Programas sociales, la herencia problemática de AMLO
Juan CarJuan Carlos Cruz Vargaslos Cruz Vargas
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejará a su sucesor finanzas públicas con poco margen de maniobra ante el elevado gasto en los programas sociales, los cuales no terminaron por solucionar de forma estructural la elevada pobreza.
Aunque entre 2018 y 2022 el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%, lo que representó un cambio de 51.9 a 46.8 millones de personas en situación de pobreza a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aproximadamente 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una carencia social y tenían un ingreso mensual insuficiente para adquirir una canasta alimentaria conformada por productos alimentarios y no alimentarios para cubrir sus necesidades.
En gran medida, los números de la pobreza se redujeron gracias a los programas sociales impulsados por el actual gobierno, sin embargo, las finanzas públicas del país tienen menos margen de maniobra ante menores ingresos y una mayor cantidad de gastos ineludibles.
De acuerdo con la directora general de México Evalúa, Mariana Campos, los ingresos públicos han crecido poco en lo que va del sexenio: apenas 5.5% de 2018 a 2022, mientras que en el sexenio de Vicente Fox crecieron 46%, en el de Felipe Calderón 20% y en el de Enrique Peña Nieto 15%.
“A pesar de que en los últimos cinco años la decisión recalcitrante ha sido no emprender una reforma fiscal, y del hecho de que las pensiones contributivas del IMSS vienen ejerciendo una gran presión desde hace tiempo, se incrementó el gasto en pensiones asistenciales, como la de Adultos Mayores, por ejemplo, en 444%, de 2018 a 2022, sin nuevas fuentes de financiamiento”, señaló la especialista en un artículo titulado “El nudo de la visión cortoplacista”.
Para ponerlo de manera simple, señaló Campos, en lo que va del sexenio, el gasto total en pensiones se incrementó en 433 mil millones de pesos, pero los ingresos totales sólo aumentaron 345 mil millones.
En 2022 el gasto en desarrollo social representó 12.1% del Producto Interno Bruto (PIB); asimismo, del total del gasto programable en desarrollo social, destacan las erogaciones en protección social que desde 2018 ha representado más de 20.0%, llegando en 2022 a 26.6%.
Del total del gasto en protección social, 33.8% se destinó al pago de pensiones y jubilaciones a cargo del gobierno federal, es decir las aportaciones que realiza para el pago de las pensiones y jubilaciones para trabajadores activos, que incluye las nóminas de pensiones y jubilaciones del IMSS, ISSSTE, extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México y de Luz y Fuerza del Centro, así como el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
Por otro lado, 27.2% se asignó a prestaciones económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que engloba las pensiones en curso de pago y otros subsidios y apoyos administrativos.
Además, 10.8% se destinó a pensiones y jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que cubre pagos por concepto de pensiones, jubilaciones, funerales e indemnizaciones globales.
Mientras que el 10.1% del gasto en protección social en 2022 se enfocó en el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
En conjunto, estos rubros, en términos de actividad institucional, representaron alrededor de 82.0% del gasto clasificado en protección social, de acuerdo con el Coneval.
La presión de los programas “estrella”
Si la lupa se enfoca en los programas sociales del actual gobierno, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierte que de 2022 a 2023 el presupuesto propuesto para los programas y proyectos prioritarios del gobierno de López Obrador se incrementó en 33.6%.
Dicho presupuesto asciende a 770 mil 515.9 millones de pesos, equivalente a 9.3% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2023) y 2.5% del PIB.
El programa prioritario con mayor presupuesto es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM), que concentra 4% del gasto neto total, con un presupuesto de 335 mil 499.4 millones de pesos.
Destaca el proyecto del Tren Maya, cuyo presupuesto es el segundo más alto dentro de los programas y proyectos prioritarios y también tiene el segundo mayor incremento respecto de lo aprobado en 2022. A este proyecto se le asignó un presupuesto de 143 mil 073 millones de pesos, lo que equivale a 0.45 puntos del PIB y presentó un incremento anual de 116.6%.
El hecho es que, según el CIEP, los recursos públicos existentes para realizar nueva política pública y proveer de bienes y servicios adicionales a la población dependen del espacio fiscal y de las prioridades del gobierno federal.
