“Pelearé por mi inocencia”, Lozoya acusa injerencia política tras quedarse en prisión por el caso Odebrecht
Alfredo Maza
“Este caso, y es muy triste, el país merece más, es un acto de extrema injerencia política, muy grave, en la Fiscalía General de la República (FGR), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero se les va acabar todo, porque no habrá criterio de oportunidad, pelearé por mi inocencia”.
Con estas palabras Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, acusado por actos de corrupción en el caso Odebrecht, intentó convencer al juez José Rivas González, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, de dejarlo salir en libertad, tras haber cumplido más de dos años en la cárcel.
No obstante, tras casi 12 horas de audiencia, en la que fueron frecuentes los roces e interrupciones entre el personal de la FGR y la defensa legal, finalmente el juez le negó a Lozoya la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad, al considerar que el inicio de su juicio y posterior sentencia se ha retrasado por intentar alcanzar un criterio de oportunidad e interponer diversos recursos, y no por retrasos de la FGR, por lo que lleva más de dos años en prisión.
“Se estuvieron difiriendo las audiencias de la etapa intermedia porque estaban en pláticas para conseguir un criterio de oportunidad, lo que no es atribuible a la Fiscalía, por lo que se debe de continuar con la prolongación de la prisión preventiva justificada que se impuso al señor Emilio Lozoya”, decretó el juez.
Luego de escuchar la resolución, Lozoya Austin se dejó caer sobre su asiento, con los brazos cruzados, en espera de que los elementos de la Guardia Nacional que lo condujeron a la sala de audiencias, lo regresaran a la celda en la que está desde el 3 de noviembre de 2021.
Polémicas en la audiencia de Lozoya por el caso Odebrecht
Desde el inicio de la jornada, la audiencia de Lozoya comenzó con una fuerte incertidumbre debido a que de última hora el juez de la causa, Gustavo Aquiles Villaseñor, notificó que se ausentaría, debido a que inició su periodo vacacional desde las primeras horas de este viernes 15 de diciembre, por lo que en su lugar quedaría el juez José Rivas González, en su calidad de juez sustituto de enjuiciamiento.
Esta situación provocó que en al menos tres ocasiones el juez Rivas González justificara su presencia en la audiencia, sabiendo que había prensa, orillándolo incluso a asegurar que era necesaria la aclaración debido a los tiempos actuales, “en los que se ha puesto a discusión nuestra entereza y nuestra solvencia”.
Por esta razón, tanto Pemex como la UIF y FGR presentaron una incidencia para solicitar que la audiencia se cancelara, petición que finalmente fue rechazada por el juez que consideró que se trataba de un asunto “urgente” sobre la libertad de una persona, razón por lo que se debía continuar con la audiencia.
Al arrancar con el fondo del asunto, el abogado Alejandro Rojas pidió al juez Rivas González se pusiera en inmediata libertad a Emilio Lozoya y le regresara las medidas cautelares que tenía originalmente, que eran el uso de un brazalete electrónico, la prohibición de salir del país y presentarse de forma periódica ante un juez para firmar.
“Esto debido a que ha transcurrido en exceso el plazo de dos años de la prisión preventiva justificada, donde no se ha dictado ninguna sentencia ni iniciado la etapa de juicio”, dijo.
Hace más de dos años, el 3 de noviembre del año 2021, Emilio Lozoya Austin pasó su primera noche en la cárcel desde que fue extraditado de España. La medida cautelar impuesta sobre quien fuera parte del equipo del expresidente Enrique Peña Nieto se dio semanas después de que fuera captado cenando junto con otras personas en un restaurante de lujo ubicado en Lomas de Chapultepec.
Por ello, en respuesta a la petición de la defensa de Lozoya, el fiscal Manuel Granados, de la FGR, aseguró que Lozoya ha evadido su responsabilidad desde el principio del proceso, al “no cumplir con la garantía de reparación del daño”, lo que ha retrasado el proceso desde aquel día.
“Además, se fueron colocando ‘minas’ por parte de la defensa para que no se llegara a la etapa intermedia. Por ello, de acceder a sus pretensiones podría darse a la fuga y esconderse en cualquier país”, remató.
“¡Se está manipulando la información y se está mintiendo!”, respondió el abogado Rojas.
Estos frecuentes roces e interrupciones entre ambas partes, que incrementaron a tal grado de saturar el sonido de la audiencia, provocaron que el juez decretara en varias ocasiones recesos y llamara a los abogados y fiscales a conducirse con respeto y orden.
Mientras esto ocurría, Emilio Lozoya se mantenía inquieto en su silla, tocándose en repetidas ocasiones la cabeza, en señal de frustración, con el ceño fruncido, moviendo las manos en señal de desaprobación e incluso ofreciendo disculpas al juez “por su paciencia”.
