Sara Bruna y el modelo “machista” de la Fiscalía
Álvaro Aragón Ayala
La elección de Sara Bruna Quiñonez Estrada como titular de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa no solo viene a romper los estereotipos machistas en el área de procuración de justicia, sino que obliga a realizar una revisión profunda de los mecanismos de selección de aspirantes a ese cargo para modernizar el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en manos de grupos de poder, no en expertos en seguridad, procuración de justicia y criminalidad.
Sara Bruna Quiñonez llegó a la Fiscalía bajo el mismo mecanismo-control con el que arribó su antecesor Juan José Ríos Estavillo, con la diferencia de que ella viene del Poder Judicial, en el que arrojó magníficos resultados, y el otro provino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde desempeñó un triste papel.
La nueva Fiscal General de Justicia es fruto de la cultura del esfuerzo, en tanto que Estavillo es parte de la mafia del poder. Su ascenso fue producto de la genética y los compadrazgos.
Ríos Estavillo es hijo Eleuterio Ríos Espinoza, tercer secretario general de Gobierno de Antonio Toledo Corro; Quirino Ordaz, quien lo entronizó en la Fiscalía, es hijo de Quirino Ordaz Luna, ex alcalde de Mazatlán durante el régimen toledista.
Si bien a Sara Bruna Quiñonez se le vincula con el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, su sostén es su preparación académica, su excelente trayectoria y su imagen de incorruptible y altamente profesional en el ejercicio de sus funciones.
Desde la Fiscalía, Sara Bruna está obligada a tender puentes interinstitucionales con el gobernador Rubén Rocha Moya y con el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, para coordinar esfuerzos y emprender el programa de procuración de justicia e investigación de delitos acorde al futuro Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.
Esa búsqueda de la relación interinstitucional desboca en críticas no certeras sobre la autonomía de la Fiscalía, la cual depende en lo económico del presupuesto estatal y que en materia jurídica debe sujetarse la Ley Orgánica de la Fiscalía y a los lineamientos de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, el Código Nacional de Federal de Procedimientos y otros ordenamientos legales.
La autonomía de la Fiscalía es “relativa’ ya que sí goza de autonomía técnica y de gestión, pero no de autonomía financiera. La dependencia no es una “cápsula” que pueda sobrevivir aislada.
La elección de Sara Bruna Quiñonez ofrece la lectura del rompimiento de los estereotipos machistas en la dirección de la Fiscalía General de Justicia, precisamente cuando la polémica también se centra sobre cuál debe ser su estructura y funciones en el moderno Estado democrático de derecho.
Cuando críticos del esquema de procuración de justicia del viejo régimen, discuten sobre los límites del poder, las libertades públicas y las garantías individuales, bajo la tesitura de que el ejercicio de la acción penal es demasiado importante para los derechos humanos como para dejarlo en las manos del Poder Ejecutivo, o que pueda contaminarse por causas políticas o partidistas.
La estructura de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa descansa en el viejo modelo priista de procuración de justicia que privilegia la impunidad de los dueños del dinero y de los delincuentes políticos, con el agravante de que Juan José Ríos Estavillo desmanteló la institución y redujo casi a la nada los órganos de investigación, claves en la labor del Ministerio Público y en el esclarecimiento de todo tipo de delitos.
El que una profesionista y servidora pública como Sara Bruna Quiñonez Estrada esté al frente de la Fiscalía no implica que los poderes facticos cesen en su pretensión por acotar o controlar a la institución.
