Gobierno privilegia persecución y no la ayuda a migrantes
Luis Carlos Rodríguez
A pesar de que el gobierno federal tiene programado para 2024 18 mil 948 millones de pesos para atender el tema migratorio, poco más de 90% de esos recursos están etiquetados para labores de aseguramiento, contención y deportación y no de ayuda humanitaria o de asistencia.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, que se prevé se apruebe por la mayoría oficialista sin cambios, considera apenas un gasto de 51 millones de pesos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a pesar de la crisis migratoria y la demanda creciente de solicitudes de asilo, que este año podrían llegar a las 150 mil.
En tanto, 17 mil millones son asignados al gasto de más de 31 mil elementos de la Guardia Nacional dedicados a la vigilancia de la frontera sur y norte y mil 897 millones de presupuesto para el Instituto Nacional de Migración (INM).
Así, los mayores recursos para el tema migratorio se destinan vía la Guardia Nacional (GN), que contará con 70 mil 767 millones 434 mil 577 pesos de presupuesto global, que representan casi 70% del presupuesto 2024 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Hasta junio de este año, 31 mil 730 elementos de la Guardia Nacional, del total de 128 mil, están movilizados para labores de contención migratoria en las fronteras norte y sur, de acuerdo con su comandante, David Córdova Campos.
Es decir, casi la cuarta parte, 23%, de esa fuerza policial-militar está destinada a la detección, con lo que los recursos que el gobierno federal destinaría a la que se ha calificado por organismos de derechos humanos y activistas como la “Border Patrol Mexicana” serían de alrededor de 17 mil millones de pesos.
Ello, sin considerar a los elementos de las secretarías de Marina y Defensa, con personal y vehículos militares destinados a los ya permanentes operativos, retenes y redadas en la frontera norte y sur, así como en prácticamente toda la ruta migratoria para detener la oleada de centroamericanos, sudamericanos, caribeños y de otros países lo mismo en carreteras, estaciones de autobuses y en los cruces fronterizos.
En el proyecto de PEF 2024, que se discutirá en la Cámara de Diputados, se contemplan 51 millones 201 mil 931 pesos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es decir, un alza de 2 millones 862 mil 874 pesos, que equivalen a 5.5% más respecto a 2023, cuando se autorizaron 48 millones 339 mil 057 pesos.
Ello pese a la crisis de solicitudes de asilo y refugio que este año, de acuerdo con las autoridades de la Comar, podrían exceder las 150 mil, lo que rebasa a esa dependencia de la Secretaría de Gobernación en donde los migrantes tienen que esperar hasta 10 meses para ser atendidos y eso los obliga a cruzar el país sin documentos, expuestos a deportaciones y al crimen organizado al tener que transitar por rutas alternas, ferrocarriles y contratar como guías a coyotes.
Respecto al INM, en el presupuesto 2024 se establece un aumento de 128 millones 568 mil 908 pesos respecto a 2023, para quedar mil 897 millones 727 mil 910 pesos.
Sin embargo, activistas y expertos en el tema migratorio consultados por EL UNIVERSAL exponen que la mayor parte de los recursos que el gobierno federal asigna al INM no se destina a labores humanitarias, ni al mejoramiento de las estaciones de detención, alimentos de calidad, sino a operaciones de deportación.
En el primer semestre de 2023 se gastaron en labores de deportación, como es la renta de autobuses y operativos para el traslado de los extranjeros a sus países de origen o la frontera sur, alrededor de 252 millones de pesos.
Eunice Rendón, de Agenda Migrante, dice que los presupuestos destinados a atender a este sector no han sido suficientes porque se han limitado mucho y no hay paridad para atender la crisis que se vive en ambas fronteras.
“La Comar está rebasada actualmente con escasos 40 millones de pesos anuales que no sirven de mucho para atender las más de 100 mil solicitudes de refugio que cada uno de los últimos cuatro años se tiene y que en lo que va de este 2023 ya van 90 solicitudes, por lo que se romperán récords en materia de flujos migratorios”, apunta.
Indica que hay migrantes que tardan hasta 10 meses en ser atendidos por la Comar, faltan oficinas y en contraparte están destinados más de 34 mil elementos de la Guardia Nacional a labores de contención de extranjeros en las fronteras.
Por su parte, Jerónimo del Río, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, considera que de México la política migratoria y por ende los presupuestos destinados para su atención están enfocados a su persecución y detención en las estaciones del INM con fines de deportación, se les trata como criminales y no como personas que vienen huyendo de la violencia, de situaciones extremas, negándose la calidad de refugiados.
“La Comar es la institución, a pesar de la crisis humanitaria de los migrantes, que recibe la menor rebanada del presupuesto federal, frente a los altos recursos del INM y de otras instituciones de formación castrense, como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, que están siendo utilizadas en este sexenio en tareas de control migratorio”.