No obstante, uno de los puntos de más alta tensión ocurrió cuando el fiscal Granados explicó que en una ocasión se acercó a Lozoya para lamentar el delicado estado de salud por el que atravesaba uno de sus familiares, a lo que el exdirector de Pemex habría respondido: ‘Cállate, te estás metiendo con mi mamá’.
Y es que en este proceso por el caso Odebrecht no solo está acusado el exdirector de Pemex por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, sino también su mamá, la señora Gilda Margarita Austin, su hermana Gilda Susana Lozoya Austin, así como su exesposa Marielle Helene Eckes, de la que en meses recientes se habría divorciado.
“Por eso reitero, no se me acerquen en lo oscurito, no hable de mi madre como delincuente, si tiene dudas sobre el acta de divorcio denuncie ¿o lo va seguir sumando a sus actos de coacción?”, agregó Lozoya.
Caso Lozoya
Hace más de dos años, Emilio Lozoya Austin pasó su primera noche en la cárcel, señalado por presuntamente haber recibido más de 10 millones de dólares de la constructora Odebrecht para sobornar a diversos funcionarios mexicanos, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por lo que la FGR busca se le impongan 35 años de cárcel.
Desde aquel día, el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza aceptó el argumento de la FGR para solicitar la prisión preventiva contra Lozoya Austin al considerar que había un alto riesgo de que el exfuncionario se fugara en caso de dejarlo en libertad.
Durante la audiencia inicial, que duró más de cinco horas, otro de los argumentos que aceptó el juez para dictar prisión preventiva a Lozoya fue que el criterio de oportunidad, con el que Lozoya había evitado pisar la cárcel desde que fue extraditado de España, mismo que no se había concretado, pues la Fiscalía no se lo había otorgado.
Dos años después, el 7 de diciembre de 2023, el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, del Reclusorio Norte, llevó a cabo una audiencia donde la defensa de Lozoya nuevamente se presentó, esta vez para realizar su petición de cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada por una “menos lesiva”, para que el exdirectivo pudiera llevar su proceso en libertad.
No obstante, en dicha audiencia el juez declaró que estaba impedido para pronunciarse al respecto debido a que estaba vigente una suspensión definitiva concedida por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal en la Ciudad de México y otra por un juzgado de distrito. Esto provocó que el exdirector de Pemex se desistiera de ambos recursos, con la esperanza de recuperar su libertad.
Al llegar a la audiencia, el equipo legal de Lozoya buscó recuperar la libertad del exdirectivo argumentando que al artículo 20 de la Constitución, en su apartado B, fracción IX, sobre los derechos de toda persona imputada, se establece que la prisión preventiva “en ningún caso será superior a dos años”.
En respuesta, la FGR reiteró que el mismo artículo señala que esto ocurre así “salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado”.
Este debate provocó que la audiencia se extendiera por horas, pues mientras la defensa de Lozoya aseguraba que los diferimientos se realizaron porque en múltiples ocasiones la FGR no entregó todas las pruebas y documentos que utilizarían contra el exdirectivo, los fiscales aseguraban que los retrasos se debieron a la interposición de una serie de recursos a favor del imputado.
“Este caso representa el mayor caso de corrupción de América Latina en la que una empresa brasileña sobornó a diversos funcionarios del mundo para conseguir contratos a favor suyo”, recordó el fiscal Granados.
Pero todo culminó cuando el juez preguntó quién había realizado la petición de criterio de oportunidad, desde cuándo lo habían hecho y cuando se había dado por concluido este proceso.
“El propio señor Lozoya solicitó este recurso desde el año 2020”, le respondió la propia defensa de Lozoya, mismo que concluyó hasta el auto de apertura del juicio, que ocurrió hasta este mes de septiembre de 2023.
Por esta razón, el juez consideró que desde que Lozoya pidió el criterio de oportunidad hizo “uso de su derecho de defensa”, por lo que “no se han cumplido dos años” sin que reciba sentencia o llegue a su juicio por culpa de la FGR.
“Esta prisión preventiva es un acto notorio, así lo aprendí aquí, obtenido con base a pruebas prohibidas de origen en otros países, ya señaladas como improcedentes, obtenidas mediante actos de tortura, violación de la cadena de custodia, en la cual el juez se puso de acuerdo con la policía. Este documento está en la página del Tribunal Superior de Brasil. Es notorio que la Fiscalía no haya pedido cooperación internacional para tener ese documento, pero lo más sorprendente es usar la prisión preventiva (para) que en términos económicos puedan obtener (más) de mí y mi familia”, aseguró Lozoya.
