UIF, SAT y FGR investigan a Creel y Anaya por red financiera de factureras

Miguel Badillo

Exsecretario de Gobernación, expresidente del Senado de la República y actual diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel Miranda es investigado junto con su hijo Santiago Creel Garza-Ríos y el excandidato panista a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, por participar supuestamente en una intrincada red financiera que vincula a políticos y despachos de abogados con empresas acusadas de facturar operaciones sospechosas (EFOS), defraudar al fisco y participar en lavado dinero producto del narcotráfico.

De acuerdo con expedientes abiertos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en la Fiscalía General de la República (FGR), están identificadas 36 empresas, la mayoría con sede en Zapopan, Jalisco –principal centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)–, que utilizan a seis despachos de abogados como representantes legales y a través de los cuales, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se triangulan millones de pesos provenientes de presuntas actividades ilícitas para financiar a políticos panistas.

En el centro de estas investigaciones está el presidente de la Comisión Política del PAN y principal convocante de este partido de derecha para establecer una vía de comunicación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: el legislador panista Creel Miranda, quien junto con su hijo –que también es abogado, Santiago Creel Garza-Ríos– ha recibido recursos millonarios de otros despachos y de empresas plenamente identificadas por las autoridades financieras de participar en la elaboración de facturas apócrifas, evadir al fisco y crear empresas fantasmas para el blanqueo de capitales.

De acuerdo con las indagatorias y documentos oficiales obtenidos por Contralínea, el panista Creel Miranda recibió, entre 2015 y 2021, más de 80 millones de pesos de la nómina del despacho Suma de Capacidades, SC, con el cual también mantiene una relación de sociedad y, al mismo tiempo, ese bufete obtiene principalmente sus ingresos de otro grupo de abogados: Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, el cual le hizo depósitos por 26.1 millones de pesos.

Para conocer la opinión de Creel Miranda sobre las investigaciones financiera y ministerial que llevan a cabo las autoridades, se solicitó en varias ocasiones una entrevista con el diputado a través de su oficina en el grupo parlamentario del PAN, en donde su secretaria Lupita Domínguez atendió la llamada y preguntó los temas de interés, por lo que se le explicó brevemente la información contenida en las indagatorias oficiales, y dijo que le pasaría el mensaje al secretario particular Alain León Rasseti, quien nunca contestó la llamada.

Contralínea también buscó al hijo del diputado Creel, el abogado Santiago Creel Garza Ríos, para que opinara sobre la investigación en cuestión, y en su despacho dijeron que le pasarían el recado, pero por estar fuera de la ciudad no podía atender la llamada.

Según el organigrama de las operaciones financieras sospechosas, del despacho Suma de Capacidades SC, también salieron recursos por 4.1 millones de pesos para el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, actualmente sujeto a investigación penal por presunto involucramiento en una red de sobornos que recibieron de Petróleos Mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto para que legisladores panistas aprobaran la llamada reforma energética.

Como se sabe, Santiago Creel –socio y fundador del despacho Creel, García y Asociados– fue el principal asesor y coordinador de campaña de Ricardo Anaya cuando éste fue candidato por el PAN a la Presidencia de la República en 2018, y cuya contienda perdió frente al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

El hijo de Creel Miranda, Santiago Creel Garza Ríos, recibió transferencias de 42 millones de pesos entre 2016 y 2018, como nómina de varias empresas que forman parte de la red de factureras que están plenamente identificadas por las autoridades hacendarias; mientras que el despacho del cual es socio –Creel Rodríguez y Abogados– también registra ingresos de ese grupo de empresas: 12.6 millones de Barentsa; 4.9 millones de Gimenn, y 1.7 millones de Servicios Administrativos Zenith. Además, recibió transferencias por 8.7 millones de Dicipa y 3.3 millones de NN Asesoría Jurídica Nassar Nassar.

El hijo del exsecretario de Gobernación en el gobierno de Fox también mantiene alguna relación de sociedad o como representante legal de las siguientes empresas, según reportes de la UIF y el SAT: Canabisa, Corporativo BMW 360, CSL Offshore (creada en 2021); MBW Adventours y Operadora de Bares Colmillo.

El despacho Creel Rodríguez y Abogados tiene como socios además de Creel Garza Ríos a Sebastián Felipe Rodríguez Robles –identificado como uno de los operadores principales de Juan Sabines Guerrero, exgobernador de Chiapas–, quien entre 2016 y 2018 recibió 5 millones de pesos de la red de empresas factureras. También aparece Miguel Ángel López Sánchez, quien representa legalmente a Consultores Killer, quien registra ingresos de nómina de dichas empresas por 5.9 millones en el periodo de 2015 y 2020; y un tercer socio es Iván Daniel Nicolás Marín, quien recibió 1 millón de pesos entre 2015 y 2020.

