INE prohíbe a Servidores de la Nación estar en las casillas en elección del 2024
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este miércoles un acuerdo mediante el cual establece los lineamientos en los que se prohíbe la participación en los procesos electorales del 2024 de los llamados Servidores de la Nación o de cualquier funcionario relacionado con los programas sociales del Gobierno Federal.
El órgano autónomo en sus lineamientos establece varios candados con el objetivo de evitar alguna posible injerencia en favor de algún candidato, por lo que los cerca de 20,000 servidores de la nación que dependen de la Secretaría del Bienestar, estarán impedidos a ser funcionarios de casilla, tampoco podrán ser capacitadores electorales, ni representantes de partido ni observadores electorales.
Otras prohibiciones que se establecieron son recoger o retener la credencial para votar de los ciudadanos; tampoco podrán emitir expresiones que impliquen la promoción de precandidatos, candidatos, partido político o coalición.
El acuerdo establecido por el Instituto Nacional Electoral refiere que estos funcionarios públicos no podrán condicionar a ninguna persona, la entrega de recursos o la provisión de servicios o programas públicos a cambio de cualquier acción que comprometa o afecte la libertad de su voto, como la promesa o demostración de su sufragio.
El acuerdo aprobado este miércoles deriva en acatamiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para evitar alguna posible injerencia por parte de personas de las brigadas sociales morenistas, toda vez que al dedicarse al empadronamiento y entrega de programas sociales, podrían intervenir e influir como funcionarios de mesa directivas de casilla, capacitadores o supervisores electorales.
En caso de que algún servidor de la nación incurra en alguna de esta faltas “se remitirá la resolución con la determinación correspondiente al superior jerárquico de la persona funcionaria pública para efecto de que sancione dicha infracción en términos de la legislación de responsabilidades de las personas servidoras públicas aplicable”, subraya el documento aprobado por el órgano garante.
