Crisis y desesperación por delitos e impunidad
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
La incapacidad para resolver los delitos en Sinaloa cada vez se vuelve más crítica. La Fiscalía Estatal no reacciona porque la tienen muy ocupada con la simulación circense del conflicto contra la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Muchos delitos pendientes de ser atendidos por la Fiscalía Estatal tienen su origen en la propia administración de la que forma parte. En los comentarios realizados en este espacio de opinión, se mencionaron algunos hechos que la ley los considera como delitos y que no han sido abordados por esa dependencia encargada de investigar los delitos.
En el delito de desaparición forzada de personas cuyo número es muy alto en el Estado, hay copiosas denuncias donde se presume que los autores que participaron en esos hechos son policías que pueden formar parte de la que tiene a su cargo.
Al asumir esa titularidad debió informarse de los asuntos pendientes sin resolver que por su número difícilmente los podría haber conocido todos, pero seguro que debió saber cuándo menos los que están relacionados con los familiares de desaparecidos sin que se tenga noticia de su paradero.
La inconformidad que demuestran los familiares de desaparecidos por la desatención que reciben del gobierno ha llegado a los límites de la confrontación. Los dejan solos y expuestos a los riesgos naturales de los que presumiblemente participaron en esos delitos.
El conflicto en el que involucraron a la Fiscalía Estatal como medio de represión en contra del Rector Jesús Madueña Molina y otras las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, le distrae de tiempos valiosos que debería destinarlo para investigar delitos que afectan la seguridad pública estatal.
Son muchos meses de distracción contra la UAS, mientras que los homicidios, feminicidios, desaparición de personas, corrupción gubernamental, protección a los acosadores sexuales le deben de obligar a destinar sus esfuerzos para resolver esos delitos que agravian la tranquilidad familiar y social de los sinaloenses.
La persecución política desatada desde el gobierno a través de la Fiscalía Estatal y los Jueces de Control del Poder Judicial cómplice, poco a poco se irá disipando al desmoronarse los delitos prefabricados por esas autoridades de los cuales en su momento habrán de responder por ellos.
Quieren esconder su incapacidad de enfrentar el delito judicializando carpetas de investigación o revisando medidas cautelares para seguir fastidiando a las autoridades universitarias con la finalidad de seguir removiendo a quien llegue a hacerse cargo de la Rectoría de la UAS.
Las autoridades del gobierno parecen ser que llegaron a un acuerdo con la delincuencia organizada para que los homicidios que cometen en Sinaloa los cuerpos de las víctimas los arrojen en el Estado de Durango. Quieren a toda costa anunciar registros de que los delitos van a la baja en el Estado de Sinaloa. el gobierno de Durango ya les cayó la boca.
La Fiscalía Estatal se exhibe por sus logros vulgares e inmorales en contra de las autoridades universitarias rosalinas al prestarse ilegalmente como instrumento de persecución política y por sus acciones represivas.
Pero muy fuerte y estruendoso será el aplauso que se escuche por toda la comunidad universitaria y de Sinaloa, cuando muy pronto verán regresar al Rector Jesús Madueña Molina a la titularidad de su encargo rectoral de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Una campaña de odio en su contra que será tirada a la basura.
Muy pronto también los procesos simulados y aberrantes instrumentados en contra de los dirigentes universitarios habrán de caer a pedazos por las resoluciones ilegales dictadas por unos jueces indignos y entregados a la voluntad del Ejecutivo Estatal violando los más elementales derechos humanos y convencionales de los mismos.
La Fiscalía Estatal es una vergüenza y una dependencia indigna de ser la responsable de abatir la impunidad. El delito no se combate, tampoco se investiga. Privan de la vida a ciudadanos y se limpian de culpa aventándoles la responsabilidad a las autoridades de otros estados. Hasta ese nivel se ha llegado y sin que se atrevan los señores del Consejo Estatal de Seguridad Publica intervenir para poner en orden las cosas.