Las autoridades financieras identifican también una fuerte operación por 814 millones de pesos, que habría facturado Consultores Especializados Killer a la red de empresas factureras que a su vez pagan a los despachos de abogados, dinero que por su volumen se investiga su origen, pues hay la presunción de que pueda ser dinero producto del narcotráfico, concretamente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Esta empresa Consultores Especializados Killer, de acuerdo con oficios de las autoridades financieras y publicaciones del Diario Oficial de la Federación, ha sido identificada como parte de “una red de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para presentar los servicios de producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”. Es decir, es una Empresa Facturera de Operaciones Sospechosas (EFOS) y por el monto que maneja sin personal ni capacidad productiva, se considera que está “lavando” dinero del narcotráfico.

El despacho Creel Rodríguez y Abogados transfirió además 338 mil pesos a la empresa constructora Jar State Corp, con oficinas en la Ciudad de México.

La maquinación de estas “operaciones sospechosas”, como las clasifican la UIF y el SAT, se inicia con el despacho de abogados Suma de Capacidades, SC, el cual es identificado por las autoridades como una empresa concentradora de recursos y mediante la cual otros despachos triangulan fondos provenientes de empresas factureras identificadas como EFOS.

Vinculan a seis despachos de abogados con “empresas factureras”

De acuerdo con documentos contenidos en el expediente, los seis despachos de abogados involucrados son: Creel, García y Asociados, constituido en 2020; Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes; Suma de Capacidades; Creel, Rodríguez y Abogados; Aguilar, Sierra y Asociados; GPL Abogados, los cuales según las indagatorias financieras reciben parte de los recursos que provienen de empresas que realizan operaciones simuladas para blanquear dinero y evadir el pago de impuestos.

El diputado panista Creel Miranda es el socio principal de Suma de Capacidades, de donde obtiene su mayor ingreso, y de acuerdo con información oficial, esa empresa recibe dinero principalmente de los despachos de abogados Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes; Aguilar Sierra y Asociados, y GPL Abogados.

Suma de Capacidades también recibió ingresos millonarios de otros despachos: Aguilar, Sierra y Asociados le transfirió 12.9 millones de pesos; Creel, Rodríguez y Abogados, 8.2 millones de pesos; C Claro (socio de Alpha Credit), 4.3 millones; GPL Abogados, 3.4 millones de pesos.

El socio principal de Aguilar, Sierra y Asociados es Eduardo Ismael Aguilar Sierra, quien es representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral y cuyo despacho recibió 3.4 millones de pesos de municipios gobernados por panistas: Mérida, Yucatán, 3.4 millones, y Reynosa, Tamaulipas, 2.7 millones; así como otros 5.2 millones de pesos del Partido Encuentro Social.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Miguel Ángel González Pastellini Laparelli, propietario del despacho GPL Abogados, recibió 16 millones de pesos de una red de empresas factureras, mismas que aportaron otros 3.6 millones para la Inmobiliaria Gonasa, de la cual es socio el mismo Pastellini.

El despacho Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, con oficinas en las ciudades de México y de Guadalajara (socios: César Alejandro Rincón Mayorga, Joaquín Ramos Ramos, Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández) recibió en 2017 nómina de tres EFOS definitivos.

Los abogados Rincón Salas y Román Hernández son defensores de la familia Jenkins y se encuentran prófugos porque hay órdenes de aprehensión en su contra por su participación en el litigio por presunta malversación de fondos en la Fundación Mary Street Jenkins y la Universidad de la Américas de Puebla (UDLAP).

Según las investigaciones fiscales y judiciales, estos cuatro abogados del despacho Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes tienen relación directa con empresas factureras con sede en Guadalajara, Jalisco. Algunas de las que recibieron transferencias de dinero son: Hochhaus, SA de CV; Ingeniería Proyectos y Tratamientos Ecológico de Residuales, y Comercializadora Avelino.

Este mismo despacho de Rincón recibió ingresos por 798 millones de pesos del Fondo Nacional de Turismo de Colombia; 152 millones de Veolia Aguascalientes; 34.5 millones de Jorge Carlos Vergara Madrigal, finado y quien fuera presidente de Omnilife y del Club Chivas.

Además, recibió transferencias por 20.4 millones de pesos de Reforma Bicentenario, empresa que fue financiada con 69.3 millones de pesos por la UDLAP Jenkins Graduate School, y otros 4.7 millones de la Fundación Mary Street Jenkins.

