Perseguido por denuncia de acoso sexual y corrupción, Enrique Inzunza renunciará para buscar ser Senador
Álvaro Aragón Ayala
Enrique Inzunza Cázarez, primo del gobernador Rubén Rocha Moya, anunció su salida de la secretaría general de Gobierno para antes de que termine febrero, pues competirá para intentar convertirse en Senador de la República en la fórmula que encabeza la morenista Imelda Castro Castro, alfil político de René Bejarano, “el señor de las ligas”. Sobre Inzunza han recaído denuncias graves.
En el evento del 107 aniversario de la Constitución Mexicana, el ex titular del Tribunal Superior de Justicia, dijo que antes de renunciar al cargo consultará con su pariente, Rubén Rocha, sobre los pendientes que dejará en su despacho, desde donde opera la judicialización y la persecución política contra críticos y opositores al régimen rochista.
Por intromisión del gobernador en el proceso interno de Morena, Inzunza Cázarez fue designado candidato a la segunda posición en la fórmula al Senado de la República a un lado de Imelda Castro Castro, quien busca la reelección. Ambas imposiciones provocaron la descalificación del izquierdista Camilo Valenzuela Fierro que dijo que no representan al pueblo ni a la base morenista.
En el 2017, Enrique Inzunza en funciones de magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, fue denunciado de acoso sexual y amenazas de muerte por la jueza Ana Karina Aragón Cutiño. A raíz de la recepción de esa acusación en el Ministerio Público, en el 2021, Enrique Inzunza Cázarez y el gobernador Rubén Rocha exigieron la renuncia del Fiscal General de Justicia, Juan José Ríos Estavillo. En su lugar colocaron a Sara Bruna Quiñónez Estrada.
El año pasado, circuló un video en el que se observa a Enrique Inzunza sentado en un sillón masturbándose. Los internautas y los colectivos defensores de los derechos de la mujer inundaron las redes digitales calificando al secretario general de Gobierno de “depravado sexual” y de proteger a acosadores.
Aunque Enrique Inzunza nunca ha dado a conocer quién es su padre y su madre para ocultar su parentesco con el gobernador, es sobrino de Ricardo Rocha Cázarez, padre de Rubén Rocha, por tanto es su primo. El secretario general de Gobierno nació, al igual que el mandatario estatal, en Batequitas, Badiraguato (su casa estaba un lado de la otra). El gobernador prácticamente lo “adoptó ” y vivió con él en su época de estudiante.
Antes de desempeñarse como secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza fungió por diez años como presidente del Tribunal Superior de Justicia, tiempo en el que “jineteó” y saqueó el presupuesto de ese Tribunal y los recursos del Fondo para la Administración de la Justicia. La rapacería y los “negocios bancarios” lo llevaron en varias ocasiones a desaparecer temporalmente todos los dineros con un registro de cero pesos en la caja del Poder Judicial. Una auditoría revela que tan sólo en el 2020 Inzunza gastó más de 28 millones de pesos en “servicios personales”.
En efecto: la auditoría interna realizada en el 2020 por el despacho Integridad Patrimonial, S.C., con la firma del Socio Senior Esaú Iribe León, encontró en el Tribunal al 31 de diciembre de ese año “en efectivo y equivalente” un total 538 millones 605 mil 937 pesos en documentos. El ejercicio contable administrativo determinó que, de ese dinero, 531 millones estaban en “inversiones temporales”, con un reporte de cero pesos en caja.
De acuerdo a la auditoría, 7 millones 605 mil 937 pesos estaban en bancos, con un rubro que llama la atención dentro del total de fondos de terceros en administración y en fondos inversiones a corto plazo: 50 millones de pesos 186 mil 486 pesos aparecieron como “fondos pendientes de identificar”.
Interpretando la auditoría, se desprende que Enrique Inzunza Cazarez operó los recursos del Tribunal Superior de Justicia, usó para hacer negocios personales 531 millones de pesos con la etiqueta de “inversiones temporales”.
El arqueo contable aplicado a la STJ por Integridad Patrimonial, S.C, revela un gasto relevante el rubro “servicios personales”, en los que se aplicaron un total de 24 millones 389 mil 295 pesos por concepto de “remuneraciones adicionales y especiales”, seguridad social y “otras prestaciones sociales” y una erogación de casi 12 millones de pesos en pagos de estímulos y a servidores públicos, sobresueldos o “prestaciones especiales”, para expresarlo mejor.
Otra auditoría, pero del 2019, practicada por la Auditoría Superior Estado, descubrió que Enrique Inzunza Cázarez autorizó pagar más de 830 mil pesos a cuatro empleados ausentes que se desempeñaban como “comisionados” en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. La ASE emitió un pliego de observaciones y promocionó la aplicación de responsabilidades administrativas ya que la ley prohíbe pagar a trabajadores comisionados en el sindicato.
