Auditar a la auditora
Álvaro Aragón Ayala
Una semana antes de que Mario López Valdez concluyera su mandato estatal, el jueves 22 de diciembre del 2016 renunció a la Auditoría Superior del Estado, Antonio Vega Gaxiola, para que Quirino Ordaz Coppel comenzara a operar la entronización de Emma Guadalupe Félix Rivera en el órgano fiscalizador del Congreso del Estado, iniciando así otra era de ocultamiento y protección de despilfarros, saqueos y desvíos de recursos públicos.
Desde el triunfo de Quirino Ordaz Coppel como gobernador de Sinaloa se especulaba la caída, con disfraz de dimisión, de Vega Gaxiola, quien llegó a la ASE a sustituir a Marco Antonio Fox Cruz, quien murió en un accidente automovilístico. El 14 de del 2017, Emma Guadalupe Félix tomó posesión de la Auditoría Superior del Estado por un periodo de 7 años al cumplir el principal requisito exigido por el gobernador: sumisión y complicidad plena.
A Guadalupe Félix Rivera le quedan “por ley” 2 años y medio de ejercicio al frente de la ASE, pero sobre ella pesan las voces de los diputados de Morena que la vinculan a los despilfarros y desvíos de recursos e incluso actos de rapiñaje que se le atribuyen al gobernador saliente Quirino Ordaz Coppel, quien ha hecho y deshecho con el presupuesto de egresos del estado ante el silencio y la complicidad de la auditora.
Una semana después de su salida, Vega Gaxiola rompió el silencio y dijo que se encontraba bajo demasiada presión y blasonó acciones históricas al interior del órgano de fiscalización como las 93 denuncias penales que llevó ante la Procuraduría de Justicia de Sinaloa (hoy Fiscalía) y que según precisó, “nunca avanzaron”.
“Yo tomé la decisión de retirarme, dejar el espacio para que haya una nueva reingeniería, vean si se pueden hacer las cosas, creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que es saludable que se busque cómo se avanzan más las cosas”, explicó Vega.
Sin embargo, con Ema Guadalupe Félix Rivera la reingeniería nunca llegó y los avances fueron hacia atrás, en reversa; incluso, al interior de la propia Auditoría priva el agandalle de su presupuesto ya que los funcionarios de primer nivel se despachan salarios superiores a los 64 mil pesos en detrimento de auditores que ganan 11 o 22 mil pesos mensuales.
Guadalupe Félix Rivera se encargó de “operar” la desaparición, con la falta de “gestoría” o empuje jurídico, de las 93 denuncias penales que Antonio Vega Gaxiola llevó ante la Procuraduría (Fiscalía) y tuvo bajo su responsabilidad, por consigna del gobernador, la “limpieza” los expedientes de funcionarios de la administración malovista y de “no tocar ni con el pétalo de una rosa” a los integrantes del gabinete actual involucrados en una serie de delitos graves por el uso inadecuado de los recursos y ejercicio irregular de la administración pública.
De acuerdo a la ley, la facultad del Congreso del Estado de revisar y fiscalizar las cuentas públicas recae en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, “y para tal efecto gozará de plena independencia y autonomía técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa…”. En la práctica no depende del Congreso sino del gobernador Quirino Ordaz que acota para su propia protección y beneficio la autonomía técnica y de gestión de la auditoría.
Los principios rectores de la fiscalía superior de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad son “letras muertas”, razón por la cual los diputados de Morena que van de salida y los que están por entrar que pertenecen a ese partido y uno del PRI que se declarará independiente, son ya de la idea de solicitar los servicios de una empresa auditora de alto nivel para que practique una auditoría forense a Emma Guadalupe Félix.
Es generalizada la certeza y percepción de que la auditora “le da atole con el dedo” al Congreso y le entrega “puras cuentas mochas” de una forma tan natural como si no estuviera infringiendo la Ley de la Auditoría Superior, la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, Ley del Sistema Anticorrupción y otros ordenamientos legales.
La auditora merece ser auditada, sometida a juicio político y cesada, es el consenso entre los diputados de Morena, que descalifican las auditorías “de protección” que practica a los entes de gobierno estatal. En ese sentido, ciudadanos y diputados le exigen Emma Guadalupe Félix Rivera que practique 41 auditorías específicas a igual número de funcionarios o instituciones públicas, lo que da una idea de que no está cumpliendo cabalmente con sus funciones.
En el artículo “¿Cuál será el destino de la auditora estatal?” quedó claro que la auditoría gubernamental es una de las herramientas más importantes para lograr la transparencia plena y la rendición de cuentas de los funcionarios de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Ahí se precisó:
“No es casualidad entonces de que el nombre y el destino de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, sea tema de discusión entre los personajes que habrían de integrar la Comisión de Entrega-Recepción (transferencia del gobierno de Quirino Ordaz al de Rubén Rocha Moya) ya que su falta de eficiencia y eficacia mantiene bajo sospecha el uso de los recursos públicos de la casi la totalidad de las dependencias del gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
No es gratuito ni producto de la casualidad de que el Congreso Local le exija a la auditora Guadalupe Félix 41 auditorías específicas a igual número de funcionarios o entes públicos.
Quienes le entienden a cabalidad a la agenda de la Entrega-Recepción, saben que los informes que ofrezca la auditora sobre el estado que guardan cada una de las dependencias es básica para que el proceso se desarrolle con normalidad.
Pero si la Auditoría Estatal falla en el cumplimiento de sus obligaciones la dinámica de la cesión de documentos contables-administrativos pudiera llenarse de “anexos” por comprobar o por revisar por la ausencia de orden o de una autoridad que no cumplió a cabalidad con sus funciones de supervisión y escrutinio.
En el ejercicio legal de la Entrega-Recepción, Emma Guadalupe está obligada, por ley y por la normativa que exigen el combate a la corrupción, a aportar el resultado de las auditorías terminadas y las que están en curso, para determinar, sin sospechas o “cuentas mochas”, el cumplimiento de aspectos legales y la veracidad de la información financiera y presupuestal que se le dará al equipo del gobernador electo.
Solo así, con datos duros y confiables, se podrá agregar en los “anexos” –naturales en todo proceso de Entrega-Recepción- los hallazgos significativos resultantes del examen, presentando comentarios, conclusiones y recomendaciones constructivas.
Después de su renuncia, allá por el 2 de enero del 2017, Antonio Vega Gaxiola dijo que en la Auditoría Superior del Estado “no hay autonomía plena, no hay autonomía presupuestaria, todo lo que se tiene que hacer depende del Congreso; hemos solicitado mucho tiempo que las cuentas públicas sean anualizadas, se hizo el dictamen, se presentó la iniciativa, pero no avanzamos. Viene un cambio muy importante en el ámbito del Sistema Nacional Anticorrupción y solicitamos un incremento presupuestal, pero no hay tal. Se requiere contratar más personal, fortalecer el área jurídica, hay limitantes presupuestales y esperemos que con esta nueva administración (de la Quirino Ordaz)pues se den las cosas”
En julio del 2021, con plena precisión se puede afirmar que la Auditoría Superior del Estado no tiene autonomía, pero no depende del Congreso Local, sino del gobernador Quirino Ordaz Coppel y que nada ha cambiado aún con todo y el Sistema Estatal Anticorrupción y los órganos encargados de darle transparencia a la aplicación y manejo de los recursos públicos.
El destino de la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera cuelga de un delgado hilo….
