La “Fianza Rocha”

Álvaro Aragón Ayala

Rubén Rocha Moya ordenó a los jueces de control local “pasarse por el arco del triunfo” las sentencias de amparo emitidas por dos jueces de distrito, violar el Código Nacional de Procedimientos Penales y continuar con la persecución judicial contra los directivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los jueces federales determinaron que ni Jesús Madueña Molina no Robespierre Lizárraga Otero han violado la ley y, por tanto, no se tipifica el delito de abuso de autoridad que les fabricó y montó el gobernador con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa y los jueces de control local.

Las sentencias de los jueces federales conducen jurídicamente al cierre o sobreseimiento de los procesos/demandas por los inexistentes delitos de abuso de autoridad, inventados por el gobernador, encolerizado porque los directivos de la UAS no le cedieron el control político-administrativo-financiero de la institución. El juez local Carlos Alberto Herrera mandó al demonio a los jueces federales, no dio por concluido los casos, y por encima de la ley zambutió a Robespierre Lizárraga a la mecánica de la revisión de “medidas cautelares” imponiéndole la “fianza Rocha” de 50 mil pesos.

Los jueces federales ya determinaron que: 1.- La Auditoría Superior del Estado no tiene facultades para auditar los recursos propios o autogenerados de la UAS, porque encajan en la categoría de recursos privados no públicos. 2.- Los directivos de la Universidad no son funcionarios públicos porque son regidos por el apartado “A” del artículo 124 Constitucional y la Ley Federal de Trabajo.

La auditora Emma Guadalupe Félix Rivera con el apoyo de la Fiscal Sara Bruna Quiñónez montaron la demanda delitos de abuso de autoridad por consigna del gobernador bajo el argumento de que las autoridades de la UAS no se dejaban auditar. Para justificar la “existencia” del delito se apoyaron en las versiones de los medios de comunicación, cuyas nóminas de sus trabajadores y directivos son pagados por el gobierno de Rubén Rocha.

En funciones de juez el ministro religioso Adán Alberto Salazar Gastélum impuso como medidas cautelares la separación temporal del cargo de Rector a Jesús Madueña, a quien se le prohibió, también, salir del país. Por órdenes del gobernador, el juez Carlos Alberto Herrera intentó igualmente quitar del cargo como responsable del despacho de la Rectoría a Robespierre Lizárraga aun cuando los jueces federales determinaron que los delitos no existen. No lo logró, pero si le clavó la “fianza Rocha” contra toda norma y la lógica jurídica.

Exacto: dos Jueces de Distrito establecieron que en los procesos penales contra Madueña y Robespierre no hay delito porque no han cometido ningún hecho indebido; determinaron también que la Auditoria Superior del Estado no es competente para auditar los recursos propios de la UAS y que además los acusados no son servidores públicos, sino trabajadores sujetos a un contrato de trabajo regidos por el apartado “A” del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo.

Pese a que los procesos se deberían de haberse cerrado por no configurarse ningún delito, Carlos Alberto Herrera los mantiene abiertos por instrucciones del gobernador Rubén Rocha que ordenó además remover del cargo a Robespierre, cometido que el juez no pudo cumplir por temor a ser procesado por las autoridades federales, pero sí pudo encajarle la fianza de 50 mil pesos, dinero que tendrán que regresárselo una vez que los jueces federales actúen para hacer valer y cumplir las sentencias emitidas a favor de Madueña y Robespierre.

Carlos Alberto Herrera tenía la obligación, ajustando a la lógica jurídica y al derecho, a atender la sentencia de los jueces federales y cerrar el caso. Es decir. Decidir con base en la ley y al caso concreto. El acatamiento de las órdenes del gobernador dieron pie a que elaborara valoraciones perversas, a restarle importancia a las sentencias de los jueces federales y a dictar medidas que no se ajustan a los principios del derecho. El juez incurrió en delitos al violar con la imposición de la “fianza Rocha” la Ley Nacional de Procedimientos Penales.