Libros de texto escalan la confrontación entre Morena y la oposición

A menos de un mes de que comience el próximo ciclo escolar, los nuevos libros de texto se convirtieron en un asunto que hizo escalar la confrontación que existe entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, en contra de las fuerzas políticas de oposición, el PAN en particular.

El enfrentamiento empezó desde la mañana del jueves, cuando las y los 22 gobernadores de Morena y sus partidos aliados difundieron un desplegado en el que cierran filas con los libros que mandó a imprimir la administración de López Obrador, al tiempo que se lanzan contra los políticos opositores por su rechazo a estos materiales.

“Con pretextos banales y faltos de argumentos convincentes, la oposición se opone a la distribución de los textos para la educación formal porque de fondo saben que un pueblo educado y bien informado no será susceptible de engaños ni podrá ser manipulado, ya no podrán retenerlo eternamente en la ignorancia para ser explotado”, señala el mensaje.

“Las gobernadoras, gobernadores y el jefe de gobierno nos pronunciamos en apoyo a la distribución del libro de texto en todas las primarias del país, por el futuro promisorio de nuestra niñez ¡que nadie se quede sin sus libros!”, concluye.

Políticos de oposición han criticado diversos contenidos de los libros de texto, por ejemplo, que exalten el triunfo de López Obrador en 2018 o lo que ha hecho su administración, algo que consideran propagandístico.

A la par, especialistas en educación señalan deficiencias en áreas como matemáticas o ciencias, así como que los materiales fueron mandados a imprimir sin que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se apegara al proceso marcado en la Ley General de Educación. 

Dicha norma establece que, antes de producirse, los libros deben someterse a consulta de los actores involucrados en el sector educativo —como organizaciones civiles y padres de familia— y que antes de su impresión se deben publicar los planes y programas de estudio, algo que no ha ocurrido.

La SEP también asegura que sí hubo consultas, aunque a la fecha se ha negado a transparentar la información sobre esos encuentros, y su director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, acusa que quienes rechazan los libros son “conservadores” que no quieren “una transformación educativa”.

Chihuahua frena reparto de libros

Horas después de la publicación del desplegado de las y los gobernadores de Morena, la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, anunció que ordenó frenar la distribución de los libros de texto, debido a la orden judicial que existe para que se frene el proceso hasta que la SEP compruebe que actuó conforme a la ley.

Esto se suma a la decisión de otro gobierno estatal bajo control del PAN, el de Guanajuato, donde libros fueron retirados de planteles a los que habían sido llevados.

Cuestionado sobre el tema esta semana, el presidente López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera que los libros no tienen nada de ilegal, que no serán embodegados y que su reparto continuará.

“Cartillas de propaganda”

En este contexto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, publicó por la tarde un video en el que critica la postura de las y los gobernadores de Morena.

Cortés denuncia que el proceso que dio vida a los libros es “completamente ilegal” porque las autoridades no tomaron en cuenta a los padres de familia “e incumplieron el proceso establecido en la ley”.

Además, acusa que los libros son “cartillas de propaganda” que el gobierno y Morena buscan “que las escuelas sean templos de adoración de López Obrador”.

El 28 de agosto debe comenzar el ciclo escolar 2023-2024, que convocará a las aulas a alrededor de 30 millones de estudiantes de educación básica (primaria y secundaria).

La disputa por los libros de texto también se da en el marco de los procesos adelantados para definir candidaturas presidenciales, tanto de Morena como de la oposición.

Morena y sus aliados esperan anunciar su candidatura el 6 de septiembre, luego de un proceso interno y de encuestas que midan a sus contendientes, mientras que el Frente Amplio Opositor —donde participan PAN, PRI y PRD, así como algunas organizaciones civiles— prevé hacerlo unos días antes, el 3 de septiembre.

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