Los dos abogados que se quedaron en la sala de espera para ser magistrados
Miguel Badillo
Segunda parte. El 23 de abril de 2021, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibía un escrito de 12 cuartillas firmado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde sometía a ratificación del Congreso la designación de siete magistrados de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En la lista enviada por el primer mandatario al Senado de la República aparecían los nombres de siete abogados: David Alejandro Alpide Tovar, Gabriela Badillo Barradas, José Alfredo Celorio Méndez, Carlos Contreras Segovia, Luis Ángel López Vera, Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos y Julio César Vázquez Cruz.
De esa lista que la Presidencia de la República pedía ratificación del Congreso –todos recomendados por la Consejería Jurídica y la Procuraduría Fiscal de la Federación–, dos abogados tenían procesos penales abiertos en la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y corrupción: Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos, exadministrador central de Asuntos Penales y Especiales del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 2019 a 2021, y Carlos Contreras Segovia, exadministrador desconcentrado Jurídico en la Zona Norte de la Ciudad de México.
Antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara el oficio con fecha del 23 de abril de 2021, nadie alertó al primer mandatario de que ambos litigantes tenían graves acusaciones de proteger a empresas privadas en el contrabando de combustibles que se hacía por vía marítima y de tener complicidad con grandes contribuyentes para evadir el pago de impuestos.
Los dos abogados se habían desempeñado en cargos importantes dentro del SAT, pero cuando fueron descubiertas sus complicidades, fueron cesados y acusados penalmente, por lo que por lo menos resulta extraño que fueran propuestos para magistrados.
El mismo día que sus nombres serían aprobados por el Congreso, el 11 de mayo de 2021, los siete abogados –entre ellos Peregrina Vasconcelos y Contreras Segovia– aguardaban en un cuarto adjunto a la sala de sesiones del Senado. Allí, ambos fueron avisados de que tenían que renunciar a participar en el proceso selectivo, por el motivo de que sus nombres aparecían en expedientes abiertos por delincuencia organizada y otros delitos en la Fiscalía.
Antes, en el cabildeo entre senadores, en donde participaban los morenistas Ricardo Monreal, presidente de la Coordinación de la Junta de Coordinación Política, y Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, se tuvo una airada discusión por el nuevo aviso que habían recibido de la Presidencia de la República, ahora pidiendo que eliminaran de la lista los nombres de esos dos abogados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En reunión privada, unos senadores sostenían que no podía quitarse los nombres de los dos abogados porque se trataba de un documento firmado por López Obrador y que, de hacerlo, se cometía un delito; otros legisladores en donde estaba Menchaca Salazar sostenían que era una petición del propio presidente de la República y, además, los dos postulados tenían procesos penales abiertos en su contra, lo que impedía que fueran designados magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Para salvar la discusión, el senador Menchaca habló con Peregrina y con Contreras y les advirtió que tenían que renunciar a su postulación porque tenían expedientes abiertos por delincuencia organizada en la FGR.
La primera reacción de los abogados fue rechazar esa versión y aferrarse a mantener sus nombres en la lista. Sentían que estaban muy cerca de ser magistrados. Pero el legislador Menchaca Salazar les dijo que bajo ninguna circunstancia se avalaría su nombramiento en el Senado, y que de insistir en ello se informaría a los demás senadores de las acusaciones penales en su contra por el grave delito de delincuencia organizada. Con esa amenaza, Peregrina y Contreras desistieron y abandonaron de prisa el recinto parlamentario.
El poder de la firma del presidente
Para que funcione la administración pública federal, todos los días el presidente de la República tiene que estampar su rúbrica en documentos, oficios, legajos y otros papeles que le preparan integrantes de su equipo de todas las dependencias de gobierno, lo que hace prácticamente imposible que López Obrador pueda revisar y mucho menos leer todo lo que firma, por lo que depositar su confianza en los funcionarios que lo rodean, pero en varias ocasiones ha tenido que dar marcha atrás a lo autorizado, cuando se entera de lo que lo hicieron firmar algo incorrecto y que va en contra de sus principios.
En los tres años de su administración ha tenido que modificar acuerdos, reglamentos, leyes, disposiciones, contratos, altas, bajas y demás papeles que le piden firmar, porque éstos no se apegan a las disposiciones que el mismo presidente ha dictado desde el primer día que asumió la Presidencia y que se basan en la honestidad, transparencia, austeridad y justicia.
Son varios los casos documentados que Contralínea ha investigado, entre los cuales está el narrado y que representa un abuso a la confianza en contra del primer mandatario y el cinismo de servidores públicos que le hacen firmar documentos que él no avala.
En el documento de 13 cuartillas en poder del Senado de la República y cuya copia obtuvo Contralínea, hay una breve semblanza de cada postulante, y en el caso de los abogados acusados se indica que laboraron en el SAT, pero nunca se dice que fueron cesados por corrupción.
De Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos se indica que es licenciado en derecho por la Universidad Tecnológica de México y cuenta con una maestría en derecho procesal constitucional por la Universidad Panamericana.
En el ámbito profesional dice que se desempeñó como administrador central de Asuntos Penales y Especiales (2019-2021) del SAT; administrador de Asuntos Penales y Especiales “5” en la Administración General Jurídica (2018); administrador (comisionado) de Gestión de Calidad (2017-2018); administrador de Análisis Técnico Fiscal “1” y “4” (2010-2017), y administrador de Procedimientos Legales de Comercio Exterior en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (2007-2010); en la Administración General Jurídica fue subadministrador de Resoluciones (2007); subadministrador de Asuntos Especiales (2005-2007; subadministrador de Asuntos Penales (2002-2005; jefe de Departamento de Amparos (2002); jefe de Departamento de lo Contencioso “3” y “2”, y fue también abogado tributario.
De Carlos Contreras Segovia se dice que es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en derecho fiscal por la Universidad Regiomontana y una especialidad en derecho procesal fiscal por el Instituto de Estudios Superiores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
En el trabajo profesional fue administrador desconcentrado jurídico del Distrito Federal “1” de la Administración General Jurídica del SAT (2019-2021); administrador desconcentrado jurídico de Nuevo León “2” (febrero 2019, así como de 2015-2016); administrador desconcentrado jurídico de Nuevo León “3” (2016-2019); administrador local jurídico de Guadalupe de la Administración General Jurídica (2013-2015); administrador de Análisis Técnico Fiscal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (2010-2013); coordinador jurídico de la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (2004-2009); secretario de Acuerdos de la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (2001-2003), entre otros cargos.
En una pequeña nota del Canal del Congreso del 11 de mayo de 2021, se lee que el pleno del Senado de la República avaló con 119 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones la ratificación de una magistrada y cuatro magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por un periodo de 10 años en ese cargo.
También da cuenta de que “los ciudadanos Carlos Contreras Segovia y Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos no se presentaron a comparecer ante la Comisión de Justicia, pues declinaron a participar en el proceso de designación”.
Con información de Contralínea
