Poder Judicial, independencia y autonomía en juego
Diana Lastiri
Si el Senado de la República aprueba la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) en la que se ordena la eliminación de 13 de sus fideicomisos, los trabajadores se enfrentarán a una ruta jurídica que aún no es del todo clara.
Por un lado está la posibilidad de tramitar amparos mientras que la oposición en la Cámara de Diputados y la de Senadores ya anunció la tramitación de acciones de inconstitucionalidad que serán resueltas finalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), única instancia facultada en el sistema legal mexicano para ello.
Raúl Mejía, integrante del despacho Asesores de Reingeniería Constitucional, que tramitó el amparo para proteger a los trabajadores del PJF que se manifestarán este domingo en las calles de la Ciudad de México explicó en entrevista para Proceso la ruta jurídica que podría seguir el conflicto en los próximos meses.
“Se ha especulado mucho sobre si procederán o no los amparos de los trabajadores contra la eliminación de los fideicomisos, lo cual ya es un problema por sí mismo pues las condiciones para esta batalla son complicadas”, consideró el jurista.
“En un momento dado se podría tomar la misma vía que algunos funcionarios tomaron contra la Ley de Salarios y Remuneraciones de ampararse para que no les quiten prestaciones, pero eso siempre tiene el problema de que un amparo sólo tiene efectos individuales”.
Integrantes de la oposición en el Senado y la Cámara de Diputados han anunciado la tramitación de acciones de inconstitucionalidad para el caso de que la mayoría parlamentaria de Morena se imponga y la reforma sea aprobada.
“Anteriormente la ley Orgánica del PJF no la emitía el Congreso, sino el propio Poder Judicial a través de acuerdos generales porque se tenía entendido que el poder judicial era autónomo, de igual modo en su momento la organización y estructura orgánica del Congreso se daba en reglamentos parlamentarios”, recordó Mejía.
“Posteriormente vino una modificación en la Constitución y se estableció que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se emita por el Poder Legislativo lo cual ya de por sí es una intrusión en la autonomía del poder judicial”.
El abogado explicó que la autonomía de un poder se resuelve dentro del mismo poder y en el caso de la eliminación de los fideicomisos, al tratarse de un tema que afecta la autonomía del PJF, debe ser resuelto al interior del mismo.
“No es que seas juez y parte, es que los jueces resuelven conforme a la Constitución y hay una invasión de un poder frente a otro y eso es lo que los jueces estarían resolviendo de cierta manera; aquí no hay partes porque en principio no hay conflicto, lo que hay, es una intrusión de un poder en otro”, precisó.
“No es que el Poder Judicial esté en contra del Legislativo o del Ejecutivo, el Poder Judicial tiene el deber de cuidar su propia autonomía frente a ambos poderes máxime cuando el Poder Legislativo está subordinado y básicamente todas las leyes emitidas en este sexenio han salido por orden y sin modificación de una sola coma del Poder Ejecutivo”.
Consideró que la Corte y los juzgadores federales están ante una defensa histórica de su autonomía e independencia.
“Los ministros tienen una dualidad específica cuando ejercen, para eso están entrenados, para separarse de sus apreciaciones personales, por eso se ponen una toga, por eso en algunos países hasta se ponen una peluca, porque al momento del ejercicio de su función se despersonalizan para poder resolver conforme a la ley y las normas, ese es su entrenamiento de base.
“Pueden perfectamente resolver conflictos que les atañen con objetividad y aplicando las normas constitucionales”, apuntó.
En la minuta aprobada el pasado 18 de octubre por la Cámara de Diputados, la bancada de Morena agregó un párrafo que establece que todos los recursos de los 13 fideicomisos que se eliminen, cerca de 115 mil millones de pesos, sean transferidos a la Tesorería de la Federación.
Esto, pese a que la Ley Federal Hacendaria establece que para el caso de eliminación de alguno de los fideicomisos del Poder Judicial los recursos deberán reintegrarse a la tesorería de dicho poder y de que ese dinero no proviene de recursos públicos.
Mejía advirtió que pese a la disposición específica de qué debe ocurrir con el dinero, la reforma que pretende avalar el Poder Legislativo implica un riesgo de que esos recursos desaparezcan en la opacidad como ocurrió con los recursos de los 119 fideicomisos eliminados por el gobierno federal al inicio del sexenio.
“Hicieron un daño tremendo regresando todo ese dinero (de los fideicomisos) al gasto fiscal, lo que van hacer ahora es realmente lastimar a un poder que tenía una autonomía amplia gracias a esos fideicomisos para tener que negociar absolutamente todas las prestaciones laborales y condiciones del gasto fiscal cada año a través del presupuesto, lo que hace es poner de rodillas a un poder frente a otro”, enfatizó.
“Desde la reforma de 1994 se empezó a apoyar la función judicial, cambiaron las condiciones salariales y las prestaciones porque los funcionarios judiciales deberían estar blindados frente a la corrupción, pues si les quitan todo esto van a estar todavía más expuestos a la corrupción como ha ocurrido con el resto de la burocracia”.
Recordó que desde la eliminación de los 119 fideicomisos el gobierno federal no ha presentado pruebas de los actos de corrupción con los que supuestamente eran manejados esos recursos.
“Si el dinero del Poder Judicial se envía a la Tesofe desaparecerá como pasó con el dinero de los 119 fideicomisos, pues aunque exista disposición contraria y se elimine esa medida de la reforma (en caso de ser aprobada), el Poder Judicial tendrá que regresar el dinero a la Tesofe porque no se pueden quedar con él al no tener una función; es decir, al no tener cómo gastarlo, de una u otra manera el gobierno se los va a tener que quedar claramente”, agregó.
