Avanza reforma para alternancia de género; pasa en comisiones del Senado
Leticias Robles de la Rosa
Con el voto unánime del oficialismo y la ausencia de la oposición, las comisiones unidas del Senado aprobaron la reforma constitucional que obliga a la alternancia de género en la Presidencia de la República, las gubernaturas y las presidencias municipales.
Los nombramientos de las personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios deberán observar el principio de paridad de género. Las leyes determinarán las formas y modalidades que correspondan”, dice la propuesta para modificar totalmente el segundo párrafo del artículo 41 constitucional.
Actualmente, el segundo artículo 41 constitucional dice que “la ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio”.
La propuesta presidencial lleva a la Constitución una dinámica de paridad de género que comenzó a operar en México por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero que carece de sustento legal, pues sólo se han realizado acuerdos del INE para obligar a los partidos políticos a presentar candidaturas de mujeres para gubernaturas y ha sido el propio INE el que ha decidido qué gubernaturas se definían con base en sólo candidatas.
Pero ahora, por primera vez en todos los cargos de titulares de gobierno en los tres niveles de gobierno será obligación que se alternen por género.
La reforma al artículo 41 plantea la paridad de género en la elección de titulares de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, y esta reforma es crucial para consolidar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad.
Hoy más que nunca debemos asegurar que las mujeres estén presentes en todos los espacios de toma de decisiones, no como un gesto simbólico ni como una graciosa concesión, sino como un derecho indiscutible por el que hemos luchado por generaciones”, destacó la senadora Ana Lilia Rivera.
La primera reforma constitucional enviada por la Presidenta que le aprueba el Senado establece que la igualdad de género tendrá que ser transversal en todos los ámbitos de la vida nacional, incluida la política.
El régimen transitorio dispone que el Congreso de la Unión tendrá 90 días y los Congresos estatales 180 días para hacer las adecuaciones legales que corresponden, lo que implica que la alternancia se aplicará en las elecciones que se realicen el próximo año en gubernaturas y presidencias municipales; además, aplicará para la próxima sucesión en la Presidencia.
… Y QUE FEMINICIDIOS SEAN DELITOS FEDERALES
Los feminicidios y otros delitos contra las mujeres serán delitos federales, de acuerdo con su gravedad y los criterios de ley que se apliquen, establece la reforma constitucional de igualdad sustantiva que se aprobó en las comisiones del Senado.
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexión con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
También podrán conocer de las medidas de protección que deriven de violencia de género o de delitos del fuero común por razones de género”, dice la reforma.
Aprobada anoche por comisiones unidas del Senado, con 37 votos en favor y cero en contra, pero con la ausencia de la oposición, la propuesta presidencial a reformar la Constitución establece que “toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños”.
En la exposición de motivos, la reforma establece que “el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho fundamental que busca garantizar que las mujeres puedan vivir sin sufrir agresiones simbólicas, psicoemocional, patrimonial, económica, vicaria, física, obstétrica, reproductiva, digital, sexual o feminicida, tanto en el ámbito privado como público.
Otra parte de la reforma es para elevar a nivel constitucional que “para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, deberán prever que las instituciones de procuración de justicia cuenten con fiscalías de investigación de delitos por razones de género”.
