EU: acusan a congresista de ser sobornado por un banco mexicano

El congresista demócrata por Texas Henry Cuellar y con su esposa, Imelda Cuellar, fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos de recibir sobornos de un banco mexicano para obtener beneficios regulatorios en aquel país, anunció este viernes el Departamento de Justicia.

La denuncia no identifica por su nombre al banco mexicano que pagó el soborno al matrimonio Cuellar, pero sí lo describe como una cadena de banca minorista con sede en la Ciudad de México, orientada a atender a sectores de bajos ingresos en México y Centroamérica, brindando servicios de transferencia de dinero, financiamiento al consumo, depósito y otros. El banco, dice la demanda, es propiedad de un grupo empresarial mexicano relacionado con las finanzas y las ventas minoristas y que guarda relación con medios de comunicación.

La demanda, a la cual tuvo acceso La Jornada, señala que el legislador recibió sobornos por 600 mil dólares de una compañía petrolera de Azerbaiyán y el banco que es propiedad de un conglomerado financiero y minorista mexicano.

El documento indica que la institución mexicana que pagó el soborno necesitaba relaciones bancarias corresponsales con bancos estadunidenses para ayudarlo a repatriar a Estados Unidos grandes reservas de moneda física estadunidense que mantenía en México y convertir la moneda física en dólares electrónicos, lo que el banco extranjero podía gastar o transferir más fácilmente.

Esto, debido a que en 2012 los reguladores del país vecino insistieron en una mayor aplicación de la Ley de Secreto Bancario y otras normas contra el lavado de dinero, lo cual llevó a algunas instituciones financieras estadunidenses a limitar o retirarse de las relaciones de banca corresponsal con bancos de países con alto riesgo de lavado de dinero, como México.

La demanda indica que la eliminación de riesgos fue una gran preocupación para el banco extranjero, ya que le impedía acceder al sistema financiero estadunidense.

Las instituciones más cercanas a las descripciones hechas por el Departamento de Justicia contra el congresista Cuellar son BanCoppel y Banco Azteca, sólo que el primero no cuenta con corresponsales bancarios en Estados Unidos, y la demanda también indica que el conglomerado señalado cuenta con firma de medios de comunicación.

El documento señala que la institución, como muchas otras, dependía de relaciones bancarias corresponsales para facilitar transacciones, como remesas.

Precisa que la negociación para recibir los sobornos comenzó desde 2014. En el caso están implicados un ejecutivo del banco mexicano, así como otros intermediarios, entre ellos un político que representó a Nuevo León en la Cámara de Diputados, cuyo nombre no menciona.

El documento indica que Cuellar actuó en beneficio de la institución financiera para establecer relaciones bancarias corresponsales y en legislaciones para bloquear regulaciones perjudiciales a la industria de préstamos de día de pago y relacionadas con transferencias electrónicas transfronterizas, entre otros asuntos. Según la demanda, Los últimos pagos se hicieron en 2019.

Aunque no se menciona en el documento, meses después, en México, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar la Ley del Banco de México (BdeM), a fin de que adquiriera los dólares que las instituciones financieras en el país no pudieran repatriar a Estados Unidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su oposición, al sostener que debía respetarse la autonomía del banco central, mientras la institución advirtió en noviembre de 2020 que de modificarse la ley del BdeM se corría el riesgo de abrir la puerta al ingreso de flujos de efectivo provenientes de actividades ilícitas.

Son bastantes los argumentos en contra de las reformas a la ley del BdeM. Uno de los más importantes es que no se vale cambiar una ley para favorecer a una sola empresa, dijo a través de un tuit Jonathan Heath, subgobernador del banco central, en diciembre de 2020.

La reforma no fue aprobada, pues se frenó en la Cámara de Diputados. Al cierre de la edición, ninguna autoridad mexicana expresó un posicionamiento.