La reforma judicial es regresiva y provocará un daño mayúsculo: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Julio Astorga
El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó el libro “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República”, una compilación de diferentes análisis realizados por investigadores a las modificaciones a la constitución propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En febrero de este año, en el marco del aniversario de la Constitución de 1917, el mandatario presentó un paquete de 20 iniciativas que hizo parte de su campaña, la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum.
Tras el triunfo electoral de Morena en la presidencia, López Obrador aseguró que analizará con su sucesora impulsar la reforma en materia judicial dada la próxima composición mayoritaria del Congreso del partido guinda y sus aliados.
Las implicaciones de la reforma van desde la elección popular de integrantes del poder judicial, un nuevo órgano de disciplina judicial, reducir el número de ministros y los años de sus mandatos, así como prohibir la suspensión de normas generales en acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo.
Los investigadores César Iván Astudillo y Javier Martín Reyes destacan en el capítulo 11 del libro publicado por la UNAM los aspectos negativos que conlleva la posible elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros y califican de regresiva la propuesta y que, de aprobarse, presenta un “daño mayúsculo”.
La elección popular es el aspecto más controversial de la propuesta del López Obrador. La independencia judicial se vería comprometida en primer lugar dependiendo de su nominación, si fue propuesto por el poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.
“Lo que en realidad quiere la iniciativa presidencial es que a la Suprema Corte y al resto de los órganos jurisdiccionales sólo puedan acceder quienes cuenten con el respaldo de las mayorías partidistas del momento”, explica Martín Reyes.
En segunda instancia, durante el proceso electoral de los jueces, grupos de interés como sindicatos, empresarios, medios de comunicación y partidos políticos definirían sus apoyos para determinados candidatos. Esto comprometería definitivamente sus futuras decisiones y fallos.
“Su intención es mudar la naturaleza del Poder Judicial de la Federación (PJF) para hacer de él un nuevo cuerpo representativo, orientado hacia la política, alejándolo de sus condicionamientos actuales que le imponen una actuación técnica, neutral y especializada”, dice Astudillo en su texto.
Astudillo destaca que la independencia judicial no es un privilegio de las personas jugadoras, sino un derecho de los ciudadanos para contar con jueces neutrales.
