Enrique Inzunza “jineteó” y saqueó el dinero del Tribunal Superior de Justicia
Álvaro Aragón Ayala
En funciones de presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Inzunza Cázarez incurrió en el “jineteo” y saqueo del presupuesto de ese Tribunal y de los recursos del Fondo para la Administración de la Justicia. La rapacería y los “negocios bancarios” lo llevaron en varias ocasiones a desaparecer temporalmente todos los dineros con un registro de cero pesos en la caja del Poder Judicial. Una auditoría revela que tan sólo en el 2020 Inzunza gastó más de 28 millones de pesos en “servicios personales”.
El Fondo para la Administración de Justicia se integra con: las multas que se imponen en los tribunales, el monto de las cauciones, los objetos o instrumentos materia del delito que no son reclamados en un término de tres años por sus propietarios; el monto de la reparación del daño cuando la parte ofendida renuncie al mismo, los intereses provenientes de depósitos en dinero que efectúen ante los tribunales, las donaciones y aportaciones, etc.
En efecto, una auditoría interna realizada en el 2020 por el despacho Integridad Patrimonial, S.C., con la firma del Socio Senior Esaú Iribe León, encontró en el Tribunal al 31 de diciembre de ese año “en efectivo y equivalente” un total 538 millones 605 mil 937 pesos en documentos. El ejercicio contable administrativo determinó que, de ese dinero, 531 millones estaban en “inversiones temporales”, con un reporte de cero pesos en caja.
De acuerdo a la auditoría, 7 millones 605 mil 937 pesos estaban en bancos, con un rubro que llama la atención dentro del total de fondos de terceros en administración y en fondos inversiones a corto plazo: 50 millones de pesos 186 mil 486 pesos aparecieron como “fondos pendientes de identificar”. Interpretando la auditoría, se desprende que Enrique Inzunza Cazarez operó los recursos del Tribunal Superior de Justicia, usó para hacer negocios personales 531 millones de pesos con la etiqueta de “inversiones temporales”.
El arqueo contable aplicado a la STJ por Integridad Patrimonial, S.C, revela un gasto relevante el rubro “servicios personales”, en los que se aplicaron un total de 24 millones 389 mil 295 pesos por concepto de “remuneraciones adicionales y especiales”, seguridad social y “otras prestaciones sociales” y una erogación de casi 12 millones de pesos en pagos de estímulos y a servidores públicos, sobresueldos o “prestaciones especiales”, para expresarlo mejor.
Otra auditoría, pero del 2019, practicada por la Auditoría Superior Estado, descubrió que Enrique Inzunza Cázarez autorizó pagar más de 830 mil pesos a cuatro empleados ausentes que se desempeñaban como “comisionados” en el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado. La ASE emitió un pliego de observaciones y promocionó la aplicación de responsabilidades administrativas ya que la ley prohíbe pagar a trabajadores comisionados en el sindicato.
