Los entretelones de Pemex y Oro Negro en el arbitraje internacional
Ana Lilia Pérez
En el litigio ante el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en que accionistas de Oro Negro demandaban a México más de 270 millones de dólares, el Tribunal resolvió a favor del país. Al determinar que no se tenía jurisdicción para resolver las reclamaciones presentadas desestimó el caso en su totalidad, además, ordenó a los demandantes pagarle a México unos 400 mil dólares como costos del arbitraje, según informó la Secretaría de Economía.
En el laudo -que duró seis años- quedaron expuestas las intrigas, espionaje, acusaciones de fraude en Oro Negro, que se promovía como una de las grandes apuestas en el contexto de la reforma energética peñanietista, y que por las millonarias contrataciones que se le dieron tuvo un meteórico ascenso, pero acabó declarándose en concurso mercantil, con sus directivos, accionistas y bonistas en una guerra litigiosa –que continúa– y su nombre en fichas rojas de Interpol.
La empresa
Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz (secretario de Hacienda del gobierno de Vicente Fox), José Antonio Cañedo White, junto con su socio Carlos Enrique Williamson (asesor del gobierno salinista para la extinción de paraestatales), crearon Oro Negro para rentarle a Pemex plataformas petroleras. Un muy lucrativo negocio por el alto monto de las rentas: 160 mil dólares diarios por cada plataforma y contratos multianuales.
Planearon un negocio redondo, designando como director a Luis Ramírez Corzo, exdirector general de Pemex (2004-2006), quien antes había dirigido Exploración y Producción (2001-2004), precisamente el área que contrata las plataformas a particulares. A Oro Negro todas se le contratarían de manera directa, es decir, sin proceso de licitación.
Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, nombre completo de la empresa matriz, tenía a Gil White como director general; Cañedo White, presidente del consejo de administración; y Williamson, también parte de su consejo; Ramírez Corzo como presidente ejecutivo; Miguel Ángel Villegas en el área financiera; Alonso del Val como director jurídico.
Para adquirir las plataformas se financiaron mediante la emisión de deuda en los mercados de valores de México, Estados Unidos, Europa y Asia, por lo que el capital de Oro Negro se fue modificando con el dinero de instituciones bancarias, fondos de inversión, personas físicas y personas morales mexicanas y extranjeras, incluidas algunas que operan en países considerados como paraísos fiscales.
Alonso del Val solicitó un criterio de oportunidad a la Fiscalía CDMX.
Parte importante del capital fue el que les entregaron las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), como reveló este medio en 2018.
Pasados sólo unos años se declaraba en concurso mercantil y sus accionistas, directivos y bonistas acusándose de malos manejos, que denunciaron ante instancias judiciales de México, Estados Unidos y Singapur, que llevaron –entre otras medidas– a que la Fiscalía General de la República le solicitara a Interpol –por petición de la FGJCDMX– emitir las fichas rojas contra directivos de Oro Negro.
Estando ya Gil White –y otros de su equipo– bajo indagatoria de las autoridades, junto con otros accionistas minoritarios pretendieron que el Estado mexicano les pagara más de 270 millones de dólares, reclamándoselos ante el CIADI, pretendiendo utilizar como “prueba” las grabaciones de Black Cube.
Cabe recordar que, como CEO de Oro Negro, Gonzalo Gil contrató a la agencia fundada por exagentes del Mosad, que se promueve como “un selecto grupo de veteranos de elite de inteligencia israelí”, pero que ha sido señalada por cuestionables prácticas de espionaje en diversos países.
Por ejemplo, periodistas como el estadounidense Ronan Farrow, han expuesto el polémico actuar de esa agencia. Farrow –hijo de Mia Farrow y Woody Allen– evidenció, primero en la revista New Yorker y luego en su libro Catch and Kill, la controversial manera de operar en el caso Weinstein.
Para el caso mexicano, como reveló este medio, Gil la contrató para que obtuviera información profesional, personal, del entorno familiar y “todo aquel entorno cercano”, de quienes entonces eran principales directivos de Pemex: José Antonio González Anaya, director general; Carlos Treviño, director Corporativo de Administración; Juan Pablo Newman, director Corporativo de Finanzas; Miguel Ángel Servin, director de Procura y Abastecimiento y otros.
