La Auditoría, “escudo” de Quirino y de su hermano Juan Carlos Ordaz
Álvaro Aragón Ayala
La titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, y el diputado del PRI, Sergio Mario Arredondo Salas, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso Local, “cerraron los candados” de la caja de pandora para proteger la corrupta administración de Quirino Ordaz Coppel y mandaron la lectura de que fiscalización de las cuentas públicas sigue siendo una práctica de simulación que no se ajusta al modelo del combate a la corrupción de la Cuarta Transformación.
La Auditoría a la que se le asignó para el 2021 un presupuesto anual de 137 millones de pesos y que cuenta con más de 300 empleados, 54 de ellos de primer nivel, no es rentable ni funcional en materia de transparencia y rendición de cuentas. El diseño de la ASE y su “enlace” con la Comisión de Fiscalización, es ideal para tapar el saqueo de los recursos públicos y blindar de cualquier escrutinio a Quirino Ordaz y a su hermano Juan Carlos Ordaz Coppel, el “rey de los moches” en Obras Públicas.
La auditora Emma Guadalupe Félix Rivera, peón de estribo de Quirino Ordaz, está obligada por ley a entregar los informes del programa anual de actividades a la Comisión de Fiscalización del Congreso Local, que opera bajo la oportuna brújula del diputado Sergio Mario Arredondo, ex director general del Colegio de Bachilleres de Sinaloa y ahijado político del ex gobernador priista.
En el proceso de entrega recepción del COBAES, Sergio Mario Arredondo se negaba a entregar 6 camionetas en los que se movilizaba en funciones de director general del Colegio –una Frontier blanca modelo 2020, una Toyota blanca 2021, una Hilux Toyota 2020, una Transverse Chevrolet 2014, entre otras-.
En el cierre de su administración como director general del COBAES, Sergio Mario Arredondo desmontó la funcional estructura del alumbrado público de las escuelas para colocar nuevas luminarias compradas de manera directa. El brazo operador de las transas lo fue Juan Francisco Silam Aispuro, agazapado en los Servicios Generales del COBAES y especialista en la circulación de facturas falsas y en el “robo hormiga” en las diferentes áreas de la institución.
La comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, ante la Comisión de Fiscalización para protocolizar el informe anual de actividades 2020 (los documentos fueron entregados el 29 de enero del 2021) constituyó un insulto a la inteligencia de los diputados y un desafío a los postulados de “no mentir, no robar y no traicionar” y una lectura de que la consigna de la ASE es proteger a Quirino Ordaz y a su hermano Juan Carlos Ordaz Coppel.
El carnal del ex gobernador es la punta de la madeja que hay que jalar para poner al descubierto la red de corrupción tejida en la Secretaría de Obras Públicas, en donde se anidó la corrupción gubernamental, se privilegió la construcción de estadios para beneficio de particulares, se pagaron obras inconclusas y se fomentó el cobre del “moche” del 20 por ciento. La ASE protege a Juan Carlos Ordaz Coppel e intenta también “tapar” su injerencia en la asignación directa de obras y en el manejo de la constructora estatal Preesforzados Concretos y Agregados de Sinaloa.
Más caro el caldo que las albóndigas
En la comparecencia de la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera, el diputado del PAS, Gene René Bojórquez Ruiz, indicó que la ASE ha fallado porque se le ha destinado 564 millones de pesos del 2017 al 2021, a cambio de 39 millones recuperados por el órgano fiscalizador, además que actualmente hay 600 millones pendientes por solventar por las dependencias. “Nos ha salido más caro el caldo que las albóndigas”, consideró.
El diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta Zazueta, secretario de la Comisión de Fiscalización, aseguró que la ASE ha tenido pocos resultados en prevención, denuncias penales presentadas, sanciones y recuperación de recursos por malos manejos de funcionarios públicos detectados en las auditorías.
El diputado morenista, César Ismael Guerrero Alarcón, cuestionó que a la ASE por omitir revisar a fondo temas como el adeudo de mil 260 millones de pesos en el fideicomiso del Instituto Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), el fideicomiso de ahorro de trabajadores relacionado con la propiedad de la Unidad de Servicios Estatales (USE) y el de la autopista Benito Juárez (Culiacán-Las Brisas).
La diputada de Morena, Nela Rosiely Sánchez Sánchez, dijo que “observamos una inconveniente superficialidad con la que el órgano fiscalizador atiende la evidente apropiación del Ejecutivo de las cuotas descontadas a sus trabajadores para ser destinadas al IPES, ya que producen un serio quebranto al instituto. ¿Por qué no actuó contra el robo en el IPES?”.
