Con la reforma y el apoyo popular, los jueces volverán a ser sumisos
Eduardo Ruiz-Healy
En los medios de comunicación y redes sociales, muchos hemos expresado nuestro rechazo a la inminente reforma judicial que los diputados y senadores de Morena y sus aliados aprobarán en septiembre. Sin embargo, son pocos los que se oponen a este proyecto lopezobradorista que, al aprobarse, acabará con la frágil independencia del Poder Judicial que tanto costó alcanzar. Antes de que acabe el 2026, los jueces federales y estatales volverán a ser como lo fueron hasta 2000: sumisos y dependientes del presidente de la República y de los 32 gobernadores, tiempos en que los tribunales respondían más a los deseos del Poder Ejecutivo que a la justicia misma. Volver a ese escenario será catastrófico para la democracia que tanto ha costado construir.
Cuatro encuestas realizadas en junio confirman la aceptación de esta reforma. Una de ellas, hecha por la Comisión de Encuestas de Morena, otras dos por encuestadoras contratadas por el partido (De las Heras Demotecnia y Enkoll), y una más por el periódico El Financiero. Aunque la metodología de las tres primeras fue cuestionada, especialmente por los líderes de la oposición, nadie puso en duda los resultados de El Financiero, a pesar de que los hallazgos son sorprendentemente similares.
El desconocimiento sobre la reforma es preocupante: 53% de los encuestados por El Financiero no estaban enterados de los detalles, una cifra que no varía mucho en las otras encuestas. Pero lo más alarmante es que entre quienes sí conocen la reforma, una mayoría está a favor de ella, y lo que es peor, apoya la idea de la elección popular de jueces, magistrados y ministros, una propuesta que, lejos de solucionar el problema de la corrupción, podría agravarlo.
Curiosamente, fue la encuesta de El Financiero la que arrojó el mayor porcentaje de personas que consideran corruptos a la mayoría de los ministros, magistrados y jueces (60%), una percepción que, sin duda, Morena ha sabido capitalizar para impulsar su reforma.
Pero, ¿realmente se cree que elegir juzgadores por voto popular reducirá la corrupción? Sólo la encuesta de El Financiero se atrevió a preguntar esto, y los resultados no son alentadores: apenas 35% cree que la corrupción disminuiría, 18% que aumentaría y un preocupante 38% piensa que no haría ninguna diferencia.
Estas encuestas, al final, reflejan un apoyo significativo a la reforma judicial y a la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Esto lleva a una sola conclusión: los argumentos presentados por quienes nos oponemos no han logrado convencer a la mayoría de los mexicanos sobre los peligros de esta reforma.
Tal vez la lucha contra la reforma fracasó porque a la mayoría de las personas no les importa el asunto. O quizá porque la ven como una oportunidad para mejorar el sistema judicial que perciben, y con razón, como corrupto e ineficiente. La promesa de cambio puede ser más atractiva que los argumentos en contra, que pueden parecer abstractos o alarmistas sin evidencia tangible.
Los legisladores de Morena, PT y PVEM entregarán el Poder Judicial a los caprichos del poder político, y con ello, dilapidarán años de avances democráticos. A estas alturas, es claro que han elegido ignorar las consecuencias que esta reforma tendrá para el México que le dejarán a nuestros hijos.
