La Semarnat reclama a panel del T-MEC por denuncias ambientalistas
Verónica Espinosa
El gobierno federal recriminó a la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), organismo derivado del T-MEC, que diera entrada a una queja interpuesta por organizaciones ambientalistas que denunciaron el incumplimiento de la normatividad en la materia en la construcción del megaproyecto ferroviario del tren de Sonora, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y solicitó que sea desestimada, pues, aseguró, la obra cumple las normas y, además, fortalecerá la relación comercial entre México y Estados Unidos.
Mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio respuesta a una solicitud de reporte que le requirió el Secretariado de la Comisión al admitir la queja, que fue presentada por las organizaciones civiles Defensa Ambiental del Noroeste, con sede en México, y el Centro para la Diversidad Biológica, establecida en Estados Unidos.
Basados sobre opiniones de organismos como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el gobierno federal afirma que “los impactos que pudieran ocasionarse por el desarrollo de la obra no se consideraron graves o irreparables” y que en la autorización definitiva que se otorgó se establecieron medidas de mitigación y compensación en materia ambiental.
En este informe la Semarnat también reveló que algunas de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), que según la queja de las organizaciones están en riesgo por la realización del proyecto ferroviario, ya no tienen esa certificación, pues ésta fue cancelada, de acuerdo con la propia Conanp, por lo que la obra ya no tendría que regularse por el régimen de protección para este tipo de reservas.
“Los peticionarios señalaron que el proyecto impactaba un ANP. Sin embargo, se ha demostrado que dicha afirmación es incorrecta, toda vez que las zonas que podían verse afectadas por el trazo del Proyecto Ferroviario dejaron de contar con la categoría de ADVC (áreas de conservación voluntaria), conforme a la solicitud de cancelación anticipada de los certificados correspondientes”, expone el informe entregado por la Semarnat al CCA.
Esa cancelación fue confirmada por la Dirección Regional Noreste y Alto Golfo de California, una de las nueve direcciones administrativas de la Conanp para el manejo de las áreas naturales protegidas del país, por lo cual, se afirma, “las disposiciones aplicables a éstas no tienen relevancia en la petición que nos ocupa”.
Para el gobierno mexicano, “el Secretariado (de la CCA) admitió indebidamente la petición” para revisar el cumplimiento de las normas ambientales del proyecto.
Una petición es un documento presentado por escrito ante el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental, en el que se asevera que Canadá, México o Estados Unidos están incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental.
Este “error”, dijo el gobierno mexicano, “afecta la certeza y el equilibrio del mecanismo de peticiones” porque permite que se admitan casos que desde su punto de vista incumplen con los requisitos, “lo que genera un precedente contrario a la legalidad, poniendo en riesgo la validez” de este mecanismo trilateral, expuso.
El gobierno de la 4T justificó el haber iniciado la obra con una “autorización provisional” ambiental no prevista en las leyes en la materia –uno de los motivos de la queja interpuesta por organizaciones civiles contra el proyecto– con base en el acuerdo del expresidente Andrés Manuel López Obrador que declaró “de interés público y seguridad nacional, así como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional” obras de infraestructura en su gobierno.
Con este acuerdo, López Obrador dio luz verde para que proyectos como el Tren Maya y otros que fueron emblema de su administración iniciaran sin tener que esperar las manifestaciones de impacto ambiental y otras licencias y permisos requeridos.
El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2021. Aunque posteriormente fue motivo de una controversia constitucional y fue declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 18 de mayo de 2023, se consideró válido para la autorización provisional en el caso del proyecto ferroviario de Sonora, que se otorgó el 12 de mayo de ese mismo año, apenas unos días antes de la resolución de la Corte.
De esta manera, mientras era vigente la autorización provisional -por el plazo de un año-, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora (SIDUR) tramitó la autorización definitiva, misma que fue otorgada por la Semarnat después de hacer una revisión física y documental en la que, según aseguró, no se detectaron afectaciones o posibles impactos severos por el proyecto.
Incluso, en la respuesta a la CCA el gobierno mexicano resalta que la autorización provisional “permitió garantizar la ejecución oportuna del proyecto dentro del marco legal”, y que a fin de cuentas se logró cumplir con los requisitos ambientales exigidos.
“El actuar de las autoridades competentes ha sido transparente, diligente y apegado a los principios de legalidad y buena fe que rigen estos procedimientos”, asegura la Semarnat, como autoridad observada, en su respuesta al organismo ambiental derivado del T-MEC.
