México polarizado y en conflicto
Fernando Martínez González
La reforma al Poder Judicial será aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados, que el INE avaló con siete votos contra cuatro. De esta manera los 364 legisladores que tendrán Morena y aliados, podrán aprobar reformas constitucionales a su gusto, sobre todo porque en el senado también les fueron reconocidos 83 escaños de los 128, por lo que sólo requerirán 3 senadores para lograr la mayoría calificada, lo que no será problema ya que no faltarán legisladores esquiroles que se sumen a Morena y sus aliados.
Lo anterior anuncia un panorama en el que se agudizarán los conflictos entre los trabajadores del Poder Judicial con el Estado para defender las 127 mil plazas en peligro de extinción, en donde más de 6 mil servidores no serían indemnizados. Los perjuicios para este personal serán mayúsculos ya que se echarán por la borda entre 20 y 30 años de servicios de buena parte del personal en los poderes judiciales locales y en los federales.
Son 20 mil los puestos que la reforma señala para ser incluidos entre los funcionarios que deberán ser electos por voto popular, proceso electoral que se estima tendrá un costo de 61 mil millones de pesos. Si ya se han criticado los altos costos que representa el INE por los apoyos multimillonarios a los partidos políticos, resultando uno de los países con el costo más alto a nivel mundial por sus manejos electorales, esta reforma se estima costará para su instrumentación, más de 22 mil millones de pesos.
Los diferentes sectores esenciales en el desarrollo de la economía de México, los inversionistas extranjeros y nacionales, las cúpulas representativas de las principales organizaciones empresariales, han afirmado que la reforma judicial desestimulará las inversiones y afectará seriamente la confianza de los inversionistas y el estado de derecho de nuestro país.
La semana pasada el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar y el de Canadá, Graeme Clark, hicieron declaraciones preocupantes porque reflejan el sentir de sus respectivos gobiernos, en el sentido de que la reforma judicial convertirá al país en un estado aún más vulnerable ante la intervención de los diferentes cárteles del narcotráfico que con esta reforma podrán imponer jueces que cuiden sus intereses.
Pero los señalamientos de los diplomáticos no sólo fueron rechazados por López Obrador, sino que en el caso del embajador de los EU, lo acusó de imprudente e injerencista, y envió una nota diplomática al gobierno de su país. Ken Salazar reviró de inmediato, aclarando que sus dichos fueron en tono de colaboración.
En el caso de los empresarios de nuestro país su respuesta fue más violenta acusándolos de apoyadores de los conservadores que son quienes se han beneficiado en mayor medida del sistema judicial corrupto que ha tenido México.
Pero como ya hemos visto el principal contrapeso que tiene por ahora el gobierno de la 4T lo constituyen los mercados y estos empiezan a mostrar nerviosismo con una incipiente pero importante salida de capitales, una depreciación del peso y una pausa en la entrada de inversiones extranjeras.