La morenista Rita Fierro Reyes, cuestionó que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel no presentó un plan de obras públicas que estaba obligado a presentar para que el Congreso del Estado asignara los recursos correspondientes, y sin embargo realizó obras para beneficiar a particulares, sobro todo en lo que tiene que ver con construcción y remodelación de estadios de futbol y béisbol.
La diputada de Morena, Cecilia Covarrubias González, dijo que la sociedad sinaloense requiere a alguien al frente de la ASE que entienda que se auditan a las dependencias para fincar responsabilidades en el combate a la corrupción.
Rosario Guadalupe Sarabia, del PAS, aseveró que Sinaloa requiere de instituciones de fiscalización con el objetivo de combatir la corrupción porque no es posible que la ASE argumente que no hay indicios para denunciar a funcionarios por malos manejos de los recursos públicos.
Alba Virgen Montes Álvarez, del Partido Sinaloense, consideró que si la ASE no ha encontrado indicios sólidos con carácter doloso o con intencionalidad desde 2019 la deja insatisfecha. “En las denuncias penales no hay una responsabilidad. La Fiscalía no actúa, se le da la denuncia, pero no actúa, de las 19 que usted ha interpuesto. Cerraría diciendo que nos falta mucho aquí en la Legislatura en legislar y precisar todo el proceso a seguir porque es el dinero del pueblo el que no está siendo bien direccionado. Nos queda una gran tarea”, precisó.
María del Rosario Osuna Gutiérrez, del PAS, indicó que el manejo de los recursos de manera irregular es una constante en la entidad y por lo tanto debe haber sanciones contra esas anomalías administrativas porque es una afectación al patrimonio de los gobiernos.
Viridiana Camacho Millán, también del PAS, refirió que la ASE está estrechamente vinculada al Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción por lo que debe dar respuesta al desvío en el fondo de pensiones del IPES. “Puedo decir tristemente que su respuesta muestra una actuación muy pobre de la institución que dignamente representa y deja mucho que desear porque no nos explica los aportes de la ASE al sistema anticorrupción”.
El presupuesto de la auditora Emma
La Auditoría Superior del Estado en poder de la quirinista Emma Guadalupe Félix Rivera gastó 564 millones de pesos del 2017 al 2021 (en el ejercicio fiscal 2021 manejó un presupuesto de 137 millones) pero es incapaz, por complicidad, incapacidad e irresponsabilidad, de realizar auditorías de fondo que consoliden denuncias para recuperar dinero robado y encarcelar a los funcionarios corruptos.
Protegido por la Auditoría y su hermano el ahora ex gobernador, Juan Carlos Ordaz Coppel operó a su antojo toda la obra pública; controló del 2017 al 2021 no solo la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Estatal, sino que dominó las áreas de construcción y mantenimiento de las secretarías del gabinete estatal. El “carnal de los moches” designó incluso como director de construcción de la Universidad Autónoma de Occidente a Joel García Regalado, quien fungió como director de Obras Públicas en Mazatlán durante de la administración del priista Fernando Pucheta.
Pese al dineral que cuesta sostener a la ASE y a sus más de 300 empleados, la estructura no fue suficiente para que detectara las transas de Juan Carlos Ordaz Coppel en la empresa Preecasin, la cual, del 2017 al 2019, reportó un gastó de mil 227 millones de pesos en la aparente construcción de obras mediante el mecanismo de la subcontratación, para cubrir el teje maneje de los saqueos como “compras simples”.
Félix Rivera nunca detectó al hermano de Quirino Ordaz pese a que Juan Carlos comenzó a asignar desde enero del 2017, de manera personal y directa, los contratos de las obras públicas a todo lo largo y ancho de Sinaloa a una red de constructoras a las que les cobraba el “moche” del 20 por ciento del costo total de las obras.
Juan Carlos Ordaz Coppel “gestionó” en octubre -mes en el que su hermano Quirino Ordaz entregó la gubernatura- el pago de 485 millones de pesos para liquidar 13 obras inconclusas, adeudos que de acuerdo a la calendarización y el avance de las construcciones correspondía liquidar en los meses de enero, febrero, marzo y abril por la administración de Rubén Rocha. El hermano de Quirino apresuró el pagó para cobrar el “moche” que topó en poco más de 95 millones de pesos.
La Auditora Superior del Estado no averiguó por qué Quirino Ordaz gastó más de mil 900 millones de pesos del 2017 al 2019 en publicidad y propaganda, encuestas y estadísticas falsas, cuando el presupuesto que le autorizó en esta área el Congreso Local apenas si superaba los 70 millones de pesos para ese trienio.
El andamiaje de la ASE fue diseñada para ocultar los latrocinios del ex gobernador y su hermano Juan Carlos Ordaz Coppel…
