La (otra) tormenta que viene
Francisco Ortiz Pinchetti
“En México un grupo ha confiscado todos los poderes. Las instituciones están secuestradas. No hay democracia ni estado de Derecho…” La frase es textual y corresponde a una declaración hecha el 7 de noviembre de 2009 por Andrés Manuel López Obrador, rescatada hace unos días por el colega Sergio Sarmiento en su columna del diario Reforma.
Hoy cobra plena vigencia. Han confiscado todos los poderes y las instituciones están secuestradas… por los apóstoles del propio Andrés.
Y lo que falta.
Consumado el atraco de la Reforma Judicial, nada detendrá ya el zarpazo final de la autollamada Cuatroté para consolidar un estado totalitario en nuestro país: la Reforma Electoral, que significará la desaparición del INE y la devolución del control absoluto de los comicios al Gobierno, como en los peores tiempos del PRI. Los de Manuel Bartlett Díaz como Secretario de Gobernación y a la vez presidente de la Comisión Federal Electoral, por ejemplo.
Hace dos años, López Obrador presentó una iniciativa de decreto para desaparecer el INE, el llamado “Plan B” electoral, que provocó las multitudinarias manifestaciones ciudadanas en defensa del órgano electoral autónomo. Impedido de conseguir una reforma constitucional al no contar entonces con mayoría calificada en el Congreso, recurrió a la propuesta de modificación de leyes secundarias, fue aprobada mediante el mayoriteo vil de sus legisladores en ambas cámaras, violando todos los procedimientos legislativos.
El atentado antidemocrático fue detenido por la SCJN, presidido por la maestra Norma Piña Hernández, en atención a las impugnaciones presentadas por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En histórica sesión, invalidó por mayoría de nueve votos contra dos –incluido entre los primeros el del ministro Arturo Saldívar– las reformas a esa serie de leyes secundarias por “graves violaciones al proceso legislativo”.
El fallo de la Corte tuvo para el tabasqueño la gravedad de una afrenta, que no le perdonaría a la ministra Piña y que en alguna forma fue el origen de su propuesta de Reforma Judicial como vía para apoderarse de la Corte, lo que ocurrió ya con la “elección“ de ministros, magistrados y jueces del domingo antepasado.
Y en su paquete de 20 iniciativas de reforma que presentó el 5 de febrero de 2024, Andrés Manuel incluyó su propuesta de Reforma Electoral. En ella se propone, entre otras aberraciones, desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como “autoridad electoral independiente”, dependiente del Ejecutivo, como en la Secretaría de Gobernación. Este organismo absorbería además los órganos electorales locales.
“El INEC –dijo de viva voz, para que no quedara duda– será la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberán las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizará la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal”. Todo, pues.
Asimismo, reducir los consejeros electorales de 11 a 7 (lo que ya ocurrió), que serían electos por voto popular para un periodo de seis años. El titular de la Sala Superior del Tribunal Electoral será elegido por sus compañeros en votación por un periodo de cuatro años.
La iniciativa planteaba también la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales. Con este cambio, la Cámara de Diputados quedaría conformada por 300 diputados/as en vez de 500 y en el Senado habría 64 escaños en vez de 128.
Y recortar al 50 por ciento el financiamiento de los partidos políticos y regular las aportaciones de particulares a partidos, lo que daría a Morena una mañosa ventaja adicional sobre la oposición al poder utilizar –como lo hace– los medios y recursos oficiales para la promoción de sus candidatos.
A partir del 1 de septiembre próximo ya no existirá más la posibilidad real de recurrir ante la Suprema Corte para apelar alguna reforma anticonstitucional. Dominado de manera absoluta por Morena, presidida por un cercano y leal colaborador de AMLO, nuestro máximo órgano desechará cualquier recurso contra las decisiones y medidas del Gobierno. Obvio.
La posibilidad de alguna modificación a la propuesta del expresidente por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la que algunos sueñan, puede ser definitivamente descartada. Desde que era Jefa de Gobierno de la Ciudad México, en septiembre de 2022, expresó su apoyo total a la reforma electoral que impulsaba el Andrés Manuel. “Fortalece la democracia y garantiza elecciones libres”, aseguró.
En un videomensaje publicado en su cuenta de Twitter, manifestó que es necesaria esa reforma porque “los partidos y las elecciones le cuestan mucho dinero al pueblo”, en referencia al recorte propuesto al financiamiento de los institutos políticos.
En enero pasado, la mandataria anunció la pronta presentación de una iniciativa de Reforma Electoral, a partir de la propuesta de López Obrador. Puede entonces pronosticarse que más pronto que ya tendremos encima una nueva tormenta.
A pesar de los jaloneos que provocó al interior de Morena y sus cómplices su iniciativa de reforma para prohibir la reelección y frenar el nepotismo en puestos gubernamentales y de elección popular, sería ilusorio pensar que doña Claudia le enmiende la plana a su jefe y guía, y modifique en un ápice su propuesta, encaminada claramente además a las consolidación de un Estado totalitario, conforme a los planes del hoy vecino del señor Pakal. Ni una coma.
“En México, un grupo ha confiscado todos los poderes…” Válgame.
DE LA LIBRE-TA
EL INFLUYENTE NOROÑA. Bien por nuestro presidente del Senado, don Gerardo Fernández Noroña. Tras poner en su lugar a su colega republicano Eric Schmitt por sugerir que aumentar del 3.5 al 15 por ciento el gravamen al dinero enviado por personas migrantes a sus países de origen, logró que… ¡el gravamen sea el cinco por ciento!, (sujeto aún a la aprobación de la Cámara alta estadounidense). Tipazo.