Rumbo a la marcha
Desde el pasado 16 de octubre los trabajadores sindicalizados del PJF han mantenido un paro parcial en las oficinas como rechazo a la eliminación de sus fideicomisos, pues la medida no sólo afectará de inmediato a los titulares de los órganos jurisdiccionales (mil 712 jueces y magistrados federales) sino que eventualmente, los integrantes de la carrera judicial también serán afectados.
En medio de las protestas, vistas por primera vez en la historia del PJF, ha destacado la ausencia de jueces y magistrados quienes buscan con esto evitar incurrir en prevaricato y algunos de ellos han preferido concentrar sus esfuerzos en acudir a dialogar con las distintas fracciones parlamentarias en el Senado y la Cámara de Diputados.
El despacho Asesores de Reingeniería Constitucional, propiedad del ministro en retiro José Ramón Cossío, fue el que tramitó el amparo para proteger a los trabajadores del PJF que se manifestarán este domingo en las calles de la Ciudad de México.
Mejía explicó que en el marco de esta protesta ha habido mucha desinformación sobre la labor de los juzgados y tribunales federales.
“Han hablado con una mala leche y generado una desinformación brutal estigmatizando, descalificando, degradando la función de los individuos que componen el Poder Judicial calificándolos de pilmamas de los titulares, lo cual es muy doloroso porque cada uno de ellos, en particular aquellos que están en alguna posición de la carrera judicial, tienen su propia autonomía e independencia y cumplen funciones específicas”, comentó.
“Ahora, los fideicomisos no vienen de excedentes presupuestales sino de acuerdos específicos que se tomaron históricamente para el ejercicio de una función particular por aportaciones de los mismos trabajadores e integrantes del Poder Judicial o por la generación de recursos propios”.
Mejía fue secretario de estudio y cuenta en la ponencia del ministro en retiro José Ramón Cossío, con quien actualmente continúa colaborando en el despacho que logró que un juez federal concediera una suspensión en la que prohibió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitir discursos de odio contra los integrantes del PJF que se mantienen en paro contra la eliminación de 13 de sus 14 fideicomisos.
El PJF en su mayoría se integra de abogados, maestros o doctores en Derecho que aspiran algún día llegar a ocupar plazas de juez o magistrado.
Para ello, inician la llamada carrera judicial que es el sistema de escalafón con el cual los trabajadores desempeñan diferentes funciones dentro de los juzgados o tribunales en los que trabajan, se especializan en alguna materia y realizan exámenes para llegar a ser titulares de algún órgano jurisdiccional.
De acuerdo con la Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal, al corte de julio de este año, en total el PJF se integra por 49 mil 940 trabajadores de los cuales 38 mil 542 pertenecen a la carrera judicial.
Del total de trabajadores del PJF, 34 mil son sindicalizados, es decir, que entre ellos hay una gran mayoría que pertenecen a la carrera judicial y eventualmente serán afectados por la eliminación de los fideicomisos.
“Los magistrados de circuito y los jueces de Distrito de todo el país son quienes llevan la gran carga de trabajo del Poder Judicial pues son quienes llevan la carga de legalidad, de revisión de sentencias y son a ellos a quienes el presidente está denostando, realmente con los fideicomisos no está atacando a la cúpula o a los ministros, pues para ello se requiere una reforma para destituirlos”, continuó Mejía.
“Los titulares no se están presentando a las protestas como prevención del prevaricato; es decir, que estén tomando posiciones que después puedan comprometer en la resolución de procedimientos jurisdiccionales relacionados con este conflicto, por eso están siendo cautos, no es que estén mandando a la tropa, sino que eventualmente pueden llegar amparos que ellos tengan que resolver con relación a todo este lío y si ellos se presentan en manifestaciones después no pueden conocer sobre la constitucionalidad o legalidad de los actos relacionados con la reforma”.
Los trabajadores sindicalizados han acudido individualmente y acompañados de algunos de los titulares de los órganos jurisdiccionales a reuniones con senadores y diputados de diferentes grupos parlamentarios para explicar el impacto de la eliminación de los fideicomisos en la autonomía judicial y en sus derechos laborales.
Durante estas reuniones, integrantes de la oposición anunciaron que se unirán a la marcha de este domingo en calidad de ciudadanos.
Mientras los trabajadores están en paro, los juzgados y tribunales federales operan como cuando el PJF está en receso; es decir, en guardias y desahogan asuntos urgentes, como control de detenciones, audiencias de liberación, entre otros.
“Esta institución es respetuosa del derecho de las personas servidoras públicas a manifestarse de forma pacífica. Sin embargo, con la finalidad de preservar el derecho de acceso a la justicia de todas las mexicanas y mexicanos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en concordancia con los diversos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se mantendrá la operatividad de los tribunales de la federación para la atención exclusivamente de los casos urgentes mediante trabajo remoto, con el personal mínimo necesario para ello y con un esquema de guardias que garantice el trámite de dichos asuntos”, dio a conocer el CJF a través de la circular número SGP/02/2023.
Mejía reconoció que aunque el PJF está preparado para hacer frente a situaciones de este tipo, el servicio al público sí se ve afectado.
“Sí se aletarga el servicio público judicial porque no tienes a todos los órganos funcionando de manera normal y seguramente tendrás pérdida de tiempo en cuanto a términos y plazos, pero esto no significa que el Poder Judicial deje de trabajar”, dijo.
“Pase lo que pase el Poder Judicial siempre tiene personas trabajando y resolviendo las condiciones más urgentes dentro de éste”.
