La farsa “jurídica” del juez Adán Alberto Salazar
Álvaro Aragón Ayala
Sin ninguna prueba contra el rector de la Universidad Autonóma de Sinaloa Jesús Madueña Molina y el Abogado General universitario Robespierre Lizárraga Otero, el Juez de Control, Adán Alberto Salazar Gastélum, los citó para el próximo lunes a una nueva audiencia “de instrucción”, para ver si ese día las condiciones jurídicas mejoran para la Fiscalía General de Justicia y decide destituirlos y encarcelarlos. Quien los acusa es la Auditoría Superior del Estado por la vía de la Fiscalía.
Hoy viernes 18 de agosto por exigencia de Rubén Rocha Moya que manipula todo el proceso penal, el juez Salazar Gastélum encabezó la anunciada audiencia de imputación de delitos contra el Rector y Jesús Madueña y ofreció claras lecturas de su sumisión al gobernador del Estado al violar él, la propia autoridad judicial, el debido proceso y la presunción de inocencia del Rector y del Abogado General dando sobradas evidencias de su complicidad con la Fiscal General de Justicia, Sara Bruña Quiñonez. Exacto: el juicio se convirtió en una farsa.
En la audiencia de marras, mutada en un burdo Tribunal de la Inquisición, el Juez se enteró, por la presentación de documentación gubernamental, de la suspensión definitiva de un amparo contra la Auditoría Superior del Estado que la inhabilita para auditar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de la cero aportación de recursos propios del Gobierno del Estado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, motivos por los cuales el proceso penal debería de haber sido cancelado de inmediato.
En efecto, el Juez estuvo en la posibilidad legal de nulificar el juicio penal prendido de los hilos de la demanda de la Auditoría Superior del Estado por el supuesto delito de abuso de autoridad por no dejarse auditar los supuestos recursos propios otorgados a la UAS por el gobierno estatal. Las pruebas aportadas por la defensa fueron contundentes: la ASE no puede legalmente, por el amparo federal, interponer querellas contra la UAS y sus autoridades y el gobierno estatal no ha apoyado con recursos propios a la Universidad. No hay nada, pues, que auditar.
Sin embargo, pese a que quedó claro que no hay delitos que perseguir y pese a que afloró, ahí, en plena audiencia, que la Fiscalía General de Justicia del Estado no entregó la carpeta de investigación completa a los acusados, faltando específicamente dos CD’s, necesarios para la debida defensa jurídica de Jesús Madueña y Robespierre Lizárraga, el Juez de Control Adán Alberto Salazar, continuó con su farsa hasta que recurrió al argumento de diferir, de nuevo, la audiencia para el lunes 20, dándole tiempo a la Fiscalía y a la Auditoría Superior a que “engorden” más la fabricación del delito.
Quedó claro, entonces, que en el montaje criminal de la carpeta de investigación con la que se pretende judicializar al Rector y al Abogado General no existe ningún razonamiento lógico ni pruebas plenas para someterlos a juicio, pero la consigna dictada al Juez de Control Adán Augusto Salazar Gastélum es que les quite el cargo y que los encierre. Esa es la orden que no pudo cumplir este viernes, pero que intentará ejecutar el próximo lunes aunque sustente su “sentencia” en ilegalidades. Es la consigna del gobernador.