Por un lado, los gastos ineludibles concentran la mayor parte del presupuesto 2023. El 78.3% del presupuesto neto total se dirige al pago de aportaciones y participaciones, deuda pública, pensiones, de las Entidades de Control Presupuestario Directo (ECPD), y Empresas Productivas del Estado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que en 2024 los ingresos presupuestarios sean mayores en 66 mil 223 millones de pesos, respecto al monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación 2023.
Dicha cifra se deriva de de mayores ingresos tributarios por 193 mil 940 millones de pesos, en el contexto de los esfuerzos para combatir la evasión y elusión fiscal, mayores ingresos propios de las entidades paraestatales distintas de Pemex por 61 mil 720 millones de pesos y mayores ingresos no tributarios del gobierno federal en siete mil 592 millones de pesos.
La estimación de Hacienda y plasmada en los Precriterios Generales de Política Económica 2024, también considera menores ingresos petroleros en 197 mil 28 millones de pesos por el efecto de menores precios del petróleo crudo y del gas.
Para el siguiente año, se prevé que disminuya el gasto en 233 mil 531 millones de pesos, respecto al monto aprobado en el PEF 2023, lo cual implica una reducción real de 2.7%.
De este modo, se estima que el gasto programable pagado se reduzca en 249 mil 353 millones de pesos respecto a lo aprobado en 2023, hecho que implica una caída de 4.0% en términos reales, esto como resultado del menor gasto en los proyectos prioritarios de infraestructura del actual gobierno.
Por si fuera poco, los fondos de estabilización como el el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) y el Fondo de Estabilización de Ingresos de Entidades Federativas (FEIEF), los cuales permiten al gobierno acumular recursos de distintos ejercicios fiscales y utilizarlos ante caídas en los ingresos estimados, no han sido restituidos.
Ambos fueron utilizados desde 2019 y 2020 y no existen recursos suficientes para hacer frente a una nueva crisis económica, según un reporte del CIEP.
El saldo del FEIEF al primer trimestre del 2023 se ubicó en 22 mil 467 millones de pesos, mientras que en 2019 el saldo inicial era de 88 mil 720 millones de pesos. Recursos que son utilizados para compensar a las entidades federativas ante una menor recaudación en su participaciones; cubrir el costo de contratación o adquisición de coberturas petroleras y otros instrumentos de transferencia de riesgos, que contribuyan a la estabilidad de la recaudación, principalmente.
En el caso del FEIP, los recursos al cierre del 2022 oscilaban en 25 mil 978 millones de pesos, cuando el saldo en el 2019 ascendía a 158 mil 543 millones de pesos.
El FEIP es un fondo de estabilización que tiene como propósito reducir los efectos adversos en las finanzas públicas por disminuciones de los ingresos públicos, ya sea por caídas abruptas en los precios petroleros o por la baja recaudación.
La mayor acumulación de estos recursos fue en el periodo de 2016 a 2018. Sin embargo, desde 2019 y posteriormente ante la crisis económica y sanitaria, sus recursos se utilizaron para solventar la caída en los ingresos públicos de esos años, según un estudio del CIEP.
“Con escasas reservas y con bajas aportaciones, las finanzas públicas se mantienen vulnerables ante posibles eventualidades económicas y fiscales. Aunque en 2022 se acumularon recursos, al ritmo de acumulación actual, tomaría 17 años alcanzar el saldo nominal de 2018, asumiendo que no se presentarían crisis económicas y que sólo percibieran ingresos por excedentes de la LIF, por lo que es necesario revisar el destino de este tipo de ingresos”, advirtió el reporte.
Aunque el gasto en programas sociales ha aumentado en este sexenio, la pobreza sigue siendo un lastre para los mexicanos.
De acuerdo con cifras del Coneval, se estima que hay 48.9 millones de mexicanas y mexicanos que viven en una situación en la que los ingresos laborales de su hogar no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria básica para todos sus integrantes, lo que significa 2.8 millones más que en el primer trimestre del 2020.
No solo eso, el número de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022.
Por si fuera poco, el porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación, respectivamente.
Y la tasa de personas con carencia por acceso a la seguridad social pasó de 53.5% a 50.2% entre 2018 y 2022; lo que equivale en número de personas pasar de 66.2 a 64.7 millones en esta situación, respectivamente, sigue siendo la carencia con mayor incidencia en pobreza.
