Gobernador Rubén Rocha le roba dinero al SAT y a la SHyCP

Álvaro Aragón Ayala

El gobierno de Rubén Rocha Moya comete un millonario fraude y saquea al gobierno federal al pagar con recursos federales al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el Impuesto Sobre la Renta de las nóminas de los trabajadores del gobierno de estatal y de los organismos descentralizados accediendo así de manera ilícita a los recursos de los Fondos General y de Fiscalización y Recaudación. La operación la oculta con una maniobra fiscal que consiste en ajustar una póliza para hacer aparecer el pago de los salarios y del Impuesto Sobre la Renta con recursos estatales propios. En el trinquete está involucrado el secretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega.

La operación fiscal-contable fraudulenta, mediante la cual el gobierno rochista tiene ingreso de manera ilícita, además, a los dineros que no le corresponden de los Fondos federales, no fue auditada por la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, pero fue detectada por el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El delito es gravísimo: el SAT valora la posibilidad de demandar penalmente a Rubén Rocha y solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cancelarle el envío de partidas presupuestarias lo que conduciría al gobierno estatal a la quiebra.

En base a la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito opera el Fondo General y el Fondo de Fiscalización y Recaudación que se integran con la recaudación federal participable que obtiene la Federación del Impuesto Sobre la Renta por concepto de salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado causado por los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los organismos autónomos y entidades paraestatales y paramunicipales, entre otros rubros importantes que conforman la recaudación nacional.

Los recursos se distribuyen entre las entidades federativas de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal. Los gobiernos de los estados pueden participar en la asignación de los dineros de los Fondos federales hasta por un monto del 100 por ciento de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que se entere al SAT, siempre que el salario, al que se descuenta el Impuesto Sobre la Renta, sea efectivamente pagado por los entes mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales. Pero en Sinaloa los sueldos se vienen cubriendo con el presupuesto federal y el impuesto, por tanto, se paga con recursos federales.

La obtención de manera ilícita de los recursos de los Fondos federales fue una práctica recurrente del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, a quien, en tres ocasiones, la SHyCP le retuvo las participaciones federales para obligarlo a regresar cientos de millones de pesos al Fondo de Fiscalización y Recaudación. Quirino gastó o “esfumó” esos recursos, sin embargo, en una maniobra contable desesperada los devolvió o pagó con los recursos propios del gobierno sinaloense desfondando la hacienda estatal. Esos fraudes al SAT y a la SHyCP condujeron a la bancarrota económica y financiera al régimen quirinista.

Igual que Quirino Ordaz Coppel, por dos años consecutivos, el gobierno rochista ha tenido acceso a esos Fondos federales, obteniendo de manera fraudulenta, rapaz, cientos de millones de pesos, recursos que se desconoce en qué se aplican. El saqueo a la Federación lo oculta mediante una operación que se conoce contable y administrativamente como “pólizas de ajuste” para hacer aparecer que los pagos de las nóminas de los trabajadores y de los impuestos al SAT se realizan con recursos estatales propios, cuando en realidad los cubren con recursos o participaciones federales. Rocha Moya le está robando dinero al gobierno federal.

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