Con señalamientos de corrupción de Morena y el PAS Osbaldo López llega a la Junta de Agua de Mazatlán

Álvaro Aragón Ayala 

El priista Osbaldo López Angulo, quien fuera titular de Obras Públicas del gobernador Quirino Ordaz Coppel, asumió la titularidad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, como parte de la estrategia de la avanzada del “PRI renovado”, proyecto político que abraza el alcalde Guillermo –El Químico- Benítez. 

La designación de López Angulo fue anunciada por el presidente municipal una vez que tomó posesión a el ex diputado del PRD, Edgar Augusto González Zatarain, como secretario del ayuntamiento de Mazatlán, propuesto por la diputada de Culiacán, Victoria Sánchez Peña. Zatarain reside en el municipio de El Rosario. 

Osbaldo López Angulo forma parte del nuevo equipo del alcalde y de la elite priista del puerto de Mazatlán, con el que operará la terminación del desmantelamiento de la planta de tratamiento de aguas negras “El Crestón”, en cuyos terrenos proyecta crear un corredor turístico con recursos públicos para beneficiar a particulares. 

El nuevo gerente de la Jumapam, en funciones de titular de Obras Públicas de Quirino Ordaz fue acusado de actuar como “socio” Juan Carlos Ordaz Coppel, hermano del otrora gobernador, señalado de adjudicar los contratos y subcontratos y cobrar el 10, 20 y 30 por ciento del costo total de las obras asignadas.   

De acuerdo al reporte de la Auditoría Superior del Estado, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán presenta un subejercicio de 200 millones 530 mil 252 pesos en relación a sus ingresos y registra observaciones por pagos de combustible por 2 millones 830 mil 694 pesos a vehículos que no se encuentran en el parque vehicular de la paramunicipal. 

En su comparecencia ante el Congreso del Estado, cuando estaba todavía en funciones de titular de Obras Públicas, a Osvaldo López Angulo, diputados de Morena y el PAS le restregaron en su cara que “en la realización de obra pública (…) prevalece la opacidad y por tanto no hay transparencia ni rendición de cuentas.

La comparecencia se realizó para analizar el Quinto Informe de Gobierno en el tema que corresponde a Obras Públicas y se desarrolló ante la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas que preside el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta. 

El diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta aseguró que en materia de obra pública el gobierno “resultó ofensivo para el pueblo de Sinaloa”, porque “la discrecionalidad suplió a la planeación; las ocurrencias sustituyeron a las prioridades y la obra pública, pagada con los impuestos de todos los contribuyentes, se realizó en la opacidad” y denunció que “la oscuridad del gasto favoreció la corrupción”. 

Reveló que en Obras Públicas se observó la aplicación de dos mil millones de pesos solo en cuatro operaciones que son materialmente privadas, lo que, sin duda, «constituye un desvío de las funciones públicas y un serio problema de corrupción del que tendrá que rendirse cuentas”. 

La diputada del PAS, Luz Verónica Avilés Rochín, reveló que “de nueva cuenta, subsiste la opacidad en el manejo de los recursos económicos, y esto se ve más en algunas secretarías como la de Obras Públicas…». 

Incluso retomó las cifras del mismo Ejecutivo estatal, de que en su periodo se han invertido más de 22 mil millones de pesos en más de 37 mil obras en todo el estado, y que en el presente año se programaron 1 mil 528 millones 919 mil 985 pesos, para la más de 165 obras y acciones. 

Sin embargo, observó, en la Plataforma Nacional de Transparencia solo existe información de 51 licitaciones por un monto total de 568 millones 129 mil 746 pesos. 

Hay otros 960 millones 790 mil 239 pesos, añadió, que no muestran cómo se adjudicaron, que aparentemente no se licitaron “¿Por qué dicha opacidad en la forma?, ¿cómo se ejecutaron estos recursos?” 

La diputada Avilés Rochín puntualizó también que Preecasin haya realizado obras que se suponía ya no iba a hacer. 

Citando un estudio de Iniciativa Sinaloa, expuso que sin la participación de esta paraestatal el 91 por ciento del monto contratado en obra pública se hubiera tenido que licitar. 

” Lo más raro” –observó– “es que, en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuando uno quiere consultar las funciones y obligaciones de Preecasin se lee que: ‘esta institución no tiene obligaciones generales ni específicas’, lo que la hace aún más sospechosa y opaca”. 

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