Hacer una contratación de esa naturaleza de por sí ya resultaba cuestionable, a la luz de los antecedentes que a nivel mundial ya se tenían del tipo de prácticas de Black Cube. Aunado a que los “objetivos” eran excolaboradores de su padre cuando éste formó parte del sector hacendario.
Al parecer la agencia israelí no obtuvo pruebas contundentes de lo que Oro Negro reclamaba, tampoco evidencia de los “objetivos” principales de su “investigación”, sino sólo grabaciones de funcionarios de menor nivel, cuyas tareas en Pemex no tenían siquiera relación alguna con las contrataciones de Oro Negro. Los empleados de Black Cube los grabaron haciéndose pasar por inversionista en encuentros lujosos cubriendo los gastos de alimentación y bebidas alcohólicas, y era lo que pretendieron usar como “prueba”.
Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, en las inmediaciones del Club de Industriales. (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)
El litigio en el CIADI
El caso se registró como UNCT/18/4, “Alicia Grace y otros c. Estados Unidos Mexicanos”. Se acusó una supuesta conspiración y colusión del Estado y los tenedores de bonos.
Acusaban que a partir de 2015, Pemex “indujo” a Oro Negro a aceptar la reducción de las tarifas de arrendamiento establecidas en los contratos y que en 2017 decidió darlos por terminados de manera anticipada. Decían que Oro Negro se había rehusado a entregar sobornos a funcionarios.
Lo que no le decían al CIADI los demandantes era que para el momento que recurrieron al arbitraje, estaban ya los ejecutivos de Oro Negro bajo indagatorias por denuncias que habían presentado accionistas y bonistas, y bajo investigaciones de índole financiero y fiscal, que aún siguen en curso.
Cuando el CIADI daba cause al proceso arbitral, Oro Negro publicó en el New York Times un desplegado en el que hacía eco del argumento que llevarían al arbitraje: acusando la supuesta “conspiración”.
Declaración de Alonso del Val como testigo colaborador en la causa contra Oro Negro
Tras la aparición del desplegado —retomado por la prensa mexicana—, Pemex les requirió información para que el área de Responsabilidades investigara y se sancionara; en respuesta dijeron que no podían entregar copia de las grabaciones porque no las tenían en su poder. Y en respuesta Pemex, a través de su Jurídico presentó el 23 de julio ante la Fiscalía una querella “contra quien resulte responsable”.
Por parte de Oro Negro, el 15 se octubre nuevamente publicaron un desplegado, esta vez en la prensa mexicana, en el que se aludía una vez más a las grabaciones.
El espionaje expuesto
Las controversiales prácticas con que opera Black Cube quedaron expuestas en el arbitraje.
En la Contestación de Demanda que en junio de 2020 dio México -a través de la Secretaría de Economía y su equipo jurídico–, ante el CIADI, se expuso:
“B.C. Strategy UK Ltd. es una firma que opera bajo el nombre de ‘Black Cube`, que se describe a sí misma como ‘select group of veterans from the israeli elite intelligence units that specializes in tailored solutions to complex business and litigation challenge’.
La realidad es que Black Cube ha cobrado fama por sus métodos para obtener información sobre aspectos negativos de la vida privada de ‘objetivos’ o ‘targets’ de sus clientes.
“Las tácticas usadas por Black Cube con frecuencia involucran el uso de identidades falsas, la creación de sitios web de supuestos negocios, la divulgación de videos y páginas de LinkedIn.
“Con pretensiones falsas, Black Cube atrae a los objetivos para que se reúnan con sus agentes, quienes registran el encuentro con cámaras y/o micrófonos ocultos”.
Se detalló: “Black Cube se ha visto involucrada en esfuerzos para desacreditar a funcionarios que formaron parte de la administración del Presidente Obama; influir en las elecciones de Hungría; obtener declaraciones vergonzosas de un juez canadiense a solicitud de una empresa que recibió un fallo desfavorable por parte del juez investigado; obtener ‘trapos sucios’ de un crítico de la administración del Sr. Vladimir Putin, y obtener información para tratar de desacreditar a denunciantes contra el productor Harvey Weinstein”.
