Estafa llegó a privados
Segalmex defraudó a empresarios con creación de purificadoras de agua
El periódico El País publicó ayer una investigación que revela que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) estafó a empresarios privados con la instalación de 274 plantas purificadoras de agua en sus almacenes.
De acuerdo con el reportaje de Georgina Zerega, un grupo de empresarios había acordado con la paraestatal montar las plantas purificadoras de agua, pero los inversores nunca recuperaron su dinero y la Segalmex perdió los fondos públicos que había invertido en servicios para que las plantas operaran.
Zerega explicó que Diconsa aportaría el espacio y se haría cargo de los gastos por servicios, como energía eléctrica y agua potable de la red pública, el almacenamiento, la distribución del producto, la recuperación de los garrafones vacíos y el suministro inicial de 500 mil envases de 20 litros vacíos, y se estableció en acuerdo inicial con un mínimo de producción de 3.9 millones de garrafones al mes. Sin embargo, entre 2020 y 2021 vendieron en todo el país apenas 4.9 millones de pesos. Por ello, el medio español hizo una aproximación con la idea de que los garrafones se vendían en 15.75 pesos. Con ese dato, el total de las ventas podría haber sido de 314 mil 300 pesos en todo el país, de los 3.9 millones estipulados.
El reportaje publicado en El País detalla que todas las plantas que se levantaron se hicieron con dinero de empresarios privados, y que el costo de levantar cada una rondaba los 170 mil pesos. Uno de los empresarios fue Hugo Rosales Badillo, exsecretario de Gobierno del estado de Durango, quien habría aportado dos millones de dólares en efectivo y sólo logró recuperar 10 millones de pesos; otro fue un empresario de Chihuahua que entregó a través de una transferencia bancaria unos 18 millones de pesos, y no volvió a ver ese dinero; y Luis Molleda Cámara, un empresario que fue contratista regular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por un monto de 160 millones de pesos, y que no tuvo ningún rendimiento.
El acuerdo fue firmado por René Gavira Segreste, el titular de Administración y Finanzas; y Manuel Lozano Jiménez, el exdirector comercial del organismo; mientras que las empresas incluidas en el convenio fueron Grupo Andareya y MSG Minerales Sintéticos Granulados, del empresario Fernando Zurita, ahora detenido por una compra fraudulenta de azúcar, al tiempo que Eduardo Murillo Landeros, su enviado, era quien firmaba como representante legal del consorcio, también detenido en la causa judicial de Segalmex.
El reportaje de El País expone que el esquema de pagar todas las compras por adelantado y pedir el producto luego fue una medida que se impuso en la administración de Ignacio Ovalle. “No es un mecanismo regular en las contrataciones públicas y sirvió para que los proveedores no entregaran en muchos casos la totalidad de lo comprado, generando un daño a la Hacienda pública”.
“Así el desfalco dentro de Segalmex superó los 15 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. La estafa se repitió con la carne, el azúcar y hasta las pilas, de acuerdo a lo que han revelado numerosas investigaciones periodísticas”, agregó la periodista Zerega.
El pasado 8 de diciembre, un Juez de Distrito dictó la prisión preventiva a René Gavira Segreste, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas, por la presunta compra ilegal de título bursátiles con valor de 700 millones de pesos con dinero de Liconsa.
El Juez de Control del Centro de Justicia Penal, Gerardo Alarcón López, consideró que la única forma de continuar con el proceso legal en contra del exfuncionario, es mantenerlo privado de su libertad, pues existe el riesgo de que se vuelva a dar a la fuga.
René Gavira Segreste fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), por su posible implicación en el caso de corrupción del organismo por al menos nueve mil millones de pesos.
Según los primeros reportes, el exfuncionario fue detenido en Miami, Estados Unidos, y fue trasladado a México para que sea investigado por su probable participación del desfalco.
El exfuncionario, quien se encontraba prófugo de la justicia, está señalado por las autoridades por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por otorgar contratos y autorizar compras en el organismo.
