Se disparan los crímenes contra las personas de la diversidad sexual; el odio, el verdadero móvil
Diana Lastiri
El homicidio del magistrade electoral, Ociel Baena y su pareja Donovan Nieves intensificó el reclamo de la comunidad LGBTIQ+ de poner un alto a los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual.
En menos de 24 horas las autoridades de Aguascalientes adelantaron que el delito pudo haberse cometido sólo entre ellos dos ante la falta de evidencia de un tercero dentro del domicilio del magistrade, que fue donde aparentemente ocurrieron los hechos.
No habían pasado ni 48 horas cuando la fiscalía General de Justicia de Aguascalientes concluyó que la pareja del magistrade le mató y posteriormente se suicidó.
Las conclusiones que apuntan a crímenes pasionales en casos de agresiones y homicidios contra las personas de la diversidad sexual son comunes, de acuerdo con Andrés Treviño, titular de la Dirección de Diversidad Sexual en el estado de Jalisco, con esto se busca invisibilizar y dejar en el olvido la verdadera causa que origina estos hechos: el odio.
“Tenemos que partir de reconocer el contexto de invisibilidad en el que hemos vivido por muchísimo tiempo; ha habido una ausencia de políticas públicas; presupuesto encaminado a revertir los índices de violencia y discriminación y partir precisamente de que no existan ni siquiera datos estadísticos de cuántos somos ni de qué tipo de violencias enfrentamos y una de esas estrategias para la invisibilidad y el olvido es precisamente esta mala práctica de argumentar crímenes pasionales porque esto simplemente deja toda la carga de la violencia en la víctima y sus relaciones personales y omite que existe una relación contextual de la violencia que enfrentamos las personas de la diversidad sexual”, comentó.
Violencia letal
Pese a que no existen datos oficiales elaborados por las autoridades para documentar las agresiones contra los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, las organizaciones de la sociedad civil han buscado dejar registro de ellas.
En el informe “Los rastros de la violencia por prejuicio: violencia letal y no letal contra personas LGBT+ en México, 2022”, realizado por Letra Ese, se registraron por lo menos 87 muertes violentas de personas de la diversidad sexual durante el año pasado. Los motivos asentados en dicho informe estarían relacionados con la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas.
La cifra reportada en 2022 representa un incremento con relación a la registrada en años anteriores pues en 2021 fueron 78 y en 2020, 79.
En los últimos cinco años han sido contabilizadas 453 muertes violentas de personas de la comunidad LGBTIQ+, señala el informe.
Entre las muertes registradas en 2022, 48 fueron transfeminicidios; es decir, en el 55.2% de los casos a nivel nacional las víctimas eran mujeres transgénero.
“Estas cifras nos permiten estimar una tasa de 15 homicidios por cada 100 mil habitantes transgénero. Esta cifra es superior a la tasa general de homicidios de mujeres cis (identificadas con el género que tienen biológicamente) reportada por el INEGI en 2021, que equivale a 6 por cada 100 mil habitantes”, señala el documento.
Ese año, 22 hombres homosexuales fueron asesinados y se registraron 11 casos de mujeres lesbianas asesinadas.
En 27 de los casos las víctimas fueron sometidas a golpes, violencia sexual, tortura; postmórtem sus cuerpos fueron decapitados, quemados y rematados con autos en marcha.
Los casos fueron registrados en 24 de las 32 entidades de la República, Oaxaca ocupó el primer lugar de incidencias con un total de 11 homicidios: seguido por Veracruz con diez; Chihuahua con nueve y el Estado de México con siete.
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio documentó que entre 2019 y 2022 se registraron 305 muertes violentas de personas de la diversidad sexual.
Mientras que la plataforma Visible que, a decir del abogado especialista en defensa de las personas de la comunidad LGBTIQ+, es la base de datos más grande del país, ha documentado 2 mil 686 agresiones por odio contra personas de la diversidad sexual, de las cuales 160 son homicidios.
“Vemos en estas diferentes fuentes de información un número considerable de situaciones de violencia letal que pues no se ven reflejadas en las carpetas de investigación o las sentencias porque las instancias de procuración de justicia no siguen protocolos que puedan ir encaminando a alcanzar esa verdad”, reprochó Treviño.
En México desde 2017, existe un Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+ para garantizar una justicia incluyente, que fue aprobado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de ese año.
El documento establece directrices para que las autoridades investiguen los casos que involucran a las personas de la diversidad sexual ya sea como víctimas o personas detenidas bajo una perspectiva de género.
Sin embargo, su sola existencia no es suficiente para garantizar el acceso a la justicia para las personas de la diversidad sexual pues además de que no se aplica (Proceso No. 5 edición mensual), no existe en México un tipo penal específico para sancionar crímenes de odio, pese a que ya se han emitido recomendaciones por organismos internacionales como la ONU en este sentido.
“Tenemos en dos estados, Jalisco y la Ciudad de México, agravantes por odio a los delitos de homicidio y lesiones, pero no tenemos el tipo penal autónomo de crimen de odio. Sería importante porque eso permitiría a las autoridades hacer un poco lo mismo que en teoría tendría que hacer con el feminicidio: aunque no todas las muertes violentas de mujeres son feminicidios, un contexto generalizado de violencia en el que las probabilidades de que sí sea un feminicidio son muy altas, hace que la autoridad tenga que presumir que es feminicidio, por lo que no se debe descartar esa línea de investigación hasta que se tenga la información suficiente y no al revés.
