¿Deben los jueces, magistradas y magistrados, ser electos por voto popular?
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro
En nuestro país existen diversos mecanismos en los cuales la ciudadanía puede ejercer su voto, por ejemplo, en las elecciones constitucionales tanto federales o locales. Asimismo, hay otros ejercicios, conocidos como de democracia directa en donde la población de 18 años y más puede participar en dar su opinión sobre una determinada política pública, u ejercicios de participación ciudadana como un plebiscito, referéndum, iniciativa popular, entre otros.
Existen otros ejercicios como, por ejemplo, la revocación de mandato instituido por primera vez en la presente administración federal.
A nivel local hay entidades donde la gente vota por quienes serán sus representantes vecinales y tienen el vínculo con las autoridades para la gestión de obra pública, servicios, entre otros. O bien, para emitir su opinión sobre temas de presupuesto participativo.
No obstante, en los últimos días ha cobrado gran fuerza la discusión de la posible elección de jueces y magistraturas, es decir, de las personas profesionistas que tienen como función, la alta responsabilidad de ejercer la justicia.
Esta propuesta ha despertado muchas opiniones a favor y en contra. A nivel partidista, salvo Morena y sus aliados, el resto de los partidos políticos están en contra de llevarlos a un ejercicio de votación. A nivel académico, periodístico, de líderes de opinión y expertos en los temas de administración y ejercicio de la justicia, la mayoría se ha pronunciado en contra.
Aquí, muestro mi postura sobre el particular en donde considero que sería un grave error que el Legislativo apruebe la iniciativa por la cual se determinaría la elección de estas figuras que son el corazón de un Estado de Derecho, básico en cualquier sistema democrático.
¿Es viable la elección de jueces y magistraturas? Tal vez, solo que como ya lo refirió el INE, necesitaría de los recursos suficientes para llevar a buen término un ejercicio de esta envergadura. El tema es como se instrumentarías las candidaturas a estos cargos por lo que lo veo inviable.
Llevar a estar figuras a que la ciudadanía los elija, tiene muchas complicaciones y cualquier cantidad de riesgos; explico algunos.
Podría resultar que una persona llegue a ser juez u ostentar alguna magistratura por razón de ser “popular”, por tener cierta ascendencia con determinados sectores de la población, pero ¿tendrá los conocimientos y la experiencia para ocupar un cargo así? Esto podría traducirse en la politización de esta iniciativa al grado de que quien resulte electo o electa emita sentencias a modo en perjuicio del Estado de Derecho y de las personas.
Otro riesgo que me surge es la forma en que estas figuras serían electas, me refiero a cómo harían campaña para que la gente los conozca, qué requisitos y experiencia probada deberán contar para registrarse, entre muchas más.
De no llevarse con cuidado este proceso el propio sistema de justicia mexicano podría perder su independencia y, por supuesto, la certeza en la impartición de justicia.
Dicho lo anterior, lo que resta es que se valore bien la propuesta de elegir a jueces y a las y los magistrados y, en caso de que se insista y la mayoría obtenida por Morena llegue a imponerse en el Congreso de la Unión, debemos exigir que se sienten las bases más robustas posibles para que la ciudadanía pueda elegir a verdaderos profesionales del derecho, con experiencia acumulada en el ramo, con buena reputación y que, a lo largo de su trayectoria haya demostrado imparcialidad, certeza jurídica y conocimientos.
Septiembre próximo será pieza fundamental para conocer en qué desembocará la llamada reforma judicial y, seguramente otras reformas que cambiarán no solo el esquema de justicia electoral, sino otras más, como seguramente lo será la materia electoral.
Ojalá y el legislativo vea por las necesidades de esta gran nación y no por un proyecto político.
