Quirino Ordaz “se clavó” el dinero de los jubilados
Richard Lizárraga Peiro
En abierta traición al pueblo de Sinaloa y a los trabajadores jubilados y en activo del Estado, en funciones de gobernador, Quirino Ordaz Coppel robó las cuotas que se les descuentan a los burócratas para su retiro. Incurrió en abuso de autoridad y de peculado o de saqueo en despoblado.
La Auditoría Superior reveló que la administración de Quirino Ordaz Coppel “se clavó” o no reportó al Instituto de Pensiones 367 millones 563 mil 092 pesos para el retiro de los trabajadores, pese a que les realizaron los descuentos quincenalmente.
El latrocinio de Quirino Ordaz fue ocultado por algunos medios de comunicación. No se le otorgó la máxima publicidad pese a la importancia y a los delitos en que incurrió el entonces gobernador de Sinaloa.
En funciones de mandatario estatal, Quirino Ordaz Coppel gastó, sin la autorización del Congreso Local, mil 905 millones de pesos en la construcción de un gobernador “honorable” y ejemplar; pagó también por el silencio y contrató encuestadoras para que lo ubicaran como uno de los mejores gobernadores del país.
El Gobierno de Quirino Ordaz Coppel les descontó puntualmente a los trabajadores las cuotas quincenales que les corresponde aportar a su retiro, pero se los robó o aplicó en otros rubros -nadie sabe dónde-, y obviamente no lo reportó al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa.
El gobierno de Mario López Valdez, que impulsó en el 2016 desde el Tercer Piso la campaña de Quirino Ordaz, abanderado por el PRI-PVEM, incurrió en las mismas ilegalidades. Por no reportar alrededor de mil millones de pesos al IPES, Quirino Ordaz no lo denunció ante la Fiscalía. Protegió a Malova.
De acuerdo a los informes de la Auditoría Superior del Estado en el 2018, el gobierno quirinista le descontó o retuvo a los trabajadores más de 398 millones 034 mil 374 pesos, de los cuales solamente reportó al IPES 30 millones 471 mil 282 pesos, dejando un saldo pendiente de 367 millones 563 mil 092 pesos.
Tras la observación, la ASE emitió una promoción de responsabilidad administrativa. Pero no pasó nada. La Auditoría no emprendió ninguna otra acción legal contra la administración de Quirino Ordaz.
“Por las acciones u omisiones de los servidores públicos que en su gestión incumplieron con las disposiciones legales aplicables, para lo cual se remitirá el expediente que contenga los documentos que soporten la observación de referencia”, asentó la ASE.
En el 2017 la Auditoría superior del Estado también observó la omisión del pago de 95 millones 139 mil 472 pesos, lo que también derivó en una promoción de responsabilidad administrativa.
Aunado a la deuda de Quirino con el IPES, todavía está faltante de mil 338 millones 101 mil 758 pesos que quedaron pendientes del sexenio de Mario López Valdez.
La Auditoría Superior del Estado observó que, si bien el actual Gobierno realizó un abono de 99 millones 734 mil 806 pesos, todavía están pendientes montos correspondientes del 2012 al 2016.
En conjunto, entre las deudas de Malova y Quirino con el Instituto de Pensiones suman mil 705 millones 664 mil 850 pesos.
SALDOS PENDIENTES DE ACUERDO AL REPORTE DE LA ASE
2012
148 millones 997 mil 965 pesos
2013
265 millones 401 mil 927 pesos
2014
230 millones 647 mil 925 pesos
2015
335 millones 843 mil 342 pesos
2016
357 millones 210 mil 597 pesos
2018
367 millones 563 mil 092 pesos
SALDO TOTAL
MIL 705 MILLONES 664 MIL 850 PESOS
