Sinaloa: decisiones autoritarias e ilegales que comprometen
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Causa sorpresa la selección de la quinteta escogida por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Surge la duda porque se entiende que la Coordinación General es un componente ciudadano del mencionado Consejo. Un contrapeso a las decisiones de interés que pudieran surgir del mando político estatal.
Cuando menos deben parecer decisiones menos cuestionables en opinión de la sociedad que finalmente es la que evalúa las decisiones de ese organismo ciudadanizado. Se respeta que, para arribar a la selección de la quinteta, seguro ponderaron los perfiles y trayectoria laboral y social de cada uno de los participantes. Hay resoluciones cuyo contenido no puede compartirse. Esta es una de ellas.
Mientras se resuelve el asunto de la Fiscalía, los diputados morenistas y cuasimorenistas, quieren distraer la atención de la sociedad en general ante el inminente arribo de una titularidad que puede resultar involucrada en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, con motivo del homicidio del Mtro. Héctor Melesio Cuén Ojeda, pero parece que eso no le importa a las autoridades sinaloenses.
Ese distractor es la insistente difusión del Congreso del Estado pretendiendo invadir la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa ante una acordada, pero ilegal consulta de la comunidad universitaria con fines reformatorios a su Ley Orgánica. Miente Feliciano Castro a quien se le señala con mucha insistencia que puede ser Secretario General de Gobierno, de que esa reforma debe llevarse a cabo porque es una obligación constitucional.
Ojalá y que el gobernador reconsidere la decisión de llevarlo a una silla que no solo le quedaría grande, sino que lo embarcaría en muchos más problemas de los que viene arrastrando este gobierno. Los antecedentes de ese personaje dejan mucho que desear, pero ese es un asunto del Ejecutivo Estatal.
El todavía diputado, ya se menciona con antelación, miente: la Ley General de Educación Superior no puede aplicarse para llevar a cabo una consulta a la comunidad universitaria rosalina porque sencillamente no está facultado el Congreso para realizarla.
¿El Congreso del Estado, ya legisló, o ya se le olvidó a ese señor diputado? La Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa se expidió siguiendo el mandato del artículo segundo transitorio de la Ley General de Educación Superior.
Esa ley estatal ya se aplicó en la Universidad Autónoma de Occidente y fue el propio Congreso el que llevó a cabo la consulta de la comunidad universitaria lince, por la que se nombró al Rector que actualmente está en funciones. Se desconoce si ya está ejerciendo sus facultades porque parece que la Junta de Gobierno no le había expedido su nombramiento por irregularidades encontradas en el procedimiento de elección. Así lo denunciaron miembros de esa comunidad universitaria a lo que al Rector no le quedó mas remedio que aceptarlo.
Los diputados creen, quizá por ignorancia que es lo más probable o con el ánimo de sorprender, que la consulta se llevaría a cabo a chaleco. No es quien esto escribe quien tomaría las decisiones, pero cualquier intento de violar la autonomía universitaria con esos actos ilegales, sería recomendable que se tomaran medidas enérgicas para sancionar esa intromisión y ultraje a la Casa Rosalina. Es una opinión. No hay que omitir que la Ley que pretenden aplicar en la UAS ha sido declarada inconstitucional en la parte que viola su autonomía o no diputados?
Mientras tanto se espera que la audiencia incidental por incumplimiento de suspensión definitiva para la inaplicación de la Ley de Educación Superior de Sinaloa se celebre como está programada para el próximo miércoles veintiocho de este mes de agosto, y se apliquen los correctivos procedentes a los violadores perniciosos de la autonomía universitaria. Destitución y a disposición del Ministerio Púbico de la Federación.
