Reformas: La falsa autonomía de la Universidad de Occidente
Álvaro Aragón Ayala
Contra la Constitución y la Ley General de Educación Superior, Rubén Rocha Moya operó con los diputados de Morena del Congreso Local una pantomima legislativa para impedir que se le saliera de control la Universidad Autónoma de Occidente y sobre pedido impuso reformas a su Ley Orgánica que coartan su autonomía y legalizan e institucionalizan su dependencia del gobierno del Estado.
Efectivamente, ante la rebelión de la comunidad universitaria por la imposición de Pedro Flores Leal en la Rectoría, el gobernador de Sinaloa armó una mascarada para sofocarla y vender la idea de la “democratización” de la institución para quitarse de encima a los universitarios y sostener al Rector bajo el argumento de que las modificaciones a la ley no tienen efectos retroactivos.
Las reformas a la Ley Orgánica llevan el clásico sello rochista de control universitario. El artículo 1 establece que “la autonomía no significa su disgregación de la estructura estatal, ni extraterritorialidad, ésta debe ejercerse en un marco de principios y reglas predeterminadas por el Estado, siempre restringida a sus fines”. La UAdeO queda, así, bajo la dirección/control de Rubén Rocha.
El concepto “no significa su disgregación de la estructura estatal” tiene alcances fatales para la autonomía de la Universidad Lince, pues socava las facultades de la institución para autogobernarse y la responsabilidad para organizarse y regularse sin la injerencia del gobierno del estado. La autonomía de la universidad se sujetará “a los principios y reglas predeterminadas por el Estado”.
Las reformas a la Ley Orgánica son, entonces, atentatorias a la autonomía, pero, además, tiene un origen ilegal ya que se aplicaron con base en la Ley Estatal de Educación Superior, decretada como inconstitucional por un Juez de Distrito por contravenir la Constitución y la Ley General de Educación Superior en materia de autonomía universitaria.
Además, para recoger la opinión de los universitarios necesaria para reformar la ley, los diputados entraron a la institución y organizaron una consulta, la cual, de acuerdo a los principios de autonomía, no debería ser normada por los legisladores, sino por la comunidad universitaria con el aval del Consejo Universitario. Nada más recogieron la opinión de poco más de 6 mil universitarios de un total de 25 mil.
Las modificaciones a la ley fueron armadas por los diputados de Morena, no por los universitarios, violándose así la Ley General de Educación Superior y la Constitución. A los “consultados” y a los dirigentes de los grupos que pugnaban por sacar a Pedro Flores y por democratizar a la UAdeO les salió el tiro por la culata. El gobernador seguirá imponiendo Rector y a sus otras autoridades: la Universidad no podrá disgregarse -separarse- de la estructura estatal.
La UAdeO no pudo, entonces, en el marco de su autonomía, determinar libremente sus estatutos ni definir su régimen interno. No alcanzó tampoco la libertad para nombrar a sus autoridades.
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