Otro de los socios del despacho Suma de Capacidades, SC, es Rodrigo Ortínez Zavala, quien representa legalmente a 66 empresas, la mayoría de ellas con domicilio en la colonia Roma Norte, Ciudad de México, y es también representante de la empresa Naveste, que entre 2018 y 2020 obtuvo ingresos por 173 millones de pesos y su gasto apenas fue de 2 millones.

Creel rechaza que él y su hijo reciban dinero de empresas factureras Para conocer la versión del político panista Santiago Creel Miranda, se solicitó por más de un mes una entrevista. Antes del cierre de esta edición, el abogado accedió a responder un cuestionario que le fue enviado a través de un tercero. A continuación, la respuesta del diputado panista: Le saludo e inicio con una nota de previo y especial pronunciamiento: un abogado/a está sujeto/a al secreto profesional, esta medida es fundamental en una sociedad democrática y encuentra su fundamento en los derechos constitucionales al libre ejercicio de la profesión, la intimidad, la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Cualquier abogado/a tiene el deber y derecho de preservar la confidencialidad de la información de sus clientes, que incluye, los nombres, la naturaleza de los asuntos, y en general cualquier información que el cliente no autorice hacerla pública. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 213 del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y el artículo 36 de la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, me encuentro impedido para hacer pública la información referente a las personas, sus datos personales, asociados a su actividades no públicas, incluyendo posibles ingresos privados y la información oficial que por ley está reservada. Ante esta situación, pero con el ánimo de responder al cuestionario que me hizo el favor de enviar, a continuación respondo con la suficiente claridad, que no debe dejar dudas, de la legalidad, honorabilidad, trasparencia y profesionalismo, con la cual mi hijo, el Lic. Santiago Creel Garza Ríos y el suscrito, Lic. Santiago Creel Miranda, nos conducimos al prestar nuestros servicios legales como abogados. Para mi, el despacho de abogado y mi actividad política nunca han estado mezcladas, jamás he relacionado lo uno con lo otro. 1. ¿Tiene conocimiento de los expedientes abiertos en la UIF, el SAT y la FGR sobre usted y su hijo, el también abogado Santiago Creel Garza-Ríos? R. No tengo conocimiento alguno, me sorprende el cuestionario, durante toda mi vida profesional, de abogado o en la actividad política -siendo ambas bastante longevas-, nunca he tenido problemas con la ley, con las autoridades, ni tampoco he sido sujeto de demandas por parte de particulares. 2. Hay una red financiera de empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) que transfieren millones de pesos a despachos de abogados, entre éstos se menciona a usted y a su hijo, ¿cuál es su opinión al respecto? R. Si alguien ha hecho alguna mención de esa naturaleza o similar, sea por estar mal informado, o de plano por mala fe, en su momento, cuando he tenido oportunidad de hacerlo, han sido desmentidas, por ser absolutamente falsas, lo que aquí hoy ratifico. 3. Autoridades financieras identifican a 36 empresas que operan desde Zapopan, Jalisco, y están plenamente identificadas de participar en la elaboración de facturas apócrifas, evadir al fisco y crear empresas fantasmas para el blanqueo de capitales, principalmente para el Cártel Jalisco Nueva Generación, y según las investigaciones incluidas en los expedientes, algunas de esas empresas triangulan recursos millonarios a despachos de abogados que los representan y asesoran legalmente. Algunos de éstos han hecho depósitos a usted y a su hijo, ¿sabía usted que se trata de dinero sucio? R. Los servicios profesionales que se prestan, se otorgan a clientes perfectamente autorizados e identificables por su nombre, razón social y registros oficiales, con lo cuales se conviene un cobro de honorarios siempre sujeto al pago de los impuestos correspondientes, además, de ser objeto de la declaración fiscal respectiva. 4. De acuerdo con los registros financieros, entre 2015 y 2021, usted recibió más de 80 millones de pesos del despacho Suma de Capacidades, SC, con el cual mantiene una relación de sociedad, y esta empresa obtiene principalmente sus ingresos del bufete de abogados Rincón, Mayorga, Román, Abogados Litigantes, el cual le hizo depósitos por 26.1 millones y tiene relación de negocios con empresas factureras. ¿Qué opina de esto? R. Reitero, todos los ingresos que percibo, sea por mis actividades profesionales u otras distintas, han sido debidamente declarados ante las autoridades competentes y se han pagados los impuestos correspondientes, los cuales a su vez cuentan con los registros de montos exactos, por ingreso y rubro. Cada ingreso ha sido transferido con la debida trasparencia y legalidad, al través del sistema bancario, el cual evidencia su origen y el destino de cada ingreso y ciertamente, esto ha sido una práctica constante, que rebasa con creces el lapso de tiempo de seis años, al que se refiere el cuestionario. 5. ¿Usted es el principal socio del despacho Suma de Capacidades? y ¿Por qué esta empresa recibió transferencias de otros despachos de abogados? R. Los servicios profesionales que llevo a cabo, los presto tanto a despachos de abogados como a clientes directamente, lo cual es perfectamente válido y legal, está dentro de mis capacidades legales y dentro de los distintos objetos sociales de las diferentes sociedades en las que legalmente formo parte. No existe norma que impida que un despacho de abogados esté impedido a prestar su servicios profesionales a otro despacho, sobretodo, en una época donde la experiencia es altamente valorada, junto con las alianzas estratégicas forjadas entre diferentes despachos de abogados, que cuentan con especialidades distintas, la cual es una práctica común no sólo en México, si no también en el extranjero. 6. ¿Usted autorizó la transferencia de Suma de Capacidades por 4.1 millones de pesos para el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés? R. No existe impedimento legal alguno para contratar servicios profesionales de quien esté capacitado para ello, de hecho, cuento con distintos profesionales en diferentes materias que apoyan mis actividades. 7. Su hijo Santiago Creel Garza Ríos recibió transferencias por 42 millones de pesos en sólo dos años (2016 y 2018), como nómina de varias empresas que forman parte de la red de factureras identificadas por las autoridades hacendarias; mientras que el despacho del cual es socio –Creel Rodríguez y Abogados– también registra ingresos de ese grupo de empresas: 12.6 millones de Barentsa; 4.9 millones de Gimenn, y 1.7 millones de Servicios Administrativos Zenith. Además, recibió transferencias por 8.7 millones de Dicipa y 3.3 millones de NN Asesoría Jurídica Nassar Nassar. ¿Algún comentario al respecto? R. Respuesta en los mismos términos que se han contestado las anteriores, claro, referidas a los hechos que ahí se mencionan. 8. De acuerdo con las indagatorias de la UIF y el SAT, la maquinación de estas operaciones sospechosas se inicia con el despacho de abogados Suma de Capacidades, SC, el cual es identificado como una empresa concentradora de recursos y mediante la cual otros despachos triangulan fondos provenientes de empresas factureras identificadas como EFOS. ¿Alguna opinión al respecto? R. Respuesta en los mismos términos que se han contestado las anteriores, claro, referidas a los hechos que ahí se mencionan. 9. Este lunes inician las mesas de diálogo entre representantes del PAN con el gobierno de la República, ¿estas investigaciones en su contra pueden interferir en esas negociaciones? R. No veo ninguna relación. El diálogo político entre el PAN y la actual administración tiene su propio carril y sabemos que los resultados de él serán de gran beneficio para todas y todos los mexicanos. Por eso lo propusimos. Pronto estaremos detallando tiempos y formas. Las materias de este cuestionario no tienen ninguna relación con este ejercicio político que estamos impulsando.

