo de Enrique Peña Nieto y “lo curioso es que siendo uno de los gobiernos más corruptos se hizo un Sistema Nacional Anticorrupción, a lo mejor lo hizo para que no funcionara. Es una buena figura, no hay que despreciar. Sería bueno que funcionara”, dice el doctor en economía Óscar Enrique Díaz Santos.
Para el especialista en gasto público y presupuesto, las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación refleja que no se disponía de “cuestiones esenciales y debería de hacerlo porque cada una de las dependencias informa a detalle lo que es”.
“Los sistemas anticorrupción resulta que no funcionan y que los mecanismos que son muy importantes para un gobierno abierto: la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas debe ser lo mejor que deba tener un país, pero si no se emplean los mecanismos adecuados, eso no va a funcionar”, señala.
Eduardo Bohórquez, maestro en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra y experto en estrategias anticorrupción señala que el SNA “es la suma de sus partes. Funciona tan bien o tan mal como funcionen la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Si las piezas fallan, el SNA. El SNA no es un órgano nuevo, sino un mecanismo de coordinación para que las piezas hagan mejor su trabajo, eviten duplicidades y costos onerosos para el contribuyente”, apunta.
Un par de ejemplos de lo que por otro lado, ha ido funcionado, dice el experto, es la Plataforma Digital Nacional del SNA que le ha ahorrado a dependencias de gobierno y de otros poderes, cientos de millones de pesos en sistemas que antes se compraban por separado y con formatos completamente diferentes. “En lugar de tener que gastar cientos de millones en sistemas, hoy hay una plataforma que da servicio a todos los poderes y órdenes de gobierno.
Ejemplifica que en las negociaciones del Tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá (T-mec), México se pudo negociar con mayor fuerza en materia anticorrupción, “pues el sistema es nacional y no solo federal, lo que significa que articula no solo a las dependencias federales, sino a los poderes y a los estados del país. Nunca en la historia del país, habíamos podido llegar a una negociación internacional con la cabeza en alto, pues nuestro marco legal e institucional estaba actualizado en términos de las mejores prácticas”.
Sin embargo, comenta, lo que le falta al SNA es pasar de la coordinación a los resultados: “la FGR no ha podido llegar a sentencias en ninguna de las grandes tramas de corrupción, muchos de los temas detectados por la ASF siguen sin ser sancionados y no se ha ‘devuelto al pueblo lo robado’. Este no es el trabajo de la Secretaría Ejecutiva sino de los ministerios públicos y los jueces. Si la FGR falla, y no hay sentencias firmes para los casos de corrupción como Odebrecht o la estafa maestra, no habrá resultado”, indica el especialista.
Con información de Contralínea
