Tatiana Clouthier y el pleito con Jalife
Julián Andrade
Jalife podrá llevar el proceso en libertad, pero tiene impedido acercarse a Clouthier, entre otras medidas propias del caso
Por unanimidad, en marzo de 2007, el Senado formalizó la derogación del delito de calumnia y sus implicaciones penales.
Fue una larga lucha de organizaciones de periodistas y defensoras de los Derechos Humanos.
El objetivo de reformar el Código Penal Federal era para evitar que se abusara de una disposición que podía comprometer la libertad de expresión.
Quedó pendiente que los estados hicieran lo propio.
Unos ajustaron su legislación a las disposiciones federales y otros no, entre estos últimos se encuentra Nuevo León, donde el Artículo 236 señala que “el responsable del delito de calumnias se le castigará con prisión de dos a seis años y multa de quinientas a mil cuotas.
”Tatiana Clouthier se sintió calumniada por Alfredo Jalife, quien en sus programas de YouTube acusó a la entonces secretaria de Economía, de “vender el litio mexicano” y de “servir a los intereses de Estados Unidos
Cuando dejó el cargo, Clouthier decidió, en diciembre de 2022, presentar una demanda contra Jalife y lo hizo en Nuevo León.
Fue en septiembre de este año, que se giró la orden de captura y hace unos días la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México la cumplió en colaboración con sus colegas regiomontanos.
Jalife podrá llevar el proceso en libertad, pero tiene impedido acercarse a Clouthier, entre otras medidas propias del caso.
Jalife, por cierto, suele también presentar demandas contra periodistas y de muy mala fe.
El asunto tiene implicaciones que trascienden un pleito entre particulares, porque establecen un muy mal precedente respecto a las libertades periodísticas.
Clouthier está en medio de un escándalo y además compromete su participación en la campaña de Claudia Sheinbaum, donde es una de las voceras y acaba de lograr que sujeten a juicio penal a un analista que es crítico de la abanderada presidencial de Morena.
En el fondo, su equivocación no fue por querer la reparación del daño que le causaron los disparates propalados por Jalife, sino la vía que eligió para obtener un resarcimiento.
De haber presentado sus alegatos en la Ciudad de México, se habría seguido por la vía civil, donde no se compromete la libertad corporal de nadie, pero tampoco se dejan en la impunidad las acusaciones de mala fe.
Sus abogados debieron advertirle de las consecuencias que se podrían derivar al momento en que Jalife fuera llevado a prisión, aunque se tratara de solo unas horas.
En los “Principios sobre libertad de Expresión” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se especifica que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario o persona públicos o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”.
Esto es así para evitar que las cárceles se llenen no solo de calumniadores, sino de periodistas que sí hacen su trabajo y están sujetos a padecer las presiones de poderes políticos o económicos. Ese es el meollo del asunto.
Clouthier puede actuar en consecuencia y seguramente evitará que se generen suspicacias que no vienen a cuento y que no se detendrán con la salida fácil de querer achacar a otros, en este caso las supuestas malas intenciones de la Fiscalía de Nuevo León, como intenta Sheinbaum, cuando está más que claro que lo que se desató es a partir de una decisión que tomó la quejosa.
Para colmo, el contexto internacional solo abona a las inquietudes ya que Schirlei Alves fue condenada a un año de arresto domiciliario y a un pago de 80 mil dólares de multa, porque un juez y un fiscal se quejaron de la cobertura que la periodista brasileña hizo de sus tropelías.
A Felipe Soto, un reportero chileno, le tocaron 61 días de cárcel y 800 dólares porque reveló que un funcionario municipal cobraba doble.
Dos ataques a la libertad que documentó la LatAm Journalism Review.
LAS VÍSPERAS DEL 2024
Continúan los jaloneos en el TEPJF. Sería terrible un relevo más en la presidencia de la Sala Superior y más aún en pleno proceso electoral y ante lo que será una contienda por demás compleja. Desde 2019 han asumido esa posición cuatro magistraturas.
A Reyes Rodríguez Mondragón hay que evaluarlo en sus resultados y son buenos, como acaba de mostrar en su Informe Anual rendido ante los plenos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