Lista de empresas identificadas por la UIF y el SAT como factureras (EFOS) HochhausIngeniería Proyectos y Tratamientos Ecológico ResidualesComercializadora AvelinoGodrickSemper LogisticFrankfurt SisProteak UnoWagner & KrausDumkaHeikyFinn PartnershipCob EsollorGeo MagnificentEjecutivo PrestMayorgga asesoríasRathlin ServicesVassallo CorporativoRory CrownCorporativo ArmentiaGCFPDak EllizKroket DassGrupo CrackoSierra BerberaRokfeloAxsonyGrupo SotemAlfa KonteckClonsultores KapddaQuar SolutionsBlusaxeZandoriKlogemaNosde LamSimarikLubriware

Nervioso y preocupado, Creel busca diálogo con AMLO Una imagen inusual fue ver a Santiago Creel a las puertas de Palacio Nacional para solicitar –mediante un escrito– una reunión con el presidente de la República, igual como lo hiciera hace varios meses el perredista Silvano Aureoles Conejo –cuando todavía era gobernador de Michoacán y que ya sentía a sus espaldas los pasos de la justicia por los desfalcos en su administración y que hasta ahora sus corruptelas han quedado al descubierto por el actual gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla. Aunque el presidente López Obrador no recibió a Creel Miranda, sí ordenó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recibir al dirigente panista, en donde se acordó que el 10 de enero de 2022 se inicien mesas de diálogo entre el gobierno federal y la dirigencia del PAN con el propósito de lograr consensos en temas de seguridad, salud, energía, economía, democracia y medio ambiente. Con esta negociación promovida por Santiago Creel Miranda, el panista podría quedar a salvo de cualquier investigación fiscal y judicial en su contra que el actual gobierno de la 4T esté promoviendo en su contra.

Con información de Contralínea