Ejército bajo fuego de EU para imponer paraguas de seguridad
Carlos Ramírez
Las amenazas de todos los precandidatos presidenciales republicanos de invadir México con tropas militares estadounidenses para militarizar al estilo americano la lucha a los cárteles del narco en territorio mexicano tiene una relación directa con las últimas reuniones de alto nivel en seguridad promovidas por el gobierno demócrata de Joseph Biden: no se trata de combatir a los capos del narco que responden a las necesidades de consumo de drogadictos americanos, sino de anular las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas en materia de soberanía e independencia en seguridad nacional.
En este contexto, la respuesta mediática en espacios vinculados de manera abierta a la oposición mexicana sobre la condecoración al general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional 202-2018, durante el 200 aniversario de la fundación del Heroico Colegio Militar se mueve en el mismo escenario: desprestigiar a las Fuerzas Armadas mexicanas, en momentos en que las Fuerzas Armadas estadounidenses están a las puertas de la frontera bilateral.
El general Cienfuegos fue arrestado por el Gobierno de Estados Unidos en octubre de 2020, un año después del culiacanazo de octubre de 2019 cuando las Fuerzas Armadas mexicanas arrestaron por primera vez a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo y encargado de la producción y contrabando de fentanilo de EU, con propósitos de extradición, pero fue liberado de inmediato por la amenaza del Cártel de Sinaloa de estallar camiones bomba a las afueras de una zona militar familiar.
México protestó con severidad por el arresto del militar y le exigió explicaciones específicas a la Casa Blanca, pero la respuesta se le trasladó a un operativo menor de la DEA basado en informes confusos. El general Cienfuegos fue liberado en un acto sin precedentes de la justicia y el poder de Estados Unidos, y más tarde el gobierno mexicano reveló el contenido del expediente en que se basó la DEA para demostrar la fabricación de pruebas y las malas intenciones políticas. En este contexto, la investigación mexicana exoneró de manera legal al exjefe del Ejército.
Es muy cierto que el presidente Biden es a veces una pieza que nadie toma en cuenta en la Casa Blanca, pero un operativo para arrestar a un reciente exjefe del Ejército y exsecretario mexicano de la Defensa Nacional requería de la aprobación del Gobierno estadounidense, sobre todo porque causaría sobresaltos en las relaciones de seguridad entre las dos naciones y el papel central de las Fuerzas Armadas mexicanas en los grupos bilaterales de operación.
La decisión no fue de la DEA, sino de la Casa Blanca y en ese contexto se tienen que analizar las campañas mediáticas en México que reducen el caso del general Cienfuegos a los dichos –que no pruebas– del Gobierno de Estados Unidos, justo en medio de las campañas de candidatos republicanos a la presidencia que están amenazando con invadir México con fuerzas militares para liquidar a los cárteles en México o, como casi tomó la decisión el presidente Donald Trump, lanzar misiles sobre presuntos territorios de narcotraficantes en territorio mexicano.
Las sonoras amenazas republicanas y el silencio intencionado de la Casa Blanca están perfilando a las Fuerzas Armadas mexicanas como el gran obstáculo estadounidense para asumir el control de la seguridad nacional de México bajo los criterios militares de Estados Unidos. Aunque no fue la intención, la condecoración al general Cienfuegos fue un recordatorio de México a la Casa Blanca en el sentido de que el Ejército Mexicano está fuerte y subordinado a la disciplina civil de la Presidencia de la República y que las Fuerzas Armadas serán un dique de contención para las locuras republicanas y silencios demócratas que quieren mandar fuerzas militares americanas a México.
El operativo de la DEA para arrestar al general Cienfuegos en Los Angeles fue respondido por México con la difusión del expediente plagado de inconsistencias, rumores e insinuaciones, pero sobre todo con la reforma a la Ley mexicana de Seguridad Nacional para obligar a la agencia antinarcóticos de la Casa Blanca –que forma parte de la Comunidad de Inteligencia del Gobierno de EU– a registrar agentes y operaciones para impedir el abuso de poder de los oficiales antinarcóticos americanos operando con impunidad en México, corrompiendo a mexicanos y desdeñando a las autoridades locales.
La autonomía soberana de México en materia de seguridad y políticas contra el narcotráfico está bajo fuego de la Casa Blanca.
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