“La violencia y la crisis no pueden seguir destruyendo nuestras vidas”: Paloma Sánchez

* “Urgente” que Claudia Sheinbaum y el Gobernador Rubén Rocha Moya atiendan la emergencia que viven los sinaloenses.

* “No queremos la renuncia del gobernador morenista Rubén Rocha Moya. Que cumpla con su responsabilidad, que trabaje para que regrese la paz”, señaló la senadora del PRI.

 En conferencia de prensa realizada en martes en el Senado de la República y acompañada por representantes de empresarios, académicos y miembros de la sociedad civil de Sinaloa la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Paloma Sánchez Ramos, hizo un fuerte y enérgico llamado al Gobierno Federal para que atienda la emergencia que viven los sinaloenses desde hace 85 días. “No podemos seguir esperando. Es hora de que la federación actúe con responsabilidad y decisión ante el sufrimiento que enfrentamos. La violencia y la crisis económica no pueden seguir destruyendo nuestras vidas y nuestro futuro”, afirmó.

La legisladora sinaloense dijo que es insostenible la situación de violencia que enfrenta el estado. “Desde el pasado 9 de septiembre, Sinaloa ha sido escenario de una ola de violencia sin precedentes, con un saldo trágico de 523 homicidios, 582 personas desaparecidas, mil 666 vehículos robados y 672 negocios saqueados. Este espiral de terror ha generado un daño económico estimado en al menos 18 mil millones de pesos”.

Asimismo, condenó los incidentes de violencia ocurridos esta madrugada, cuando dos cuerpos mutilados fueron dejados frente a la Unidad de Servicios Estatales y un dron bomba hizo explotar un vehículo en la Limita de Itaje, intensificando el miedo y la incertidumbre entre los sinaloenses.  Para la senadora Paloma Sánchez, lo más grave de esta crisis es la normalización de la violencia, un fenómeno que se ha vuelto parte del día a día de los ciudadanos, quienes se ven obligados a vivir bajo constante amenaza.

A pregunta expresa sobre si es necesaria la renuncia del gobernador morenista Rubén Rocha Moya, ante la falta de resultados, la senadora Paloma Sánchez dijo: “estoy convencida que la estrategia del gobierno es minimizar la violencia, pero los muertos les caen todos los días y los bofetean; ya muchos en Sinaloa están desesperados, nosotros no estamos pidiendo la desaparición de poderes, queremos que el gobernador trabaje, tampoco pedimos la cabeza del gobernador, porque eso provocaría una mayor crisis, queremos que regrese la paz, queremos resultados”.

“Yo creo que el gobierno local está superado, que hace falta la intervención de las fuerzas federales, porque en Culiacán las calles están solas por el miedo, y lo único que hacen las autoridades es pedir que la ciudadanía salga a las calles, que los niños vayan a la escuela; esto no es posible, porque la gente tiene miedo, porque a diario ocurren hechos violentos y las imágenes que vemos son de terror”, dijo.

La Senadora denunció también la catástrofe económica que ha dejado a más de 25 mil personas sin empleo y ha obligado a cientos de pequeños y medianos empresarios a cerrar sus negocios. Muchos de estos empresarios, especialmente aquellos que recién están comenzando sus operaciones, han advertido que diciembre podría ser su último mes de actividad si no se reciben apoyos inmediatos. Esta situación ha puesto a Sinaloa al borde del colapso económico.

En la conferencia de prensa estuvo presente la presidenta de COPARMEX Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, quien reprochó al gobierno federal y estatal por la falta de soluciones. “Teníamos la esperanza que tuvieran empatía con nosotros y que nos ayudaran en esta crisis y emergencia económica; sin embargo, nosotros al igual que la senadora Sánchez Ramos no queremos la cabeza del gobernador, queremos que él nos escuche porque tenemos propuestas que pueden dar solución a esta crisis”.

Por su parte, Cristina Ibarra Armenta, académica e investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) e integrante del Colegio de Economistas de Sinaloa, alertó que, si no se pone un alto a la violencia e inseguridad el estado podría una disminución del 3.5 por ciento del PIB estatal.

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