Elección judicial: captura consumada

Leopoldo Maldonado

La elección judicial fue un desastre, y no por sorpresa. Lo más revelador es lo que se intenta esconder: una participación ciudadana bajísima. Apenas el 13 por ciento del padrón acudió a las urnas. De los que acudieron, 23 por ciento invalidaron su boleta. Aun así, el Gobierno insiste en presentarla como un “hecho histórico” y un “avance democrático”. La narrativa oficial recurre a falacias, como el uso cifras absolutas —“13 millones de votos”— o comparaciones absurdas- “hubo más votos que los recibidos por el PRI o PAN hace un año”- para maquillar la realidad. Pero omite como dato clave que más de 87 millones de personas no votaron. 

Dicen que fue un logro democrático. Pero ¿qué clase de democracia se construye con boletas no utilizadas sin cancelar, sin conteo público en casillas, sin información mínima sobre los candidatos? No hubo campañas reales, ni debates, ni perfiles claros. La ciudadanía fue convocada a votar por nombres que no conocía, para cargos que no comprendía.

Además, este nivel de abstención echa por tierra uno de los grandes argumentos del oficialismo: que los 36 millones de votos a favor de Claudia Sheinbaum en 2024 representaban un mandato popular para reformar el Poder Judicial. Si ese mandato existiera, ¿dónde están esos 36 millones ahora? ¿Por qué menos de la mitad acudió a respaldar la reforma en las urnas? La respuesta es clara: la ciudadanía no validó este proceso simplemente porque no le vio sentido. La indiferencia -sea por la razón que sea- deriva de la idea de que ya todo estaba decidido. Se dice que ya estaban decididos los ganadores de antemano, nada más faltaban las elecciones para legitimarlos.

Primero vivimos un proceso kafkiano, con candidatos preseleccionados por el partido hegemónico, sin filtros ciudadanos ni criterios transparentes. A ello hay que sumar los famosos “acordeones” repartidos masivamente. Hasta ahora, en la SCJN y el Tribunal de Disciplina Judicial, las personas candidatas señaladas en las “guías de votación” distribuidas cínicamente han resultado ganadoras.  

El 2 de junio entramos en la fase orwelliana: negar la realidad, manipular los hechos, y presentar como abrumadora una participación marginal. No hay forma de disfrazar un vacío de legitimidad como si fuera entusiasmo democrático.

Con todo eso, el objetivo de fondo se cumplió. No se buscaba legitimidad, sino control institucional. La baja participación no fue un obstáculo. Fue parte del diseño. Se trataba de capturar el Poder Judicial y eso ya se logró.

Pero hay algo igual de grave en esta pantomima. La elección dejó un precedente mediante la normalización de malas prácticas que pueden contaminar otros procesos electorales en el futuro. Falta de información, es una. Conteos en consejos distritales y no en las casillas, no sólo como práctica elemental sino como conquista histórica, es otra. Para acabar, negligencia en el manejo de boletas, puesto que en lugar de ser inutilizadas las sobrantes se empaquetaron y se mandaron tal cual. Como telón de fondo, un INE cuya presidenta funge como correa de transmisión del oficialismo, y un Tribunal Electoral cuya mayoría de magistrados no se molesta en disimular su alineación al régimen.

Si esta forma de votar pasa como “exitosa”, mañana se podrá justificar lo mismo en elecciones legislativas o presidenciales. De esta manera, el espíritu antidemocrático ya acecha lo único que había quedado en pie después del Plan C: el sistema electoral. Así nos damos cuenta de que la democracia no se pierde de golpe, como en el pasado. Se desgasta poco a poco. Por eso hablamos de “erosión democrática” como deterioro paulatino pero constante. 

Todavía estamos a tiempo de exigir una revisión a fondo de la reforma judicial. Porque sin justicia independiente ni elecciones limpias, no hay democracia viable. Porque la reforma que requiere la justicia en México va en el sentido contrario a la que hoy está vigente. Porque faltaron las fiscalías y las policías que son el obstáculo para el acceso a la justicia en materia penal. Porque la actual falta de independencia en los tribunales locales solamente se agudizará con la captura política y criminal evidenciadas durante el proceso electoral. Poco que celebrar y mucho que reflexionar.