“En materia de personas LGBT tendría que ser igual, en un contexto general de violencia tendríamos que presumir la existencia del odio hasta que, en todo caso, se pudiera descartar”, explicó el especialista.
El caso del Magistrade
Las primeras conclusiones de la Fiscalía de Aguascalientes sobre la muerte de Ociel Baena y Donovan Nieves han llevado a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ a solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso.
Entre esas personas está la diputada federal Salma Luévano quien presentó su escrito de solicitud de facultad de atracción este 15 de noviembre, horas más tarde, la Fundación Arcoíris y dos personas más presentaron otro escrito en el mismo sentido.
En las solicitudes se afirmó al fiscal General, Alejandro Gertz Manero que el caso del magistrade Ociel Baena y su pareja revisten una trascendencia nacional vinculado con graves violaciones a los derechos humanos, además de que afecta a todo el colectivo LGBTIQ+.
Añadieron que la Fiscalía estatal no consideró las amenazas que Baena denunció haber recibido en los últimos meses y por las que tenía medidas de protección del Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos.
“Este es paradigmático por muchas razones, no sólo había sido cercano al asesinato de otro activista en un evento convocado por le magistrade quien termina declarando que consideraba que ese ataque había sido hacia elle y que alcanzó a Ulises (Nava) por error y a partir de ese momento solicitó medidas de protección al Mecanismo de Defensoras de Derechos Humanos y de ese momento, de julio a la fecha, se incrementó el número de amenazas y agresiones por odio que recibía en redes sociales”, recordó Treviño.
“Nada de eso está considerado en las versiones de las autoridades. En automático salen a contarnos una versión de un conflicto de pareja con drogas de por medio. Filtran toda su información para que en redes sociales haya una narrativa estigmatizante y es justo esto lo que hace que la familia y quienes defendemos derechos LGBT pongamos en duda las versiones que están circulando en este momento”.
Las declaraciones de la Fiscalía de Aguascalientes han derivado también en discursos de odio en redes sociales contra la pareja del magistrade por parte de quienes además de emitir mensajes discriminatorios contra del exfuncionarie, llaman a Donovan asesino.
“Ver sus ataúdes juntos y a sus familias juntas en esta búsqueda por la verdad, nos habla de la relación sana que llevaban estas dos personas, sus familias se conocían, tenían planes de casarse a futuro, era una pareja normal y con una familia sana pero hay un grupo de personas en la sociedad que a partir de los prejuicios no logra imaginar que las personas de la diversidad sexual tengamos familias sanas y felices y les parece muy sencillo comprarse la idea del crimen pasional porque ya existe una carga de prejuicios hacia las personas de la diversidad sexual porque cuando ven a le magistrade no ven a una persona profesional con maestría, doctorado, con una capacidad de inteligencia brillante, si no ven un objeto de burla, ven un arquetipo de la ridiculización y entonces es muy fácil, si partimos de no considerarlo una persona digna, creernos cualquier cuento estigmatizante”, comentó Andrés Treviño.
Durante el funeral de Ociel Baena y Dorian Herrera, la hermana del magistrade rechazó las declaraciones de la Fiscalía de Aguascalientes y afirmó que a ellos como familia ni siquiera les han llamado para darles informes sobre el caso.
“No hemos hablado con nadie, con nadie hemos tenido acercamiento ni respuesta. No nos han avisado nada. Son mentiras, ellos eran unas personas muy tranquilas, muy pacíficas, se querían mucho, en ellos no existía la maldad. Es falso todo eso”, comentó Cinthya Baena a medios locales.
El jurista reconoció que la muerte del magistrade y su pareja generará un cambio profundo en la forma en que se hace defensa de los derechos LGBT en México, pues Baena al ser la primera persona no binaria reconocida legalmente en tener un cargo de magistrado electoral e impulsar políticas a favor de la diversidad sexual, se convirtió en un icono de esperanza para la comunidad.
“El nivel de amenaza que significa este, casi que podríamos llamarle magnicidio de una figura muy importante para las personas de la diversidad sexual, nos pone en un nivel de alerta distinto”, dijo.
Consideró que este caso obliga a poner más énfasis en la lucha para tipificar el tipo penal autónomo de crimen de odio y la emisión de una legislación que prohíba y sancione los discursos de odio específicamente cuando quienes los emiten son personas políticamente expuestas, medios de comunicación o personas que pueden influir a una colectividad.
“Es muy importante que la FGR atraiga el caso de le magistrade y comparto lo que han dicho algunas activistas sobre tener un peritaje independiente internacional e incluso me gustaría poner sobre la mesa la posibilidad de que quizá tengamos que exigir la integración de una Comisión de la Verdad porque aunque todos los asesinatos por odio merecen verdad y justicia, las dimensiones y particularidades de este caso con las amenazas previas, la visibilidad del perfil, era la primer persona no binaria que rompió ciertas barreras, amerita que se llegue al fondo del asunto”, precisó.
