Torruco y “El Químico”, emisarios de la muerte
Álvaro Aragón Ayala
En pleno repunte de la pandemia y contra toda recomendación de la comunidad científica, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, y el alcalde Guillermo -El Químico- Benítez, pregonan la viabilidad de la celebración del Carnaval Mazatlán 2022, el cual concentraría alrededor de 400 mil personas que se divertirían bajo la sombra de la muerte.
Una megaconcentración de esta naturaleza es suficientes para reactivar de manera alarmante las cadenas de contagio y aumentar la mortandad por coronavirus en Sinaloa. El virus del Covid-19 se transmite por contacto y falta de protocolos de higiene. En las megafiestas se rompe la sana distancia.
El presidente mazatleco convirtió la “organización” del Carnaval en un “pleito político” -y así lo divulga- con el gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda. Ve en la posible negativa a la celebración de la megafiesta callejera una derrota política y busca aliados que lo ayuden a enfrentar lo que él llama sus enemigos.
Lo cierto es que en el caso del Carnaval no hay fricciones políticas, sino únicamente dos sopas: los que le apuestan a cuidar la salud y la vida de los sinaloenses y los que le apuestan a la muerte y a desencadenar los contagios pensando en aumentar sus ingresos económicos. Quienes siempre resultan beneficiados con las ganancias de las megafiestas no les interesa la vida de nadie.
Cual emisario fúnebre, “El Químico” Benítez se refugia en el gremio de los hoteleros y restauranteros del puerto mazatleco para demostrar que sí es posible la realización del Carnaval. En la jugada sombría lo apoyan los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández, del Grupo Arhe, saqueadores del presupuesto municipal, con quien el alcalde se exhibe en casi todos los actos públicos.
El gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, trabajan a favor de la vida y la protección de la salud de los sinaloenses. El resultado del más reciente diagnóstico arroja que los contagios y muertes por coronavirus van al alza. El semáforo epidemiológico se mueve cual arcoíris. Para quienes han sufrido la muerte de algún familiar el semáforo es macabro.
La Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica mundial y nacional han recomendado la cancelación de todos los actos masivos en el mundo para poder contener la propagación del virus pandémico. En Sinaloa suben las muertes y el número de infectados por Covid. No funciona el maquillaje de cifras del alcalde de Mazatlán
“El Químico” Benítez pregona que el Carnaval si se puede celebrar si bajan los contagios y con los protocolos adecuados, alimentando así el círculo vicioso de bajar y subir, subir y bajar y de nuevo volver a subir los contagios precisamente por la realización de tumultos o de megafiestas callejeras. Al sonsonete del alcalde se sumó el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez.
El funcionario federal vistió Mazatlán en plan de emisario de la muerte a otorgar el sí a la celebración de la fiesta del Rey Momo porque –dijo- “tampoco hay que frenar la economía y en mi opinión, con sana distancia el Carnaval va a venir a dar una bocanada de oxígeno a muchos empresarios y a la población que está necesitada ya de diversos ingresos, en mi opinión sí se debe llevar a cabo”.
Torruco Márquez y el alcalde Guillermo Benítez fueron escoltados en el puerto por Juan José Arellano Hernández, del Grupo Arhe. “El Químico” presentó al “inversionista” al secretario de Turismo para que lo ayude a que “no se le frene la economía”. Los hermanos Arellanos son considerados por la “vox populi” como el poder atrás del trono en Mazatlán.
Mediante triquiñuelas legales, los hermanos Juan José y Erick Arellano Hernández obtuvieron que el ayuntamiento de Mazatlán le pagara a la empresa Nafta Lubricantes SC de RL, de Grupo Arhe, 141 millones de pesos por la cancelación de un permiso para la construcción de una gasolinera en el 2012. Pese al fraude, el alcalde los apapacha y les abre las puertas de las relaciones políticas.
El Carnaval de Mazatlán, de realizarse, aglutinaría a alrededor de 400 mil personas. Para instalar los dispositivos sanitarios, los protocolos antiCovid, para controlar la megaconcentración, se necesitaría colocar barreras sanitarias ahí en pleno “corazón” del Carnaval, en las carreteras de entrada a Mazatlán, en el desembarcadero y en terminales de autobuses y el aeropuerto.
Para controlar a 400 mil personas, muchos de ellos con cerveza y vino en el estómago y cerebro, se requeriría entonces concentrar al personal médico y de enfermería de todos los hospitales de Sinaloa, toda la policía municipal y tránsito del puerto y el personal de apoyo de la UAS que participa en las brigadas de vacunación. En sí, se emplearía a todo un ejército durante 5 días, tiempo en que se desarrollaría el Carnaval.
Para implementar el protocolo sanitario se necesitarías toneladas de gel y alcohol y miles y miles de cubrebocas y una inversión que despanzurraría el presupuesto del sector Salud. El costo de la organización del Carnaval lo paga ya el ayuntamiento y la secretaría de Salud absorbería, si se autoriza la megapachanga, los gastos del dispositivo sanitario y después cubriría la atención de las personas que resulten contagiadas.
Los hoteleros y los restauranteros millonarios cosecharían las ganancias del Carnaval, sin importar quien se contagia y quien muere. En fin. Bajo el argumento de proteger o reactivar la economía, que en el fondo solo busca apoyar a unos cuantos restauranteros y hoteleros, Miguel Torruco y “El Químico” Benítez velan por el sí al Carnaval, mientras miles de familias velan a sus amigos o parientes muertos por Covid.
