La Casa Rosalina, más allá del oportunismo político
Yamir de Jesús Valdez
En el contexto político actual, es evidente que la Universidad Autónoma de Sinaloa, se ha convertido en un blanco recurrente para aquellos que buscan protagonismo a costa del prestigio institucional.
La más reciente intentona proviene del diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, y su compañera de bancada, quienes han presentado una propuesta legislativa que no solo resulta innecesaria, sino francamente oportunista: pretenden facultar a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa (ASE) para auditar los recursos propios de la universidad.
La propuesta, a simple vista, podría parecer una iniciativa a favor de la transparencia. Sin embargo, vista con detenimiento, se revela como una estrategia electoral anticipada, dirigida no a fortalecer la rendición de cuentas, sino a generar ruido político con miras a posicionamientos rumbo al proceso electoral de 2027. Así lo señaló con claridad el rector de la UAS, doctor Jesús Madueña Molina, quien descalificó dicha iniciativa por responder a intereses políticos disfrazados de preocupación por la fiscalización.
Lo que Torres Félix omite –o pretende hacer olvidar– es que la UAS ya es auditada año con año por los organismos correspondientes, incluyendo la Auditoría Superior de la Federación y la propia Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Además, los recursos propios también están sujetos a revisión interna y rendición de cuentas conforme a la normativa institucional.
No existe margen para la opacidad. La UAS no rehúye a la fiscalización; por el contrario, ha sido un referente en transparencia a nivel estatal.
Baste recordar que en 2024, la Universidad Autónoma de Sinaloa fue galardonada con el “Reconocimiento a la Transparencia en Sinaloa”, otorgado por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP). Este reconocimiento no es menor: se concede a las instituciones que se distinguen por su compromiso con la rendición de cuentas y el acceso a la información. ¿Qué mayor evidencia se necesita para desmontar la narrativa de quienes hoy cuestionan sin fundamentos?
La contradicción es aún más evidente cuando se observa que el propio diputado Sergio Torres forma parte de la Contraloría Social recientemente instalada, mecanismo creado precisamente para supervisar el uso de los recursos de la universidad. Si verdaderamente tuviera un interés legítimo en la fiscalización, sería a través de ese canal donde debería encaminar su energía. Pero no, prefiere el escándalo, el reflector, la declaración mediática fácil que le granjee unos minutos en los noticiarios y algunos likes en redes sociales.
Sergio Torres no es, precisamente, una figura que pueda dar lecciones de moral pública. Su historial como presidente municipal de Culiacán está plagado de observaciones por parte de los órganos fiscalizadores. No solo eso: su propio sucesor lo acusó de provocar un daño patrimonial a las arcas del municipio, señalamiento que sigue pesando sobre su reputación política. Hablamos de un personaje cuya gestión ha sido cuestionada tanto por instancias federales como estatales. ¿De verdad es él quien viene a cuestionar la transparencia de una institución como la UAS?
Quien tiene techo de vidrio no debería lanzar piedras. Torres Félix carece de la autoridad moral para hablar de rendición de cuentas cuando su paso por la administración pública ha estado marcado por irregularidades y señalamientos graves. Su propuesta, lejos de representar una preocupación auténtica por el destino de los recursos públicos, es una maniobra política que busca reposicionarlo en el escenario electoral, utilizando a una institución educativa como rehén de sus ambiciones personales.
La Universidad Autónoma de Sinaloa ha sido, históricamente, una institución comprometida con la formación académica, la ciencia, la cultura y el servicio a la sociedad. Miles de jóvenes sinaloenses han encontrado en sus aulas una oportunidad de superación. Sus egresados ocupan puestos clave en la administración pública, la empresa privada, la educación y la salud. Sus investigadores contribuyen al desarrollo regional, y sus programas sociales alcanzan a los sectores más vulnerables. Esa es la verdadera cara de la Casa Rosalina: una universidad viva, en constante evolución, transparente y al servicio de su gente.
Resulta lamentable que los embates políticos pretendan desviar la atención de los verdaderos logros universitarios. La UAS no necesita ser defendida porque tenga algo que ocultar; se le defiende porque ha demostrado con hechos, año tras año, que cumple con la ley, que respeta los procesos de fiscalización y que apuesta por una gestión pública eficiente y clara.
Es momento de que las y los sinaloenses cerremos filas en torno a nuestras instituciones. No se puede permitir que las universidades públicas se conviertan en trincheras de lucha política, ni que su prestigio se vea empañado por intereses mezquinos. Defender a la UAS no es defender a una administración; es defender el derecho de miles de jóvenes a una educación digna, el derecho de la sociedad a una institución fuerte, autónoma y comprometida.