En el caso contra México, se explicó: “Las demandantes en este arbitraje reclaman una compensación por 270 millones [de dólares] por daños más intereses, lo cual implica que a Black Cube le correspondería al menos 8.1 millones en caso de que este Tribunal emita un laudo en favor de las Demandantes”.
Respecto al modus operandi se detalló:
“Black Cube concertó citas en México, Londres y Nueva York con determinados individuos, en las cuales fueron grabadas sus conversaciones sin un consentimiento previo y bajo falsas premisas, con la única finalidad de obtener información de índole negativa”.
“El modus operandi de Black Cube consistió en simular ser representantes de inversionistas de Emiratos Árabes; encubrirse con identidades falsas y gestionar reuniones privadas, generalmente en restaurantes lujosos cubriendo los gastos de alimentos y bebidas alcohólicas; manipular las conversaciones con los entrevistados alegando que los presuntos clientes de los agentes encubiertos buscaban invertir en México, y manipular la discusión para forzar y obtener cualquier comentario que pudiera contribuir al ´objetivo del proyecto’ descrito en la Carta Compromiso de Black Cube”.
En el proceso, la defensa de México pidió al Tribunal que se desecharan las grabaciones de Black Cube porque no probaban nada relacionado con el caso y además se subrayó que habían sido obtenidas “por medio del engaño y de manera ilícita”.
Se explicó que si las grabaciones hubiesen sido evidencia clara de un delito, tendrían que haberse presentado ante las autoridades mexicanas (FGR, SFP o la Unidad de Responsabilidades de Pemex), lo que no ocurrió.
Se recordó que el modelo arbitral, a que se puede recurrir conforme al Capítulo XI del TLCAN (hoy TMEC) se diseñó como mecanismo para proteger capitales extranjeros, en este caso no era procedente.
Una de las evidencias contundentes que tuvo la defensa de México, para echar por tierra las acusaciones que hacía Oro Negro, fue el testimonio que Alonso del Val, el exdirector Jurídico de esa compañía dio ante la FGJCDMX, al acogerse a un criterio de oportunidad y declarar:
“Es mi deseo manifestar que no tengo conocimiento directo sobre la existencia de actos de corrupción entre otros competidores de Oro Negro y Pemex para desplazar del mercado a Oro Negro o afectar los contratos que ésta tenía con dicha empresa productiva del Estado, la cual entiendo sirvió de base para la demanda de los accionistas americanos de la empresa en términos del Tratado de Libre Comercio”.
Como testigo colaborador Del Val hizo una extensa declaración de los irregulares manejos que Gil White habría hecho de la compañía (por los que se le investiga en la FGJCDMX).
Se detallaron también de manera amplia los múltiples litigios e investigaciones penales en contra de accionistas y ejecutivos de Integradora Oro Negro.
Declaración de Alonso del Val brindada en la Fiscalía CDMX en litigio contra Oro Negro.
Para el arbitraje la defensa de México incluyó además testimoniales de exdirectivos de Pemex como José Antonio González Anaya, Carlos Treviño y Miguel Ángel Servín que refirieron las circunstancias en que se fueron dando las modificaciones contractuales y las tácticas de la contratista.
La defensa de México expuso: “Este caso es un claro ejemplo de una demanda frívola y abuso del mecanismo inversionista-Estado previsto en el TLCAN, por parte de unos supuestos inversionistas estadounidenses, liderados por demandantes mexicanos, que buscan obtener indebidamente una compensación a la cual sencillamente no tienen derecho”.
El CIADI resolvió a favor de México. Al respecto, la Secretaría de Economía considera que: “El resultado de este arbitraje es un logro importante para el Estado mexicano y un valioso precedente en materia de arbitraje de inversión”.
En efecto, el precedente cobra relevancia en el contexto de otros casos que actualmente enfrenta México en el CIADI.
En tanto, los procesos que involucran a los directivos de Oro Negro no son un capítulo cerrado, las indagatorias en instancias locales y de índole federal siguen en curso.
