La Auditoría Superior bajo el dominio de Quirino Ordaz
Álvaro Aragón Ayala
Quirino Ordaz Coppel sigue ejerciendo el control de la Auditoría Superior del Estado y de parte de la estructura de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y los Órganos Internos de Control y maniobra para obstaculizar el combate a la corrupción. En una primera instancia, los diputados de la Sexagésima Cuarta Legislatura capitularon ante el “poder de negociación” del ex gobernador de Sinaloa.
Durante su último año, el 2021, en funciones de gobernador Quirino Ordaz ejerció un presupuesto para 12 meses de poco más de 56 mil 461 millones de pesos, cantidad que “devoró” en 10 meses dejando un déficit de 2 mil 600 millones de pesos. El manejo de los presupuestos estatales del 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, son un “misterio” porque el ex-mandatario se negó a transparentarlos y manipuló el “trabajo” de la ASE y de la Secretaría de Transparencia y los Órganos Internos de Control.
Los diputados locales aprobaron, en lo particular, la cuenta pública 2019 del ex gobernador, pero quedaron sorprendidos de la facilidad con la que la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera le “fabricó” las justificaciones de las observaciones del gasto, coartadas contables que dejaron muchos cabos sueltos que conducen al despilfarro y al desvió de recursos públicos.
En el 2017, Quirino Ordaz Coppel sacó a Antonio Vega Gaxiola de la Auditoría Superior del Estado y emprendió contra él una campaña de linchamiento periodístico para “quemarlo” y en su lugar colocó a Emma Guadalupe Félix Rivera, quien se venía desempeñando como sub-auditora. Emma Guadalupe fue, de enero del 2011 a mayo del 2012, directora de Estudios Legales de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno de Mario López Valdez, a quien cuidó la espalda del 2017 al 2021.
La red quirinista de complicidades entre la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas y de los Órganos Internos de Control de las secretarías, ayuntamientos y de los poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial, facilita el ocultamiento de peculados, desvíos y el uso discrecional de los recursos. El entramado provocó que las cuentas públicas de los primeros tres años de gobierno de Quirino Ordaz –del 2017 al 2019- no tengan aún finiquitos, lo que impide la aplicación de sanciones y el ejercicio de demandas penales y administrativas.
Las cuentas públicas de municipios, poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos, estatales y municipales se encuentran en “parálisis jurídico-administrativa”, al estar entrampadas. Los embrollos jurídicos y términos leguleyos, en cuyo centro de la polémica figura la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera, obstaculizan la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Quirino Ordaz sigue manteniendo el control de la Auditoría Superior del Estado bajo el plan de que el personal que el contrató realice las auditorías del 2020 y 2021 de su gobierno para seguir usando los mismos “mecanismos de enredo” que impidan profundizar en los trabajos contables-administrativos de detección de delitos de alto calado en el manejo de los recursos públicos. El ex gobernador domina también la Comisión de Fiscalización del Congreso Local que dejó en manos de su ahijado el diputado Sergio Mario Arredondo.
La prevalencia del equipo de Quirino Ordaz en la ASE, en parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, en la Comisión de Fiscalización y el control que ejerce sobre la bancada del PRI, ensombrece al gobierno de la Cuarta Transformación ya que, pese a las evidencias de alta corrupción detectadas y denunciadas por los diputados de Morena de la Sexagésima Tercera Legislatura, sube la percepción social de que los nuevos diputados están protegiendo al ex gobernador.
En el Congreso Local el discurso de la lucha contra la corrupción comienza a perder consistencia y disminuyen en intensidad las voces que antes acusaban de corrupto a Quirino Ordaz Coppel, en tanto que a nadie parece importarle los dispendios y el uso frívolo del presupuesto anual de 56 mil 461 millones de pesos gastado en solo 10 meses, con el agravante de haber dejado un déficit de 2 mil 600 millones que nadie sabe explicar.
Por consigna, los diputados borran de la “memoria legislativa” la denuncia de los legisladores morenistas de la Sexagésima Tercera Legislatura, quienes acusaron al gobierno que encabezó Quirino Ordaz Coppel de haber dilapidado, en sólo tres años, mil 905 millones de pesos en Comunicación Social. Este gasto elevó casi 17 veces más, los 70 millones 751 mil pesos que se le aprobaron en el Congreso del Estado para el periodo 2017-2019.
No hay atención legislativa a las denuncias sobre la compra del edificio Homex, la construcción del estadio de futbol Kraken cedido a un particular, la inversión para “modernizar” estadios de béisbol concesionados a particulares, el robo de las cuotas de los trabajadores inscritos bajo el régimen del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa ni del ISSSTESIN ni de otras irregularidades detectadas en todas las secretarías del gobierno estatal.
Quirino Ordaz Coppel se regodea y protege con el control que ejerce sobre la Auditoría Superior y otros órganos “institucionales”, mientras el gobierno de Rocha enfrenta un déficit de 2 mil 600 millones de pesos. La administración de Quirino Ordaz “desapareció” el presupuesto de noviembre y diciembre del 2021 y no dejó recursos para pagar los salarios de la última quincena de diciembre ni para cubrir los aguinaldos.
La Auditoría Superior del Estado de Quirino Ordaz es el símbolo de la protección a actos de alta corrupción…
